Caso Liceo Naval: este viernes en audiencia se evaluará el rol de adultos y alumnos involucrados

La audiencia de esclarecimiento por la presunta violación sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guise se realizará este viernes 9 de octubre. La diligencia forma parte del proceso que busca determinar la responsabilidad de los involucrados y reunir los elementos necesarios para una eventual sentencia judicial.

Seis adolescentes continúan con internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, por un plazo de cuatro meses. Todos son investigados por la presunta agresión contra el alumno y ya brindaron declaración ante la jueza antes de que se ordenara la medida restrictiva.

Por esa razón, los seis menores no participarán en la sesión programada para este viernes. La audiencia se concentrará en los testimonios de otras personas vinculadas al viaje escolar, entre ellos docentes, especialistas que realizaron evaluaciones y cuatro alumnos que fueron apartados de la investigación y que ahora declararán como testigos.

Profesores, peritos y cuatro alumnos fueron citados para la diligencia

Entre los convocados figura un estudiante que, según la información conocida sobre el caso, habría viajado a Estados Unidos. El menor deberá presentarse ante las autoridades para brindar su versión de los hechos, debido a que estuvo entre los alumnos que integraron la delegación escolar durante el desplazamiento.

También fueron citados los profesores que viajaban en el vehículo junto a los estudiantes. Sus declaraciones son consideradas relevantes para establecer qué ocurrió durante el trayecto, qué situaciones advirtieron y si existió alguna reacción ante los hechos que luego fueron denunciados por la familia del estudiante agraviado.

La diligencia incluirá, además, a los peritos que participaron en las evaluaciones del caso. Sus informes deberán ser examinados dentro de la investigación para precisar los elementos recogidos tras la denuncia y la relación que puedan tener con la imputación contra los seis adolescentes internados preventivamente.

Las declaraciones de los adultos que viajaban en el vehículo escolar

Dos de los tres adultos que se encontraban en la unidad escolar declararon ante las autoridades del colegio. El profesor Víctor Muñoz Guerra señaló que escuchó referencias a papel higiénico, a que retiraran “el palo” y al uso de perfume, aunque afirmó que no preguntó qué sucedía ni profundizó sobre esos comentarios.

Muñoz Guerra fue denunciado por los presuntos delitos de abandono de menores, encubrimiento personal y omisión de denuncia. La acusación apunta a determinar si, a partir de lo que habría escuchado durante el trayecto, tuvo elementos suficientes para advertir una situación que requería una intervención inmediata o una comunicación a las autoridades.

El entorno en el que habrían ocurrido los hechos también forma parte de las indagaciones. La unidad escolar era de dimensiones reducidas y los tres adultos viajaban en la zona delantera, mientras los alumnos permanecían a pocos metros, en los asientos posteriores. Esa distribución deberá ser evaluada junto con los testimonios de quienes estaban presentes.

El entrenador afirmó que no detectó una situación irregular durante el viaje

El entrenador Rafael Ludeña Valdivia también declaró sobre el episodio. Según su testimonio, escuchó pedidos de papel higiénico para limpiar un asiento que estaba manchado y percibió que algunos estudiantes habían usado desodorante. El docente indicó que, en ese momento, no advirtió una situación que le pareciera fuera de lo habitual.

La subdirectora del Liceo Naval Almirante Guise, Jessica Ortega, presentó la denuncia contra ambos adultos. El expediente comprende las actuaciones de los profesores que viajaban con los menores y busca establecer si hubo omisiones posteriores a la presunta agresión. El chofer Juana Pasa no había sido incluido en ese procedimiento hasta ese momento.

Las autoridades también abrieron una investigación contra la exdirectora del colegio, Carito Ayala, por los presuntos delitos de encubrimiento y omisión de funciones. Una fiscalía de San Borja inició diligencias por 60 días y analiza una posible responsabilidad adicional por abandono de menores, de acuerdo con el desarrollo de las actuaciones.

La preservación del vehículo y del objeto mencionado es otro punto de la investigación

La investigación sobre los adultos abarca presunto encubrimiento de abuso sexual, omisión de funciones y abandono de menor. Jorge Petrozi, quien ejerció la defensa legal del estudiante agraviado durante la primera etapa del proceso, sostuvo que la falta de una intervención inmediata habría impedido que los adultos fueran detenidos en situación de flagrancia.

Otro aspecto pendiente es el resguardo de las pruebas materiales. El vehículo escolar y el objeto que habría sido usado durante el hecho debían permanecer preservados para permitir las pericias correspondientes. Hasta ahora, persisten interrogantes sobre las condiciones en las que se mantuvieron esos elementos antes de que fueran examinados.

La preocupación se centra en la posibilidad de que el automóvil haya sido lavado, trasladado o alterado antes de una evaluación técnica. Cualquier modificación en el lugar donde se habría producido la agresión podría dificultar la obtención de rastros u otros elementos que permitan reconstruir la secuencia de los hechos.

La audiencia deberá precisar la situación procesal de los menores involucrados

La sesión de este viernes también deberá ayudar a esclarecer la condición de los alumnos que estuvieron vinculados al caso. Seis adolescentes recibieron la medida de internamiento preventivo, mientras cuatro menores fueron separados de la investigación y fueron convocados como testigos. Sus declaraciones serán valoradas para delimitar el grado de participación que se atribuye a cada uno.

La diferencia en el tratamiento procesal de los estudiantes es uno de los puntos que deberá ser precisado durante el avance de la investigación. Los testimonios de los cuatro menores apartados del expediente podrían aportar datos sobre lo sucedido dentro del vehículo escolar, las reacciones de los adultos y los momentos posteriores al presunto ataque.

Petrozi renunció a la representación legal del alumno por desacuerdos con sus patrocinados. Antes de dejar el caso, afirmó que en 15 días se logró organizar el cauce legal para impulsar las acciones vinculadas con la investigación de los adolescentes, las posibles responsabilidades de los adultos y la actuación de las autoridades del colegio.

La audiencia de esclarecimiento marcará una etapa relevante para definir qué testimonios y pericias serán incorporados al proceso. Las decisiones que se adopten tras la diligencia permitirán avanzar en la determinación de responsabilidades por la presunta agresión y por las eventuales omisiones que se investigan alrededor del caso.