El senador Alejandro Muñante, de la bancada Renovación Popular, pidió a los diputados de su partido volver a poner en agenda la iniciativa para que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser procesados como adultos en casos de delitos graves, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarar inconstitucional la norma que permitía ese tratamiento. La iniciativa surge tras el caso del Liceo Naval Almirante Guise, donde seis adolescentes son investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años.
Muñante explicó que envió un oficio a la vocería de su bancada en la Cámara de Diputados para que el proyecto se reintroduzca, esta vez bajo la figura de una reforma constitucional.
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“No podemos esperar a que ocurra otra desgracia para recién reaccionar. Hay que proteger a nuestros niños y adolescentes, sí, pero a aquellos que son víctimas de la violencia y garantizar que los delitos graves tengan una respuesta proporcional. Mi posición no ha cambiado: delito de adulto, pena de adulto”, dijo el senador de Renovación Popular en un video publicado en su cuenta en X.
A raíz del caso de Candy, asesinada en Huancayo, se reabre el debate sobre la delincuencia juvenil en Perú. Este video analiza la Ley 32330, que fue declarada inconstitucional, y la nueva propuesta para establecer penas más duras para menores infractores.
La ley 32330
El proyecto original de Alejandro Muñante fue presentado en 2021 y dio origen a la Ley 32330, publicada en mayo de 2025. La norma modificó el Código Penal para establecer que los adolescentes de 16 y 17 años pasaran a ser sujetos de responsabilidad penal ordinaria en casos de homicidio calificado, sicariato, violación sexual, terrorismo y otros delitos graves.
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Bajo esa disposición, los menores condenados por esos delitos eran recluidos en un penal especial administrado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), separados del sistema regular.
La Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Ayacucho presentaron demandas de inconstitucionalidad contra la norma. En diciembre de 2025, el TC declaró inconstitucionales los extremos de la ley que incorporaban a los menores de edad al sistema penal de adultos.
El máximo intérprete de la Carta Magna sostuvo que la edad mínima de imputabilidad penal en el Perú es de 18 años y que someter a adolescentes a la jurisdicción ordinaria contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y el principio de protección especial reconocido en el artículo 4 de la Constitución.
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El caso Liceo Naval
Seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise son investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años, ocurrida durante un viaje escolar. El Poder Judicial dictó cuatro meses de internamiento preventivo para los adolescentes, que fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.
El abogado de la familia de la víctima, Jorge Petrozzi, solicitó una sanción de ocho años, la máxima prevista dentro del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, y pidió acelerar las diligencias ante el riesgo de que la investigación preparatoria supere el plazo del internamiento preventivo. La defensa de la víctima solicitó además incluir en la pesquisa a los docentes que viajaban en el bus escolar durante el hecho.
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Al tratarse de menores de edad, el caso se tramita bajo el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, tras la decisión del TC de declarar inconstitucional la ley 32330.
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