El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, figura como investigado o imputado en diez casos fiscales registrados en los distritos fiscales de Lima y Lima Norte, varios de ellos por presuntos delitos vinculados con corrupción, entre ellos tráfico de influencias, negociación incompatible, abuso de autoridad, concusión y omisión de actos funcionales.
La información está contenida en la moción que busca interpelar al ministro del Interior, César Astudillo, en el Congreso y recoge expedientes relacionados con delitos funcionales y hechos atribuidos a Arriola durante su trayectoria profesional, incluidos casos por prevaricato y violación de domicilio.
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En total, los registros citados en el documento consignan 12 expedientes en Lima y Lima Norte, además de otros tres en el Distrito Fiscal de Huánuco y dos procesos en Lima en los que Arriola aparece como demandante.
En el Distrito Fiscal de Lima, el jefe policial figura como investigado en tres expedientes por presunto tráfico de influencias. Uno de ellos, identificado con el caso 506015505-2025-162-0, se encuentra en investigación preliminar desde el 24 de julio de 2026 y comprende también los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.
Los otros dos expedientes por tráfico de influencias corresponden a los casos 506015505-2025-585-0 y 506015505-2025-80-0, registrados en octubre y febrero de 2025, respectivamente. Ambos aparecen en el sistema en condición de “derivado (califica)”.
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A estos se suma el expediente 506015505-2018-88-0, de 2018, en el que Arriola figura como imputado por delitos cometidos por funcionarios públicos. El caso aparece actualmente como impugnación resuelta por fiscal superior.
En el Distrito Fiscal de Lima Norte, Arriola figura como investigado en tres expedientes relacionados con presuntos delitos funcionales. El caso 606034502-2026-673-0, registrado el 25 de mayo de 2026, comprende presuntos delitos de abuso de autoridad, concusión —consignada en el registro como colusión simple— y omisión ilegal de acto de su cargo.
Otro expediente, el 606014510-2026-1032-0, corresponde al presunto delito de retardo ilegal del acto de su cargo y figura en etapa de calificación desde junio de este año.
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En esta jurisdicción también aparece un expediente de 2025 por presunto fraude informático personal, actualmente archivado, y otro, de 1999, por abuso de autoridad, con archivo definitivo desde septiembre de 2000.
Los registros consultados también muestran dos expedientes en el Distrito Fiscal de Lima en los que Arriola aparece como demandante, vinculados con un proceso contencioso administrativo y una demanda de nulidad de resoluciones. Ambos figuran con dictamen.
En el Distrito Fiscal de Huánuco se registran otros tres expedientes en los que el comandante general figura como imputado. Uno corresponde a un caso por homicidio y se encuentra con archivo preliminar.
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Otro expediente, de 2011, registra presuntos delitos de homicidio calificado —con referencia a ferocidad y lucro en el sistema— y tortura o lesión grave, y figura en investigación preliminar. El tercero, también por homicidio calificado y tortura, tiene archivo definitivo desde 2011.
La información fue recogida por la diputada Analí Márquez (Juntos por el Perú) y está incorporada en el pliego interrogatorio dirigido al ministro Astudillo, que será debatido en el Congreso si prospera la moción de interpelación.
El documento plantea cuatro preguntas sobre la permanencia de Arriola al frente de la PNP, relacionadas con su liderazgo, idoneidad, gestión presupuestal y las investigaciones penales en su contra. Además, pregunta al ministro Astudillo qué vía jurídica tiene para cesarlo y por qué no ha dispuesto su separación temporal mientras afronta dichas investigaciones.
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