Uno de cada diez servicios de delivery acepta trasladar pasajeros en moto pese a prohibición y vacíos regulatorios

Uno de cada diez servicios simulados de delivery en Lima accede a trasladar ilegalmente pasajeros en moto, según un informe elaborado por el Observatorio de Plataformas-Perú, ASPEC e Ipsos.

Este hallazgo, resultado de 30 pruebas de cliente incógnito entre diciembre de 2025 y enero de 2026, expone la persistencia de prácticas prohibidas y la fragilidad de los mecanismos de control en el sector de movilidad digital.

Prácticas informales y exposición al riesgo

Durante la presentación del informe, Alejandra Dinegro, vocera del Observatorio de Plataformas-Perú, detalló que el vacío legal vigente permite que las plataformas digitales funcionen sin estándares homogéneos.

En las simulaciones, 3 de cada 30 conductores accedieron a llevar pasajeros en moto tras la insistencia del usuario, pese a que el Decreto Supremo 035-2019 prohíbe expresamente esta práctica en el transporte público de personas.

La magnitud del fenómeno se aprecia al considerar que en Lima se realizan entre 37.000 y 50.000 servicios de delivery diarios por plataforma.

Si la proporción detectada en el estudio se replica, miles de viajes ilegales se concretan a diario, lo que, sumado al volumen anual proyectado de 34,2 millones de entregas solo en Lima y 42,7 millones a nivel nacional, transforma un problema marginal en una amenaza masiva para la seguridad ciudadana.

Brechas en seguridad y control

El informe también revela diferencias significativas en los estándares de seguridad. En los servicios de taxi por aplicativo evaluados, solo el 18% de los vehículos tenía el SOAT visible, mientras que el 95% de los conductores confirmaba el nombre del pasajero y el 100% en paquetería.

Sin embargo, no todos los conductores utilizaban el cinturón de seguridad, y en el sector de reparto se detectaron frecuentes discrepancias entre la placa registrada y la que llega efectivamente al usuario.

Dinegro subrayó que el sector de reparto presenta la mayor brecha de control, ya que las plataformas no exigen actualización frecuente de datos ni verifican sistemáticamente el modelo o color del vehículo. “El usuario queda expuesto a riesgos y sin una protección efectiva”, advirtió.

Críticas a la ATU y al MTC por falta de fiscalización

Tanto la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aparecen señalados en el estudio como responsables de la fiscalización y regulación del sector.

Sin embargo, el informe critica la superposición de competencias y la falta de reacción efectiva de estas entidades frente al crecimiento acelerado de la movilidad digital.

La ausencia de una norma sectorial específica y la fragmentación institucional han generado una “zona gris” en la que las plataformas operan sin exigencias claras sobre licencias, seguros, antigüedad de vehículos o mecanismos de sanción.

Ismael Sutta, exviceministro de Transportes, subrayó que la falta de acción coordinada ha permitido que la informalidad y el riesgo se normalicen.

“El Estado carece de herramientas para fiscalizar y sancionar efectivamente. El vacío regulatorio y la pasividad institucional dejan al usuario desprotegido”, indicó.

Sutta recordó que en Lima existen cerca de 300.000 taxis, de los cuales solo 88.000 a 90.000 son formales, y más de 100.000 conductores usan plataformas digitales.

Contratos, reclamos y protección al consumidor

El estudio identificó que dos de las plataformas más importantes no cuentan con libro de reclamaciones virtual. Tres de cinco no tienen domicilio legal en el país, y al menos dos se someten a jurisdicciones extranjeras, dificultando cualquier contingencia judicial local.

Además, la mayoría puede modificar condiciones de servicio sin aceptación previa del usuario y carece de políticas claras sobre cancelaciones y reembolso.

El 80% de los limeños utiliza habitualmente apps de movilidad, y el 50% del presupuesto de transporte en la ciudad se destina a estos servicios, según datos de IPE. El informe concluye que la falta de regulación permite que prácticas ilegales y riesgosas se consoliden, y que la fiscalización estatal es insuficiente.