Sin sus padres y cubiertos con colchas: así fue la primera noche de los seis adolescentes del Liceo Naval en Maranguita

El Tercer Juzgado de Familia de Lima dictó cuatro meses de internamiento preventivo —el plazo máximo que permite la ley— contra los seis menores investigados por la presunta violación sexual de un compañero de 16 años. El traslado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación (Maranguita) fue tan veloz que, entre el anuncio judicial y el ingreso al centro, apenas transcurrieron diez minutos.

Pasadas las 11 de la noche del viernes, la jueza Roxana Isabel Palacios Yactayo, del Tercer Juzgado de Familia del Poder Judicial, formalizó la medida que el Ministerio Público había requerido horas antes, cuando venció el plazo de retención en flagrancia de los adolescentes. La resolución fue anunciada también a través de las redes sociales del Poder Judicial y ordenó que los seis menores fueran conducidos de inmediato al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita.

El traslado no se hizo esperar. A las 11 y 15 aproximadamente se conoció la decisión; a las 11 y 25, los adolescentes ya cruzaban la puerta del centro juvenil. Llegaron en una minivan, custodiados por trabajadores del Poder Judicial y tres agentes policiales. Todos ingresaron cubiertos con colchas y prendas de vestir para proteger su identidad, dado que aún son menores de edad. El ingreso fue rápido, sin declaraciones y sin demoras.

Sin padres en la puerta

Uno de los elementos que más llamó la atención de los periodistas que cubrieron el operativo fue la ausencia de los familiares. A diferencia de lo ocurrido durante los tres días previos de diligencias —en los que los padres acompañaron de cerca el proceso—, ningún familiar se apersonó al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima al momento del ingreso ni en las horas posteriores. Hasta el momento, los progenitores de los seis internados no se habían presentado en Maranguita.

Los adolescentes completaron así su primera noche —y sus primeras ocho horas— dentro del centro de rehabilitación, donde permanecerán durante los próximos cuatro meses mientras la Fiscalía avanza en las diligencias y determina la participación concreta de cada uno en los hechos denunciados.

Cuatro en libertad, seis internados

El caso involucró inicialmente a diez estudiantes de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, retenidos tras la denuncia de un compañero de 16 años que afirmó haber sido víctima de una agresión sexual ocurrida el martes 15 de septiembre en el interior de un bus escolar, cuando el grupo regresaba de un torneo de futsal.

Al vencerse el plazo de 48 horas de retención, cuatro de los diez adolescentes fueron liberados. La Fiscalía determinó que no había mérito suficiente para solicitar una medida restrictiva en su contra. Según el abogado Jorge Petrozzi, defensor de la familia de la víctima, estos cuatro escolares no estarían comprendidos como participantes directos ni indirectos en la agresión denunciada. Los seis restantes fueron trasladados al Tercer Juzgado de Familia, donde la jueza Palacios Yactayo aceptó el requerimiento fiscal y dispuso el internamiento preventivo por el plazo máximo que contempla la ley.

Qué puede pasar de aquí en adelante

El internamiento preventivo no es una condena. Durante los próximos cuatro meses, la Fiscalía deberá practicar las pericias pendientes y precisar la conducta atribuida a cada uno de los investigados. Solo al término de ese proceso, y de determinarse responsabilidad, el juzgado podría imponer una medida socioeducativa definitiva.

De acuerdo con el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, de probarse la infracción, la medida socioeducativa de internamiento podría extenderse entre cuatro y ocho años, según precisaron especialistas consultados por medios locales. Se trata de una medida distinta a la pena privativa de libertad que se aplica a los adultos: cuando se habla de menores, el sistema no contempla “delito” sino “infracción a la norma penal”, y la consecuencia no es la cárcel sino el internamiento en un centro juvenil.

Un punto jurídico relevante: si alguno de los adolescentes cumpliera 18 años durante el periodo que permanezca en el centro juvenil, no sería trasladado a un establecimiento penitenciario común. Según el código aplicable, seguiría cumpliendo su proceso socioeducativo en el centro juvenil, dado que el hecho presuntamente fue cometido cuando aún era menor de edad. Todo esto, sin embargo, está supeditado al resultado de las investigaciones en curso.

El caso que conmocionó al país

La denuncia por la presunta agresión sexual dentro del bus escolar del Liceo Naval Almirante Guise sacudió a la opinión pública peruana desde que se hizo pública. El hecho de que los presuntos agresores y la víctima fueran compañeros de la misma institución educativa, y que el episodio se hubiera producido durante el regreso de un torneo deportivo, generó una ola de reacciones en redes sociales y una cobertura ininterrumpida de los medios de comunicación.

El ingreso a Maranguita marca el cierre de la fase de retención e inicia una nueva etapa: la investigación formal, con los seis adolescentes bajo custodia del Estado, que determinará si existió responsabilidad penal y en qué grado participó cada uno de los implicados.