Casi dos años después de que una ráfaga de disparos acabara con la vida de Andrea Vidal Gómez y del taxista José Daniel Vargas Briceño, el crimen sigue sin responsables identificados.
La Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria-San Luis dispuso archivar la investigación por homicidio calificado al concluir que no logró acreditar la participación de los investigados ni determinar quiénes ejecutaron u ordenaron el ataque. La disposición señala que no se alcanzaron los presupuestos necesarios para formalizar y continuar una investigación preparatoria.
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El cierre llega después de una investigación que durante meses pareció acercarse a la planificación del crimen. Cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del seguimiento sufrido por Vidal; se investigaron vehículos y motocicletas, una placa presuntamente duplicada, comunicaciones telefónicas y personas que habrían participado en la logística. Incluso en julio pasado, la Dirincri difundió dos retratos hablados de hombres cuya identidad buscaba establecer.
Ninguna de esas pistas terminó siendo suficiente para sostener una imputación penal.

Un ataque planificado y más de 60 disparos
La noche del 10 de diciembre de 2024, Andrea Vidal abordó un taxi por aplicativo después de salir de la vivienda de su entonces pareja, David Rodrigo Falcón Cortavarría, en San Miguel. Las investigaciones posteriores reconstruyeron un recorrido en el que el vehículo fue seguido desde ese distrito hasta La Victoria.
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Al llegar al cruce de las avenidas San Eugenio y Santa Catalina, el taxi fue interceptado y atacado a balazos. Investigaciones posteriores contabilizaron 64 impactos contra el vehículo. Vargas Briceño murió en el lugar, mientras que Vidal quedó gravemente herida y falleció siete días después, el 17 de diciembre, en el Hospital Dos de Mayo.
En las primeras horas, la Policía llegó a considerar que el conductor podía haber sido el objetivo. Esa hipótesis cambió con el avance de las diligencias y el foco pasó a Andrea.
La pregunta que quedó abierta desde entonces fue la misma que continúa sin respuesta: ¿quién quería matarla y por qué?
¿Quién era Andrea Vidal?
Andrea Vidal Gómez tenía 28 años y era abogada. Había trabajado en el Gobierno Regional del Callao y, desde octubre de 2023, ingresó al Congreso de la República, primero en la Oficina de Defensa de las Leyes y luego en la Oficina Legal y Constitucional, donde llegó a desempeñarse como asesora hasta 2024. (infobae)
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Durante esa etapa trabajó bajo la jefatura de Jorge Torres Saravia, entonces responsable de la Oficina Legal y Constitucional. Después de dejar el Parlamento, Vidal prestó servicios en la Oficina de Asesoría Jurídica de Sunafil. (infobae)
Su vínculo con el Congreso cobró relevancia después del atentado. Reportajes periodísticos comenzaron a indagar en su paso por esa oficina y en denuncias sobre una presunta red de prostitución dentro del Parlamento, lo que abrió una investigación fiscal independiente. Esa hipótesis generó durante meses interrogantes sobre si su asesinato podía estar relacionado con información que hubiera conocido durante su trabajo, aunque esa conexión nunca llegó a ser acreditada. (infobae)
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Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue que, ocho días antes del ataque, Vidal había regresado al edificio del Congreso y acudido a la oficina de Torres Saravia, pese a que ya no trabajaba allí. Las cámaras de seguridad registraron la visita, pero no se estableció públicamente el motivo del encuentro. (infobae)
La expareja y las pistas que llevaron a cinco investigados
En febrero de 2026, el Poder Judicial ordenó la detención preliminar por siete días de David Rodrigo Falcón, expareja de Vidal, además de Thonny Aldahair Monja Mejía, Lucero Juliana Espinoza Chinchay, David Santiago More Calderón y David More Ríos. La medida buscaba profundizar las diligencias y no suponía una declaración de culpabilidad.
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Falcón quedó en el centro de la investigación porque, según la resolución judicial revisada por Infobae, uno de los vehículos vinculados al seguimiento comenzó su recorrido cerca de su domicilio. La Fiscalía también detectó contradicciones que consideró necesario esclarecer sobre un teléfono relacionado con Vidal y analizó conexiones entre personas vinculadas al trámite de una placa presuntamente clonada.
El otro eje de la pesquisa fue precisamente esa placa. David Santiago More Calderón fue detenido en Piura en marzo y era investigado por haber participado en el trámite del duplicado asociado a uno de los vehículos que habría seguido a Vidal. Las autoridades también indagaron el papel de David More Ríos en esa operación.
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Meses después surgió otra línea. A partir de declaraciones recogidas durante las investigaciones, la Policía elaboró retratos hablados de dos hombres que habrían intervenido en gestiones relacionadas con placas y vehículos. La Dirincri intentaba establecer si los nombres proporcionados eran reales o si se habían utilizado identidades falsas.
Ese avance fue difundido en julio. Dos meses después, la Fiscalía archivó el caso.
El crimen que puso bajo la lupa al Congreso
La muerte de Andrea Vidal también abrió un capítulo que desbordó la investigación por homicidio.
La joven había trabajado en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, entonces dirigida por Jorge Torres Saravia. Después del ataque surgieron reportajes y denuncias sobre una presunta red de prostitución vinculada al Parlamento, lo que llevó al Ministerio Público a abrir una investigación independiente por favorecimiento de la prostitución.
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Durante meses, una de las interrogantes fue si el asesinato podía guardar relación con información conocida por Vidal durante su paso por el Legislativo. Esa conexión, sin embargo, nunca fue acreditada.
En febrero de 2026, la Fiscalía archivó definitivamente la investigación contra Torres Saravia y Falcón por ese extremo al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la hipótesis de favorecimiento de la prostitución ni avanzar hacia una acusación.
El expediente por el asesinato continuó por una vía distinta.
Dos hipótesis y ningún móvil probado
A lo largo del caso coexistieron principalmente dos líneas públicas de investigación: una vinculada al entorno que Vidal conoció durante su trabajo en el Congreso y otra centrada en su círculo personal y en las personas asociadas al seguimiento y la logística del atentado.
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La segunda ganó fuerza en 2026 con las diligencias alrededor de Falcón, los vehículos, las placas y los desplazamientos registrados antes del asesinato. Sin embargo, incluso cuando la investigación lo señaló como una figura relevante y un juez consideró que existían razones para profundizar las pesquisas, no apareció una prueba directa que permitiera atribuirle la autoría intelectual del crimen.
Tampoco llegó a determinarse quién disparó.

La disposición fiscal conocida este 18 de septiembre termina así una investigación marcada por seguimientos reconstruidos, sospechosos, detenciones, vehículos identificados, posibles placas clonadas y nuevas pistas que continuaron apareciendo hasta pocos meses atrás.
El resultado judicial, sin embargo, vuelve al punto central del caso: Andrea Vidal y José Daniel Vargas Briceño fueron asesinados el 10 de diciembre de 2024, pero casi dos años después la Fiscalía no ha podido establecer quién ejecutó el ataque, quién lo ordenó ni cuál fue el móvil.
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