La Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro solicitó cuatro meses de internamiento preventivo para seis estudiantes de quinto de secundaria del Liceo Naval Almirante Guise, investigados por una presunta violación sexual contra un compañero de 16 años. La denuncia se refiere a hechos ocurridos el pasado martes 15 de septiembre en San Borja, dentro de un bus que trasladaba a alumnos de la institución.
El pedido fue presentado por el fiscal provincial Mariano de la Torre Hernández, quien recabó elementos que, según la Fiscalía, vinculan a los adolescentes con una infracción a la ley penal.
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Entre esos elementos figuran las declaraciones de los menores involucrados, de los policías que intervinieron y de los padres que denunciaron el caso, además del reconocimiento médico legal practicado a la víctima.
El requerimiento deberá ser evaluado por el juzgado de familia luego del vencimiento de la retención en flagrancia. La medida busca garantizar que los seis investigados permanezcan a disposición de las autoridades durante las diligencias. La fiscalía deberá sustentar ante el despacho judicial los indicios reunidos y la necesidad de aplicar esta restricción, prevista en el sistema de responsabilidad penal juvenil.
Cuatro alumnos del Liceo Naval fueron liberados
Diez adolescentes fueron retenidos inicialmente en la comisaría de familia Bertha González Posada Eyzaguirre, en el Cercado de Lima.
Antes de que se cumplan las 48 horas de retención, cuatro adolescentes quedaron libres, mientras que seis salieron de esa dependencia policial para ser llevados a la sede del juzgado de familia de la avenida Abancay.
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Durante el traslado, los estudiantes cubrieron sus rostros y cuerpos con sábanas, frazadas y mantas antes de subir a un bus de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Tras la salida del primer grupo, cuatro adolescentes continuaban en la comisaría. El Tercer Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima recibió a los investigados después de que la Fiscalía los pusiera a disposición de ese despacho.
Medidas de protección y restricción
Durante la tarde del viernes 18, se conoció por parte del Poder Judicial que el Décimo Segundo Juzgado de Familia de Lima dictó diversas medidas de protección preventivas en favor de la víctima del Liceo Naval Almirante Guise.
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Entre estas medidas figuran prohibir que los presuntos agresores utilicen espacios, privados o redes sociales (WhatsApp, Facebook, entre otras) contra el agraviado, así como terapias psicológicas obligatorias para ellos.
“Este órgano jurisdiccional también dispone el patrullaje constante de forma periódica semanal a cargo de la comisaría del sector en el domicilio de la víctima”, se lee en su comunicado.
Hasta 6 años de internamiento
La investigación se desarrolla bajo las reglas aplicables a adolescentes. Por ello, la responsabilidad penal juvenil deberá definirse de forma individual, a partir del grado de participación que se establezca para cada investigado.
Las autoridades deberán esclarecer quiénes habrían intervenido directamente, quiénes habrían colaborado y qué función tuvieron los demás alumnos que estuvieron presentes en el vehículo durante el episodio denunciado.
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La abogada María Elena Portocarrero explicó a Infobae Perú que una eventual medida de internamiento puede llegar hasta seis años, aunque el tiempo no tendría por qué ser el mismo para todos.
Portocarrero también señaló que corresponde examinar la actuación de los adultos responsables del traslado. La investigación deberá determinar qué conocían los profesores, qué observaron y si adoptaron alguna medida frente a una situación de riesgo.
La letrada mencionó una posible investigación por omisión de socorro, cuya calificación dependerá de los hechos acreditados. Además, planteó revisar si existieron denuncias o reportes previos sobre violencia en el colegio.
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Respecto del estudiante afectado, sostuvo que deben aplicarse medidas de protección física y emocional. Una eventual reparación económica se definirá después, cuando la investigación establezca las responsabilidades que correspondan.
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