Seis adolescentes del Liceo Naval Almirante Guise permanecerán internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, mientras avanza la investigación por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años. La medida fue dictada por el Tercer Juzgado de Familia de Lima a pedido del Ministerio Público.
La jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo dispuso el traslado de los escolares al centro juvenil y fijó el internamiento preventivo por cuatro meses, periodo que, según precisó el Poder Judicial, corresponde al plazo máximo previsto por ley para esta medida.
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El requerimiento de la Fiscalía alcanzó únicamente a seis de los diez estudiantes que habían sido retenidos inicialmente tras la denuncia. Los otros cuatro continuarán el proceso en libertad, luego de las evaluaciones individuales realizadas durante las diligencias preliminares.
La resolución se conoció después de que venciera el plazo de 48 horas de retención y luego de las primeras diligencias fiscales. Antes de la decisión judicial se recogieron declaraciones de los involucrados, familiares y efectivos policiales, además del reconocimiento médico legal y el testimonio de la víctima mediante Cámara Gesell.
El internamiento preventivo no constituye una condena. Durante este periodo continuarán las pericias y actuaciones destinadas a establecer qué participación habría tenido cada adolescente en los hechos denunciados.
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Fueron trasladados a Maranguita
La resolución estableció expresamente que los investigados sean conducidos de inmediato al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, donde permanecerán durante el plazo fijado por el juzgado. El traslado de los menores se realizó pasadas las once de la noche del último viernes.
El establecimiento forma parte del sistema de centros juveniles destinado a adolescentes en conflicto con la ley penal y está orientado al cumplimiento de medidas socioeducativas y cautelares dispuestas por las autoridades judiciales.
Durante los próximos cuatro meses, la Fiscalía deberá avanzar en las diligencias pendientes y precisar la conducta atribuida a cada uno de los estudiantes investigados.
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En el caso de los otros cuatro adolescentes inicialmente retenidos, la Fiscalía determinó que continuaran afrontando las investigaciones en libertad. Según Jorge Petrozzi, abogado de la familia de la víctima, estos escolares no estarían comprendidos como participantes directos o indirectos en la agresión denunciada.
Poder Judicial ordenó medidas para proteger al estudiante
En paralelo, el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó medidas para resguardar la integridad física y psicológica del adolescente de 16 años y evitar posibles episodios de hostigamiento.
Entre ellas, prohibió que los investigados contacten o realicen acciones contra el agraviado mediante espacios privados o plataformas como WhatsApp y Facebook. También dispuso terapias psicológicas obligatorias para los involucrados.
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La resolución ordenó además que la comisaría del sector efectúe patrullaje periódico semanal en el domicilio del estudiante, como parte de las medidas de protección adoptadas mientras continúa el proceso.
La familia había denunciado que el adolescente sufría desde antes maltratos, bromas e insultos de carácter racial por parte de compañeros. Esos antecedentes han ampliado las preguntas sobre qué conocía el colegio acerca de la situación del estudiante y cómo respondió ante episodios previos de hostigamiento.
Tras conocerse la denuncia, la Marina de Guerra separó preventivamente de sus funciones a la directora del plantel, a un docente y al entrenador de fútbol, mientras otras instituciones iniciaron actuaciones para revisar el cumplimiento de los protocolos escolares.
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No es el primer caso grave que involucra al colegio
Los hechos denunciados también hicieron reaparecer antecedentes de violencia vinculados al Liceo Naval Almirante Guise.
Se conoció sobre un episodio ocurrido durante un viaje de promoción a Punta Cana, cuando una estudiante denunció haber sido víctima de violación sexual. El hecho llegó a los tribunales y uno de los involucrados recibió ocho meses de internamiento en un centro juvenil, según la información conocida sobre aquel expediente.
El caso actual vuelve además a poner el foco sobre una problemática que supera a una sola institución. Entre enero y agosto de 2026, el sistema SíseVe registró más de 11 mil reportes de violencia física, psicológica y sexual contra estudiantes en el país.
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Con el traslado de los seis adolescentes a Maranguita comienza ahora una nueva etapa del proceso. Las autoridades deberán establecer qué participación tuvo cada uno en los hechos denunciados el 15 de septiembre y si existieron otras responsabilidades antes, durante o después de la agresión reportada dentro del bus escolar.
Internamiento no es condena
El internamiento preventivo que el Tercer Juzgado de Familia de Lima ordenó para los seis adolescentes investigados por la presunta agresión sexual en el Liceo Naval Almirante Guise no es una condena: es una medida cautelar excepcional que el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes reserva para casos en los que existe riesgo de que el investigado eluda la justicia u obstaculice las diligencias.
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El penalista Javier López Romaní, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, lo precisó: “El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes contempla medidas cautelares como la internación preventiva, de uso excepcional, para asegurar los fines de la investigación”. Para que el juez la autorizara, el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández debió acreditar que existen fundados y graves elementos de convicción contra los investigados y que la infracción que se les atribuye admite internación como sanción.
Durante los 120 días en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima —Maranguita—, la investigación no se detiene. Continuarán las diligencias, pericias y declaraciones necesarias para determinar qué ocurrió el 15 de septiembre dentro del bus que trasladaba al equipo de futsal desde Surco hacia San Borja. Solo al término del proceso el juez resolverá si existe responsabilidad penal. De haberla, recién entonces podría imponerse una medida socioeducativa de internación —figura distinta de la preventiva— que, según advirtió la abogada María Elena Portocarrero a Infobae Perú, puede llegar hasta seis años y no tiene por qué ser igual para todos los implicados.
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Mientras tanto, los seis adolescentes de quinto de secundaria pasarán cuatro meses lejos de sus familias y del Liceo Naval, en un establecimiento cuyo objetivo declarado no es el castigo sino el diagnóstico y la intervención: dentro de Maranguita podrán continuar sus estudios a través de los Centros de Educación Básica Alternativa y serán evaluados por un equipo técnico interdisciplinario. La medida puede ser modificada por el juez si las circunstancias cambian; el Código exige que se aplique por el período mínimo necesario.
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