Petroperú: algo no cuadra con los USD 25 millones descontados por ProInversión antes de desmembrar la empresa

Los USD 25 millones que la agencia ProInversión descontó del primer crédito puente de Petroperú todavía no han sido transparentados financieramente ni se ajustan, en proporción, a las comisiones registradas en emisiones pasadas de la petrolera, aunque bajo condiciones distintas.

La entidad sostuvo que la diferencia entre los USD 500 millones anunciados y los USD 475 millones corresponde a “costos financieros”, pero no ha difundido, hasta el momento, el detalle de los conceptos ni de los beneficiarios de los pagos.

Petroperú, ProInversión y los honorarios de la discordia

Luego de reconocer la participación de Jorge Ramos Felices en reuniones del Directorio liderado por Oliver Stark -quien tuvo que heredar la carga de anteriores directorios-, la agencia del MEF ha quedado bajo mayor escrutinio por su intervención en la reorganización de la empresa.

Su acceso a sesiones donde se revisan flujos de caja, compras de crudo, contratos, financiamiento y activos ha abierto un frente de cuestionamientos sobre el alcance de su participación y las reglas de confidencialidad aplicables.

A diez meses de la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025, que activó el proceso de reorganización de la petrolera y dio paso al Decreto de Urgencia 003-2026, con un esquema de financiamiento internacional de hasta USD 2.000 millones con aval del Estado, Petroperú sigue sin un balance público sobre el costo integral de la operación.

Tampoco se conoce si los USD 25 millones corresponden solo al primer desembolso o si incluyen gastos de estructuración de toda la línea de crédito, ni si cargos similares se aplicarán en los siguientes tramos.

Las comisiones registradas en las emisiones de 2017 y 2021

En 2017, Petroperú colocó USD 2.000 millones en bonos internacionales, divididos en dos tramos de USD 1.000 millones. El modelo financiero de la empresa registró comisiones por USD 2,5 millones en cada tramo, lo que representó cerca de USD 5 millones sobre el total colocado.

La relación equivale a aproximadamente 0,25% del monto emitido. Uno de los bonos se colocó a 15 años con una tasa de 4,75%, mientras que el segundo tuvo un plazo de 30 años y una tasa de 5,625%.

Cuatro años después, en febrero de 2021, Petroperú reabrió su bono internacional con vencimiento en 2047 por un valor nominal de USD 1.000 millones. El Informe GADF-0239-2021 consignó que la empresa recibió USD 1.153,305 millones tras los descuentos aplicados a la operación.

El mismo documento identificó una comisión de USD 2 millones para los bancos estructuradores. Esa cifra representó alrededor del 0,20% del valor nominal de la reapertura, realizada sin garantía del Gobierno Nacional.

Follow the money, follow the oil

Los antecedentes muestran comisiones menores, en términos porcentuales, a los USD 25 millones descontados en el primer tramo del crédito puente. Esa diferencia representa el 5% de los USD 500 millones anunciados para Petroperú.

Sin embargo, la comparación tiene límites. Las operaciones de 2017 y 2021 fueron emisiones de bonos internacionales de largo plazo, mientras que el financiamiento actual corresponde a un crédito estructurado en un escenario financiero y crediticio distinto.

Por ello, las cifras disponibles -tanto las concentradas en EEFF de la estatal, como en las respuestas concedidas por ProInversión ante medios y el propio Congreso- no permiten sostener que Petroperú haya pagado una comisión de USD 25 millones ni afirmar la existencia de un sobrecosto.

Lo que sí deja pendiente es una explicación específica de ProInversión: cuánto de los USD 25 millones corresponde a estructuración, intereses, garantías, comisiones, honorarios legales u otros cargos, y quiénes recibieron esos pagos.

La cuestión de la Contraloría: ¿Podría revisar contratos, cargos y autorizaciones?

El descuento tampoco permite establecer, por sí solo, el costo integral de la operación financiera. La data disponible no precisa si existieron gastos vinculados con la obtención y estructuración del crédito que hayan sido pagados por una vía distinta y, por tanto, no formen parte del monto deducido antes del desembolso a Petroperú.

Entre los conceptos que requieren transparencia figuran eventuales honorarios de asesores financieros, estructuradores, estudios de abogados nacionales e internacionales, consultoras, agentes, fideicomisos, seguros, garantías, intermediarios u otros servicios relacionados con la operación.

Hasta ahora, no existe información que permita confirmar si esos desembolsos ocurrieron, quién los asumió o bajo qué condiciones fueron contratados. Y la empresa está próxima a ser segmentada.

Al interior de la empresa, se señala que, por la magnitud del financiamiento y el aval del Estado, la Contraloría de la República podría revisar la estructuración de la operación, así como los contratos suscritos y autorizaciones emitidas.

ProInversión acelera la segmentación de activos de Petroperú

En tanto, Ángel Delgado, responsable de la participación de Ramos Felices en el Directorio de Petroperú, avanza con la segmentación de la empresa.

Durante su última participación ante el Congreso, el funcionario informó que ProInversión prepara los planes de promoción de bloques patrimoniales, con los Terminales del Sur entre los primeros activos bajo evaluación, y confirmó la venta de inmuebles no estratégicos mediante cinco subastas por alrededor de USD 45 millones.

Ahí insistió en que los fondos derivados de los USD 2.000 millones no ingresarían a la caja matriz de Petroperú, sino que se administrarían a través de una Sociedad de Propósito Especial y fideicomisos (PETROPERU INVEST).

En esa línea, detalló que USD 218 millones del crédito puente se destinarían a la compra de crudo y derivados, mientras USD 75 millones servirían para atender deuda comercial vencida. Pero las preguntas sobre lo que viene costando el nuevo aval de la empresa todavía siguen abiertas.