La razón por la que Perú no debería copiar el freno tecnológico que discuten las grandes potencias de la inteligencia artificial

El debate internacional sobre el futuro de la inteligencia artificial alcanzó su punto más tenso en las últimas semanas. Las mentes más influyentes de Silicon Valley mostraron posturas drásticamente opuestas sobre los riesgos existenciales y la velocidad con la que se deben desplegar los nuevos modelos de frontera.

Por un lado, Sam Altman, CEO de OpenAI, y Dario Amodei, CEO de Anthropic, admitieron que el miedo del público es fundado e invitaron a la cautela. En el marco de Dreamforce, evento de tecnología organizado por Salesforce en San Francisco, Altman llegó a señalar que las empresas deben estar preparadas para desacelerar o detener el desarrollo si la seguridad se ve comprometida, mientras que Amodei argumentó que el ritmo de despliegue debe ser controlado activamente para no perder el control sobre los modelos más avanzados. De forma similar, Mike Krieger, co-líder de Anthropic Labs, subrayó que los riesgos latentes exigen una discusión transparente y salvaguardas operativas estrictas a medida que la tecnología evoluciona de forma exponencial.

En la vereda de enfrente, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, defendió con firmeza el avance ininterrumpido de la tecnología, manifestándose en contra de regulaciones gubernamentales severas que puedan asfixiar la innovación. Entre ambas posturas, Marc Benioff, CEO de Salesforce, llamó a la autorregulación ética para evitar repetir los daños sociales de las redes sociales, recordando que la sobreconfianza en sistemas estocásticos sin supervisión humana representa un peligro operativo real.

Sin embargo, la discusión adopta un tono completamente diferente cuando se analiza desde la realidad de las economías emergentes. Para los países en desarrollo, el enfoque global centrado en pausar o poner barreras al avance algorítmico resulta ajeno a sus urgencias de productividad.

En el contexto sudamericano, el debate no pasa por apretar el freno tecnológico, sino por acelerar la adopción de forma estratégica. Eddy Morris, Decano de la Facultad de Ingeniería de ESAN University, explica que la discusión internacional sobre los límites de la IA tendrá un impacto indirecto en la región a través de los estándares de las plataformas mundiales, pero aclara que la agenda interna exige prioridades muy distintas. Según el académico, “en Perú no deberíamos estar discutiendo si frenamos la IA sino cómo la adoptamos de forma responsable manteniendo la competitividad”.

Por su parte, Eric Biagioli, director de Ciencia de Datos y Ciencia de la Computación de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), coincide en que el Perú participa en esta dinámica fundamentalmente como adoptante y regulador antes que como un actor que define esos límites globales. A pesar de ello, destaca que el país no se encuentra totalmente al margen, recordando que “ya es el primer país de la región con un marco legal específico para la IA, la Ley 31814 de 2023, y en septiembre de 2025 se aprobó su reglamento, que entró en vigencia en enero de 2026 e incluye una clasificación de sistemas por nivel de riesgo, inspirada en el enfoque europeo”.

Reducción de costos y la paradoja de la brecha digital

En el mercado local, la motivación principal para integrar inteligencia artificial radica en la eficiencia económica y la velocidad operativa. A diferencia de lo que podría pensarse sobre un hipotético temor de los consumidores que empuje a un retroceso, la tendencia apunta a una digitalización irreversible. Morris no cree “que vaya a haber un retorno generalizado a lo analógico”, pues la automatización se impondrá por su capacidad de optimizar procesos. No obstante, el especialista precisa que en decisiones sensibles como la salud, los créditos, el empleo o la educación, los usuarios exigirán transparencia, protección de datos y la posibilidad real de apelar ante un ser humano.

En esa misma línea, Biagioli coincide en que “un retorno masivo a lo analógico es improbable; la lógica de costos y productividad empuja con fuerza hacia la adopción, especialmente en un tejido empresarial dominado por pymes que buscan hacer más con menos”. No obstante, advierte que el verdadero riesgo local radica en “una adopción desigual y a veces acrítica: muchas empresas incorporarán herramientas de IA por ahorro o por no quedarse atrás, sin necesariamente evaluar riesgos de privacidad, sesgos o dependencia tecnológica”, quedando la prudencia o el respaldo humano reservados para áreas altamente sensibles.

Esta urgencia por automatizar convive con una marcada desigualdad estructural en el acceso a la tecnología. Mientras en las economías desarrolladas la infraestructura básica está resuelta, en el territorio peruano la inteligencia artificial puede actuar como un catalizador de oportunidades o como un profundizador de brechas. El potencial de estas herramientas para democratizar la educación o los servicios públicos es enorme, pero existe un riesgo latente de exclusión.

Sobre este desafío, el decano de ESAN advierte que “el potencial de la IA para ampliar el acceso a la educación, la salud y los servicios públicos puede reducir brechas, pero también puede profundizarlas”. En esa misma línea, enfatiza que “quienes no tengan conectividad, competencias digitales, acceso a estas herramientas, van a quedar doblemente rezagados”, razón por la cual la alfabetización digital debe asumir el rango de prioridad nacional.

Biagioli complementa este diagnóstico señalando que el principal riesgo en el contexto actual es la amplificación de las brechas sociales existentes, especialmente en un país con marcadas diferencias de conectividad y competencias entre la capital y las zonas rurales. De acuerdo con el vocero de UTEC, aunque la tecnología ofrece oportunidades de inclusión como la traducción a lenguas originarias o el acceso a servicios básicos, “eso no ocurre solo: requiere inversión en conectividad, formación y contenidos pertinentes. Sin esas condiciones, el efecto más probable es que la tecnología beneficie primero a quienes ya estaban mejor posicionados”.

Un marco legal existente que exige aplicación antes que sobrerregulación

En materia de gobernanza, la situación peruana difiere del escenario europeo o estadounidense, donde se discuten leyes restrictivas desde cero. El país ya cuenta con una legislación aprobada y reglamentada que adopta un enfoque basado en riesgos para los sectores público y privado. Por ello, el debate normativo local no se centra en crear más leyes, sino en lograr que el marco legal vigente se ejecute de manera eficiente y dinámica sin asfixiar a las empresas.

Frente a la tentación de emitir nuevas regulaciones, Morris subraya que “no es solo un tema de hacer leyes, sino que debemos tener una legislación coherente y que se pueda aplicar”. La clave para el entorno regulatorio pasa por “aplicar, supervisar y actualizar rápidamente este marco, evitando tanto la sobrerregulación como los vacíos de protección”, de modo que se resguarde al ciudadano sin truncar el desarrollo de soluciones locales.

Analizando el panorama regulatorio actual, Biagioli coincide en que “más que acelerar, el reto es ordenar y aplicar bien lo que ya existe”, advirtiendo sobre la convivencia de señales contradictorias entre normas que promueven la innovación e iniciativas legislativas de corte más punitivo o restrictivo. Para el especialista, “lo prioritario sería unificar criterios, dotar de capacidad real de supervisión a las autoridades y actualizar la protección de datos personales, evitando tanto la sobrerregulación que ahogue emprendimientos como los vacíos que dejan desprotegidos derechos fundamentales”.

Al proyectar los riesgos decisivos para los próximos cinco años, ambos expertos coinciden en la necesidad de priorizar los desafíos concretos del país sobre las discusiones abstractas de Silicon Valley. Mientras que la automatización del empleo se manifestará progresivamente como una reconversión laboral y de competencias, las amenazas inmediatas y el peligro de estancamiento exigen una estrategia clara a corto y largo plazo.

Por un lado, Biagioli sostiene que “a corto plazo, el mal uso de los datos personales es la amenaza más concreta e inmediata, sobre todo con una regulación de datos débil y fenómenos como suplantaciones, deepfakes y estafas que ya afectan a personas comunes”. No obstante, concuerda con la visión estratégica de fondo planteada por Morris al ubicar el estancamiento como el verdadero riesgo estructural para el desarrollo nacional.

En su diagnóstico final, Morris afirma con contundencia que “lo que más nos debería preocupar como país es que nos quedemos atrás”. Esta perspectiva es reafirmada por Biagioli, quien concluye que “el rezago competitivo es la preocupación de fondo más estratégica: si el país no invierte en infraestructura, desarrollo de talento y adopción, la brecha con otras economías se ensancha de forma difícil de revertir”, recordando en palabras de Morris que “el verdadero peligro no es solo que nos sustituya la IA en el trabajo, sino que nos adelanten otros países mucho más”.