Keiko Fujimori llevó esta semana a la Asamblea General de las Naciones Unidas una declaración de guerra contra las organizaciones criminales transnacionales que, según afirmó desde la tribuna de la ONU en Nueva York, han “impuesto el terror” en las poblaciones de América Latina. La presidenta del Perú las llamó por su nombre: terroristas. Y anunció que su gobierno las enfrentará como tales.
“Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son: enemigos del Estado democrático y de los ciudadanos de bien”, dijo Fujimori ante los jefes de Estado y de Gobierno reunidos en el debate de alto nivel. “En el Perú vamos a perseguir el crimen, desde el hombre que ejecuta hasta el entramado que lo sostiene. No vamos a retroceder ante quienes pretenden imponer el terror sobre la ley.”
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Fue la primera vez que Fujimori tomó la palabra en ese foro. Asumió la presidencia hace 57 días —el 28 de julio de 2026— y eligió la Asamblea General para trazar las coordenadas de su política exterior y de seguridad. Su discurso, de tono firme y con referencias históricas al Imperio Inca como metáfora de integración regional, giró en torno a tres ejes: la lucha contra el crimen organizado, la reforma educativa y el fortalecimiento institucional.
La guerra sin fronteras ni uniformes
Fujimori describió el crimen organizado transnacional como una amenaza de naturaleza bélica que los Estados latinoamericanos han enfrentado de manera aislada y, por eso, con resultados insuficientes.
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“En esta guerra no hay frentes de batalla ni fronteras definidas, no tienen reglas internacionales. El enemigo no tiene uniforme, se esconde entre nuestra propia gente”, señaló.
Enumeró los negocios ilegales que sostienen a esas redes —narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata de personas, extorsión y asesinato— y argumentó que tratarlos como un problema de cada país por separado es “una ventaja otorgada a los grupos criminales transnacionales para fortalecerse con enorme poderío bélico y económico”.
La solución que propuso tiene dos dimensiones. En el plano normativo, planteó que la definición explícita de estas organizaciones como grupos terroristas permitirá que las Fuerzas Armadas actúen “decididamente” en apoyo a la Policía Nacional ante la amenaza al orden interno.
La mandataria también advirtió que la represión no alcanza si no va acompañada de oportunidades. “Reprimir a estas organizaciones con toda la fuerza de la ley no es suficiente si es que a la vez no enfrentamos el reto de desarrollar un mejor sistema educativo”, sostuvo.
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Educación como herramienta de prevención
El segundo eje del discurso fue la reforma educativa que, según Fujimori, su gobierno ya inició. La presidenta la presentó no solo como una política de desarrollo sino como un instrumento de prevención del crimen: “Las debilidades y fallas en el aprendizaje escolar son, junto con otros factores, predictores y combustibles de la criminalidad.”
La reforma contempla mejoras en infraestructura, provisión de servicios digitales y entrega de material educativo, además del fortalecimiento de las capacidades docentes. Su pieza central, dijo, será la creación de la Escuela de Formación de Directores, orientada a dotar a los directivos escolares de herramientas de liderazgo y a promover la participación de los padres en la comunidad educativa.
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Fujimori también aprovechó el espacio para criticar lo que llamó “la incorporación de una agenda ideológica y cultural ajena a nuestra realidad”, que a su juicio generó “una confusión y un desorden de tal magnitud que hoy en día los profesores en los colegios no pueden imponer el orden y la disciplina bajo la amenaza de ser denunciados”. Anunció que su gobierno convertirá las aulas en “lugares seguros donde los niños vayan a aprender y los profesores a enseñar sin miedo”.
Institucionalidad, soberanía y un reclamo a la comunidad internacional
El tercer bloque del discurso fue el más político. Keiko Fujimori enumeró los valores que, dijo, guían a su gobierno —libertad individual, familia, tradiciones, igualdad ante la ley, dignidad humana y debido proceso— y los contrastó con lo que presentó como una falla recurrente de la comunidad internacional: aplicar los principios de derechos humanos de manera selectiva o ideológicamente sesgada.
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“La defensa de los derechos humanos no debe terminar convirtiendo a las víctimas en procesados y a los victimarios en protegidos”, afirmó. Y añadió: “Los derechos del ciudadano de bien terminan cuando empieza la impunidad del delincuente.”
La mandataria hizo una referencia velada a la situación de militares y policías peruanos juzgados por su actuación durante la lucha contra el terrorismo de las décadas pasadas. “Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de treinta y cuatro años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados, a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido”, señaló.
Fujimori reclamó a las Naciones Unidas una actuación “independiente, transparente, que salvaguarde sin cálculo ideológico los derechos humanos de todos, de los campesinos, de los niños, de las mujeres, también de los policías y de los militares que están en primera línea para defender la vida y la libertad”. Y trazó un límite claro al rol de la comunidad internacional: “Acompañar a un país no significa sustituir sus instituciones ni las decisiones que corresponden a sus ciudadanos dentro del orden democrático.”
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El cierre del discurso condensó su visión del multilateralismo: “El mundo no requiere democracias idénticas, requiere democracias legítimas. No demanda naciones uniformes, demanda pueblos verdaderamente libres.”
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