Minjus contrató por S/16,2 millones a empresa de seguridad que acreditó experiencia con facturas inexistentes en Sunat

En los últimos días del gobierno de José María Balcázar, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos concretó tres contrataciones directas con la empresa GZ Perú S.A. para garantizar el servicio de vigilancia y resguardo de sus instalaciones. El monto total de los acuerdos asciende a S/16 millones 200 mil, una cifra que ahora se encuentra bajo cuestionamiento luego de que se detectaran inconsistencias en la documentación presentada por la compañía para demostrar su experiencia.

Los contratos fueron concretados entre el 20 y el 24 de julio de 2026, pocos días antes de la salida del entonces ministro de Justicia, Luis Jiménez. La modalidad utilizada no correspondió a un concurso público abierto ni a una licitación tradicional. Según la información difundida, la oficina encargada del abastecimiento invitó y seleccionó a GZ Perú después de que se cancelaran tres procesos de contratación anteriores en los que la empresa no había logrado quedarse con la adjudicación.

Para acceder a estas contrataciones, la compañía debía demostrar que contaba con experiencia suficiente para asumir un servicio de esa magnitud. Fue precisamente en esa documentación donde aparecieron los principales cuestionamientos. GZ Perú presentó un contrato simple y constancias de prestación de servicios vinculadas a ROAL Laboratorios S.A.C., además de documentos que incluían facturas por supuestos pagos mensuales de S/450 mil por servicios de seguridad prestados entre los años 2020 y 2023.

Facturas presentadas por GZ Perú no aparecen en los registros de Sunat

Uno de los elementos que generó mayor preocupación fue la revisión de los comprobantes utilizados para sustentar la experiencia de GZ Perú. De acuerdo con la información difundida en el reportaje de Cuarto Poder, especialistas tributarios revisaron los documentos y encontraron que comprobantes considerados relevantes para acreditar los servicios no figuran en la plataforma de la Sunat.

Entre ellos se encuentra la factura N.° 106, presentada como parte del sustento de las operaciones comerciales entre GZ Perú y ROAL Laboratorios. La ausencia de estos comprobantes en los registros tributarios abrió una interrogante central: ¿realmente se realizaron los servicios que la empresa presentó como parte de su experiencia previa para contratar con el Estado?

El problema no se limitó a la existencia de las facturas. También surgieron cuestionamientos alrededor de la documentación que supuestamente acreditaba la prestación de los servicios.

El caso tomó mayor relevancia debido al tamaño de los contratos obtenidos posteriormente por GZ Perú. No se trataba de una contratación menor, sino de tres acuerdos por S/16,2 millones, destinados a un servicio considerado esencial para el funcionamiento y protección de las instalaciones del Ministerio de Justicia.

Gerente de ROAL negó reconocer la firma de la constancia

El supuesto cliente utilizado por GZ Perú para demostrar su experiencia fue ROAL Laboratorios S.A.C., un policlínico que funciona en una sola sede ubicada en Los Olivos. La información difundida señala que la empresa de seguridad presentó una constancia fechada el 16 de noviembre de 2023 como parte de los documentos destinados a acreditar el servicio.

Sin embargo, cuando el gerente general de ROAL Laboratorios, Miguel Paz Álvarez, fue consultado sobre el documento, aseguró que no reconoce la firma que aparece estampada en dicha constancia. La declaración resulta relevante porque el documento fue presentado precisamente como evidencia de que GZ Perú había brindado servicios de seguridad a la empresa privada.

A ello se suma otro elemento que despertó interrogantes. El establecimiento de ROAL Laboratorios cuenta con una sola sede y, según la información difundida, actualmente no tiene servicio de resguardo en sus instalaciones, pese a que los documentos presentados por GZ Perú consignaban montos considerables por una supuesta prestación de seguridad.

La magnitud de las cifras también generó dudas. Las facturas señalaban cobros mensuales de aproximadamente S/450 mil, lo que supondría una operación importante para un establecimiento que funciona en una única sede.

GZ Perú responde a los cuestionamientos por las contrataciones

Ante las observaciones, Emiliano Valdelomar Castro, gerente general de GZ Perú S.A., defendió la contratación obtenida por la compañía y sostuvo que su propuesta fue la de menor costo entre las alternativas consideradas. Respecto de las facturas que no aparecen en los registros de la Sunat, el representante empresarial afirmó que desconoce las razones técnicas por las cuales dichos comprobantes no figuran en el sistema tributario.

La explicación, sin embargo, no despejó las interrogantes sobre la documentación utilizada para demostrar la experiencia de la compañía.

Cuando fue consultado sobre los 450 efectivos que supuestamente habrían participado en el servicio para ROAL Laboratorios, Valdelomar evitó brindar mayores detalles. El gerente explicó que asumió el cargo recién en 2025, por lo que no habría estado al frente de la empresa durante el periodo en el que supuestamente se desarrollaron esas operaciones.

Sunat confirmó al Minjus que no existían registros de las operaciones

La controversia adquiere una dimensión mayor porque el propio Ministerio de Justicia habría recibido información oficial de la Sunat antes de que el caso se hiciera público.

Según la información difundida, desde el 30 de julio de 2026 el Minjusdh contaba con una confirmación oficial del organismo tributario respecto de la inexistencia de los comprobantes y operaciones vinculadas con la documentación presentada. La Sunat habría certificado que no existía información registrada a nombre de ROAL Laboratorios S.A.C. como cliente ni de GZ Perú S.A. como proveedor durante el periodo señalado en los documentos.

Pese a ello, de acuerdo con la información difundida, no se adoptaron medidas inmediatas respecto de las contrataciones hasta que el caso fue revelado a través del informe periodístico. El punto resulta especialmente sensible porque las contrataciones ya estaban vigentes y comprometían recursos públicos por más de S/16 millones.

Minjus anuncia nulidad de los tres contratos tras informe periodístico

Luego de la difusión del reportaje, el Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que informó que había dispuesto el inicio del procedimiento para la nulidad de oficio de los tres contratos suscritos con GZ Perú S.A. La decisión supone que el propio sector buscará dejar sin efecto los acuerdos cuestionados a partir de las irregularidades advertidas en la documentación.

El ministerio también precisó que las acciones correspondientes se encuentran en manos del Órgano de Control Institucional (OCI), instancia que deberá revisar lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan dentro de sus competencias.

Mientras se desarrolla este proceso, el Minjusdh señaló que se pondrán en marcha planes de contingencia con el objetivo de garantizar que el servicio de seguridad continúe en sus sedes de todo el país.

Exministro Luis Jiménez se deslinda de los contratos

El caso también puso bajo la lupa la responsabilidad de los funcionarios que participaron en las contrataciones realizadas en julio. El entonces ministro de Justicia, Luis Jiménez, se deslindó de los acuerdos y sostuvo que las competencias para llevar adelante estos procesos correspondían exclusivamente al área logística.

Su posición busca marcar distancia respecto de las decisiones que terminaron otorgando a GZ Perú contratos por S/16 millones 200 mil. Las contrataciones fueron realizadas pocos días antes de su salida del Ministerio de Justicia, pero, según su versión, la responsabilidad de la evaluación y selección de la empresa no recaía directamente en su despacho.

El caso queda ahora en manos de las instancias de control mientras el ministerio avanza con el procedimiento para determinar si corresponde anular los contratos.