La denuncia por presunta agresión sexual contra un estudiante de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise, ocurrida durante un viaje tras una actividad deportiva, puso bajo revisión las obligaciones de resguardo, denuncia y respuesta de los centros educativos cuando los hechos suceden fuera de sus instalaciones.
La investigación de la Séptima Fiscalía de Familia de Lima Centro alcanza a 10 estudiantes de quinto de secundaria. Las diligencias también deberán determinar qué función cumplieron los adultos que acompañaban el traslado y si la institución activó de forma oportuna los procedimientos establecidos para casos de violencia contra menores.
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El deber de protección se mantiene durante las actividades fuera del colegio
Los protocolos de convivencia escolar obligan a las instituciones educativas a proteger a sus alumnos dentro y fuera del plantel cuando participan en actividades organizadas, autorizadas o supervisadas por el colegio. Esto incluye campeonatos, excursiones, visitas, traslados en movilidad y cualquier otro desplazamiento vinculado con la vida escolar.
En el caso del Liceo Naval Almirante Guise, la denuncia señala que el hecho habría ocurrido el 15 de septiembre dentro de un bus que trasladaba al equipo de futsal desde Surco hacia San Borja. La Defensoría del Pueblo indicó que en el vehículo viajaban el conductor y dos representantes del centro educativo.
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La presencia de adultos no determina, por sí sola, una responsabilidad. Sin embargo, la Fiscalía deberá establecer si conocieron o pudieron advertir lo ocurrido, cuál era su deber de supervisión y qué acciones adoptaron antes, durante y después del trayecto.
La escuela debe proteger, registrar y comunicar el caso
La Resolución Ministerial N.° 383-2025-Minedu establece que, ante una denuncia de violencia sexual, la dirección y el responsable de convivencia escolar deben tomar medidas inmediatas de resguardo para el estudiante afectado.
El caso debe ser asentado en el Libro de Registro de Incidencias, con reserva de identidad, y también debe incorporarse a la plataforma SíseVe si no fue informado previamente. Cuando existen indicios de un delito contra la libertad sexual, la institución debe comunicar el hecho a la comisaría o al Ministerio Público, además de facilitar el acceso de la víctima a servicios de salud y protección.
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La norma dispone que se evite la repetición innecesaria del relato del menor. Por ello, los colegios deben abstenerse de realizar interrogatorios o promover confrontaciones entre estudiantes y familias, pues esas acciones pueden afectar la investigación y generar revictimización.
La atención a la víctima incluye apoyo psicológico y continuidad educativa
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brindó asesoría legal y soporte psicológico al adolescente y a su familia mediante el Programa Nacional Warmi Ñan. La víctima también pasó por medicina legal y deberá declarar en cámara Gesell.
La continuidad educativa es parte de las medidas de protección. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) informó que los estudiantes investigados llevarían clases remotas mientras duren las diligencias, con el objetivo de evitar que compartan aulas con el adolescente denunciante.
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La medida no reemplaza el proceso fiscal, pero permite preservar un entorno educativo seguro mientras se determinan las responsabilidades que correspondan.
La institución debe colaborar con las autoridades y revisar sus procedimientos
El Ministerio de Defensa ordenó a la Marina de Guerra del Perú adoptar las acciones necesarias para garantizar el desarrollo de la investigación sin interferencias. También solicitó que se determinen las eventuales responsabilidades administrativas y disciplinarias dentro de la institución.
La Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú, que administra el colegio, separó temporalmente a la directora, una docente y el entrenador de fútbol. La medida se adoptó mientras avanzan las investigaciones y no implica una conclusión sobre responsabilidades.
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Además, las autoridades educativas anunciaron que revisarán las actas, los informes internos y los posibles antecedentes de bullying referidos por el adolescente durante su declaración.
Los estudiantes investigados conservan su derecho a la educación
Los lineamientos del Ministerio de Educación (Minedu) prevén que la víctima y los estudiantes señalados como presuntos agresores mantengan acceso al servicio educativo. La expulsión definitiva no está contemplada como medida ordinaria para casos de violencia entre escolares.
El colegio puede adoptar medidas de protección y disposiciones temporales, como la modalidad remota o una suspensión, según el caso. Si la investigación judicial establece una medida socioeducativa de internamiento, la situación educativa del adolescente involucrado deberá adecuarse a esa decisión.
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La Fiscalía continuará con los testimonios, las pericias y la revisión de las circunstancias del traslado escolar para determinar qué ocurrió y si corresponde atribuir responsabilidades a estudiantes o adultos vinculados con el caso.
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