¿Quién es la nueva presidenta de Indecopi y por qué se dice que tiene vínculos con Vladimiro Montesinos?

Milagros Maraví Sumar asumió la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) en medio de cuestionamientos por su actuación como integrante de la defensa estatal durante el gobierno de Alberto Fujimori. Su nombramiento volvió a colocar bajo escrutinio la presencia de exfuncionarios vinculados a ese período en instituciones públicas.

La abogada fue designada como representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ante el Consejo Directivo de Indecopi y, a la vez, como presidenta de ese organismo. El cargo había quedado vacante tras la salida de Juan Carlos del Prado. La institución tiene entre sus competencias la protección al consumidor, la defensa de la libre competencia, la propiedad intelectual y la supervisión de barreras burocráticas.

La controversia se centra en los antecedentes de Maraví durante la década de 1990, cuando participó en una comisión especial de alto nivel creada por Fujimori para responder ante instancias internacionales por denuncias de violaciones de derechos humanos. Por esa labor, recibió pagos que, de acuerdo con información expuesta sobre el caso, ascendieron a alrededor de USD 270.000.

La comisión representó al Estado ante el sistema interamericano

La comisión fue creada en 1999, en una etapa en la que el régimen enfrentaba procesos ante el sistema interamericano de derechos humanos por denuncias contra integrantes de las Fuerzas Armadas, el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y otras estructuras del Estado. Maraví integró ese grupo junto a otros funcionarios encargados de la estrategia de defensa peruana.

Entre los expedientes abordados figuraban los casos de Baruch Ivcher, Leonor La Rosa y Gustavo Chacón Chesti. Ivcher, entonces propietario de Frecuencia Latina, perdió la nacionalidad peruana durante el conflicto por el control del canal. La medida ocurrió luego de que el programa Contrapunto difundiera investigaciones sobre Vladimiro Montesinos y actividades del aparato de inteligencia.

Caso Leonor La Rosa

El caso de Leonor La Rosa tenía como eje la denuncia de tortura formulada por la exagente de inteligencia. La Rosa señaló a militares y funcionarios del sistema de inteligencia por las agresiones que aseguró haber sufrido. En marzo de 2000, Ricardo Anderson Kojatsu y Enrique Oliveros fueron preparados para declarar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por acusaciones vinculadas a interceptaciones telefónicas.

Kojatsu había sido mencionado por La Rosa como uno de los presuntos responsables de las torturas. Oliveros, por su parte, era jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. La participación de Maraví en la preparación de ambos militares fue uno de los aspectos revisados años más tarde por una comisión investigadora del Congreso peruano.

Durante una declaración ante ese grupo parlamentario, en 2002, Maraví confirmó que acudió dos veces a la sede del SIN para reunirse con Montesinos. Indicó que asistió por encargo de Fujimori y que los encuentros duraron cerca de 15 minutos. Según su versión, en esas citas recibían indicaciones sobre asuntos vinculados a los procesos internacionales que afrontaba el Estado.

Las reuniones con Montesinos y el caso Chesti volvieron al debate

Una de las reuniones en el SIN estuvo relacionada con el caso de Gustavo Chacón Chesti, según la declaración atribuida a Maraví ante el Congreso. Chacón era corredor de seguros de aeronaves y estaba relacionado con operaciones que involucraban a las Fuerzas Armadas. La acusación expuesta sobre ese episodio sostiene que Fujimori ordenó a Montesinos vincularlo a un proceso y enviarlo a una prisión militar, pese a que era civil.

La declaración de Maraví fue mencionada nuevamente durante la campaña electoral de 2011. De acuerdo con la versión difundida entonces, una grabación de su testimonio desapareció de la sala Manco Cápac del Parlamento antes de que fuera emitida. El material habría sido retirado después de que un funcionario ingresara al recinto donde se encontraba archivado.

A esos antecedentes se sumó su situación en el denominado caso Cócteles, investigación en la que la Fiscalía sostuvo que Maraví habría prestado su nombre para registrar aportes a la campaña de Fuerza Popular de 2011. El proceso no avanzó por deficiencias atribuidas a la actuación fiscal, luego de que la acusación inicial fuera objeto de modificaciones.

Ministerio Público y Milagros Maraví

El Ministerio Público llegó a solicitar una pena de 22 años y ocho meses de prisión para Maraví, aunque posteriormente modificó su planteamiento. La ahora presidenta de Indecopi declaró que recibió de su esposo, Augusto Bedoya Cámere, un cheque en diciembre de 2010 y que lo depositó en su cuenta bancaria.

Bedoya Cámere fue ministro de Transportes durante el gobierno de Fujimori. También fue investigado por su presunta participación en el financiamiento del viaje del exmandatario desde Tokio hasta Santiago de Chile en 2005. Esa pesquisa incluyó a otros dirigentes vinculados al entorno político del fujimorismo.

Indecopi informó que Maraví no concedería una entrevista porque mantenía reuniones con áreas de la institución para consolidar una agenda técnica prioritaria. La entidad no brindó mayores detalles sobre la posición de su nueva titular frente a los cuestionamientos por su trayectoria. Su designación coincidió con el regreso de otros exintegrantes del fujimorismo a espacios de consulta y poder estatal.