Policía imputado por extorsión en Tumbes es enviado a prisión: le hallaron celulares, laptops y un arma artesanal

Un suboficial de la Policía Nacional (PNP), investigado por presunta extorsión agravada, fue enviado este lunes al penal de Puerto Pizarro, en la región de Tumbes, donde cumplirá nueve meses de prisión preventiva.

Se trata de Carlos Zárate Bayona, de 29 años, quien fue detenido el 11 de septiembre durante un operativo de la División de Investigación Criminal (Divincri) de la región fronteriza.

El agente está acusado de extorsionar a un comerciante del rubro de cerrajería, cuya identidad se mantiene en reserva. Según informó Radio Exitosa, durante la intervención las autoridades incautaron teléfonos celulares, computadoras portátiles, un arma de fuego artesanal, prendas de vestir y motocicletas que serán analizadas como parte de la investigación.

El jefe policial de Tumbes, general José Quiróz, señaló que el suboficial estaba suspendido temporalmente del servicio desde el 22 de julio. “Se le intervino por tenencia ilegal de arma de fuego en ese momento. Fue detenido, permaneció detenido y luego salió en libertad”, declaró en una rueda de prensa.

La investigación estuvo a cargo de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la Divincri, que reunió información para solicitar el allanamiento, registro, incautación y detención del policía. La prisión preventiva se extenderá hasta el 11 de junio de 2027.

Quiróz no descartó que otros policías estén involucrados en actividades ilegales. Además, una docente de una institución educativa privada y la madre del suboficial también son investigadas por el mismo delito.

El caso de Tumbes se suma a otras investigaciones recientes que involucran a miembros de la institución y que han puesto bajo cuestionamiento la actuación de agentes señalados por presuntos delitos de extorsión, corrupción y abuso de autoridad en distintas regiones del país.

A comienzos de septiembre, un comandante y tres suboficiales fueron condenados a nueve años y cuatro meses de prisión efectiva por exigir dinero a un ciudadano detenido y amenazarlo con incriminarlo si no realizaba el pago. Además, cada uno recibió cinco años de inhabilitación y los cuatro deberán abonar, de forma solidaria, 18.000 soles de reparación civil al Estado.

En Juliaca, en la región Puno, un alférez recibió nueve meses de prisión preventiva por presuntamente exigir parte de 60.000 dólares a una joven durante un supuesto control de identidad. Otros dos suboficiales investigados en el mismo expediente permanecían en paradero desconocido.

Estos casos fueron citados en una iniciativa legislativa presentada por la diputada Catherin Palomino, del grupo parlamentario Juntos por el Perú, que propone endurecer las penas para los policías que cometan delitos graves valiéndose de su cargo o de recursos públicos.

La propuesta plantea aplicar la cadena perpetua a los agentes que, durante el ejercicio de sus funciones, incumplan sus deberes o se excedan en sus atribuciones para cometer determinados delitos de especial gravedad. Entre ellos figuran el homicidio simple, asesinato, feminicidio, sicariato, lesiones graves, secuestro, extorsión y diversas modalidades agravadas de delitos contra la Administración Pública.

El proyecto también contempla la medida para casos de colusión agravada, peculado agravado, malversación agravada y cohecho transnacional, así como para determinados delitos graves contra el patrimonio o contra la humanidad.

Como sustento de la iniciativa, la exposición de motivos señala que existe un 82,9 % de desconfianza ciudadana hacia la PNP, según los datos consignados en el documento.