Adultos que estuvieron en bus del Liceo Naval donde ocurrió agresión sexual a menor podrían afrontar 30 años de prisión

Jorge Petrozzi, abogado del estudiante del Liceo Naval Almirante Guise de San Borja que denunció ser víctima de una agresión sexual, sostuvo que los adultos responsables del traslado y que se encontraban al interior del bus donde se produjo el ataque, podrían afrontar penas de hasta 30 o 31 años de prisión si se prueba que omitieron impedir el delito.

Ante una consulta sobre la responsabilidad de quienes debían custodiar a los alumnos durante el viaje, Petrozzi explicó a Exitosa que “es una omisión criminal y la consecuencia, de acuerdo con nuestro Código Penal, es que reciben la pena del delito cometido por las personas a quienes ellos evitaron custodiar o impedir que realizaran el hecho punible”.

La defensa también señaló que la sanción máxima para los adolescentes investigados podría llegar a ocho años, según la interpretación que el abogado hizo de la norma. Petrozzi adelantó que pedirá a la Fiscalía una investigación rápida y que participará en el proceso bajo la conducción del Ministerio Público.

El abogado afirmó que en el bus viajaban dos docentes y el chofer, pero el Liceo Naval no los identificó públicamente ni los denunció. La familia de la víctima buscará establecer quiénes eran esas personas si las autoridades educativas no entregan esa información.

Acusaciones contra el colegio por falta de protección

Petrozzi sostuvo ante RPP que la agresión no fue un hecho aislado, sino que estuvo precedida por situaciones de acoso escolar que, según su versión, eran conocidas dentro de la institución. “Esto ya venía de antes y el colegio lo sabía. El colegio no ha protegido a este menor”, afirmó.

El abogado añadió que estudiantes y docentes conocían episodios de bullying, acoso y abuso, por lo que la identidad de los presuntos responsables no habría causado sorpresa después de lo ocurrido. Atribuyó a las autoridades del plantel posibles responsabilidades penales, civiles y administrativas.

La nueva dirección del colegio y el Ministerio de Educación deberán definir las medidas que adoptarán tras la intervención estatal en la institución. El ministerio asumió el control mediante un decreto publicado el viernes en una edición extraordinaria de El Peruano.

Petrozzi también cuestionó que ni él ni los representantes legales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables pudieran ingresar a la audiencia en la que se dictó el internamiento de los seis investigados. “La jueza no nos permitió el ingreso, a pesar de que la ley manda que sí debemos estar presentes en todas las audiencias”, declaró.

El defensor indicó que revisará la resolución judicial antes de decidir qué recursos presentará. Señaló que atribuye la decisión de la magistrada a una posible interpretación sobre la protección de los menores de edad y descartó que hubiera actuado de mala fe.

El objeto usado habría sido parte de los implementos de limpieza del bus

Según la información reunida por la defensa, el objeto empleado durante la agresión habría estado dentro del vehículo como parte de sus utensilios de limpieza. Al referirse a ese elemento, Petrozzi manifestó: “Parece que lo que han hecho es han visto el palo de escoba y han dicho: ‘Esta es el arma que vamos a utilizar’”.

El abogado afirmó que los directivos del colegio no se comunicaron con la familia para ofrecer apoyo al estudiante afectado. La única instancia con la institución fue una reunión en la que se firmó un acta que, según Petrozzi, no incluyó medidas concretas de acompañamiento.

Sobre ese encuentro, el defensor expresó: “Lo único que hubo fue una reunión similar a la que citan a un papá para decirle que su hijo se porta mal o que tiene malas notas”. El avance inicial del caso, agregó, comenzó después de que el padre acudió a la comisaría de San Borja para solicitar intervención policial.