
La presidenta Keiko Fujimori sostuvo hace unos días que cinco detenidos por el crimen en Trujillo, vinculado al secuestro de un empresario minero y al asesinato de cuatro personas, habrían confesado su participación.
La mandataria rechazó que hubiera recibido información errónea y señaló que existirían documentos firmados sobre esas declaraciones. Sus afirmaciones abrieron una diferencia pública con la Fiscalía, que mantiene diligencias en curso y no atribuye de modo definitivo responsabilidad penal a los intervenidos.
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Fujimori afirmó ante la prensa que el caso todavía se investiga y evitó referirse a otros elementos que, según dijo, aparecen durante el proceso.
“También puedo señalar que esta investigación continúa, por lo tanto, no puedo pronunciarme por los otros hechos e informes que se están encontrando”, indicó. Añadió que aguardará los informes del titular del Ministerio del Interior (Mininter), César Astudillo, antes de fijar una posición sobre el resto de las actuaciones.
Las declaraciones ocurrieron después de que Astudillo vinculara a los arrestados con la organización criminal a la que se atribuye el hecho, aunque no los presentó como autores.
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El ministro dijo que la Policía Nacional del Perú (PNP) busca todavía a los responsables materiales e intelectuales y a quienes habrían ordenado el delito. Esa precisión dejó abierta la identificación de los autores dentro de la investigación.
Fujimori también sostuvo que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, no intervino en los interrogatorios. Remarcó que la PNP conduce las pesquisas y pidió esperar los resultados. La presidenta insistió en que no adelantaría opinión sobre los demás informes.

Fiscal Jorge Chávez Cotrina negó que existan confesiones válidas
El fiscal Jorge Chávez Cotrina sostuvo que, al quinto día de las diligencias por el asesinato, no hay pruebas científicas ni declaraciones tomadas bajo las condiciones legales que permitan imputar el hecho de forma definitiva a los cinco investigados.
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“De ninguna manera puedo afirmarlo. Los fiscales hablamos con evidencia”. Para el representante del Ministerio Público, la investigación debe reunir elementos técnicos antes de establecer quiénes participaron y qué función habría tenido cada persona.
Chávez Cotrina rechazó la versión sobre confesiones ya formalizadas. “Lamento decir que no le hemos tomado declaración a ninguno de los detenidos hasta el momento. El único momento en que ellos podrían confesar es ante el fiscal y el instructor, con la presencia de sus abogados. Esa diligencia no se llevó a cabo”, afirmó.
Con ello, precisó que una eventual confesión requiere la participación fiscal, la intervención del instructor y la asistencia de la defensa para tener validez jurídica. El fiscal no descartó que las diligencias posteriores aporten información, pero indicó que ese acto no se había realizado.
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El representante fiscal cuestionó además la presentación pública de los intervenidos. “Definitivamente eso está mal, porque la norma establece que a los detenidos no se los pueden presentar a la prensa, porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia. Toda persona investigada está investida de inocencia y, mientras no se demuestre judicialmente su responsabilidad, no tienen por qué estar exhibiéndolo”, enfatizó. La presunción de inocencia rige mientras un tribunal no determine responsabilidades.
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