El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, se retiró este lunes de la sede del Gobierno Regional de La Libertad, sin ofrecer declaraciones a la prensa sobre el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes en la ciudad norteña.
Arriola, cuya salida del cargo ha sido solicitada por algunos legisladores, abandonó el recinto en silencio, mientras hacía un ademán de atender una llamada telefónica, y acompañado por el general Víctor Revoredo, director de Investigación Criminal, quien se limitó a señalar que los implicados en la matanza “caen porque caen”.
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Los altos mandos participaron en una reunión con la gobernadora regional, Johana Cabrera, y el alcalde de Trujillo (capital), Mario Reyna, para abordar el secuestro del empresario minero Jens Clara Antequilla y el cuádruple crimen a manos de un falso comando policial.
En imágenes difundidas por el medio local Macronorte.pe se observa al jefe policial cuando intentaba dirigirse hacia su vehículo oficial y fue abordado por un grupo de periodistas que le formularon preguntas.
Arriola optó por retornar al interior de la sede regional, mientras que Revoredo sí salió del recinto y respondió brevemente a los medios. Finalmente, el comandante abandonó el lugar después de que los periodistas se dispersaran.
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El jefe de la Región Policial La Libertad, Ricardo Espinoza, informó horas antes que la Policía ya había detenido a presuntos implicados en el caso y adelantó que las autoridades ofrecerían mayores detalles en las siguientes horas.
La salida de Arriola es un reclamo que distintos sectores políticos han mantenido en las últimas semanas ante el aparente fracaso de las medidas para enfrentar el crimen organizado en el país, que han incluido la declaración del estado de emergencia en las ciudades de Lima y Callao, así como en Pataz, el epicentro de la minería ilegal en Perú.
El coronel de la Policía Harvey Colchado, jefe de operativos contra la corrupción en las altas esferas del poder y ahora diputado de Ahora Nación, afirmó en sus redes sociales que el Ejecutivo vuelve a ser “cómplice” de la permanencia del oficial, a quien le dijo que “tenga el decoro y la responsabilidad de dar un paso al costado” y que solicite su pase al retiro.
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Colchado, que fue sacado de la PNP tras polémica suscitada por un allanamiento a la vivienda de la entonces presidenta Dina Boluarte (2022-2025), criticó que el gobierno responda a la matanza y secuestro con un pedido al Congreso de facultades legislativas para enfrentar la inseguridad.
A pesar de que el Ejecutivo prometió revisar la norma que impide la remoción del jefe de la Policía, por un periodo de dos años, Colchado señaló que en las facultades legislativas solicitadas no hay “ni una sola línea” que modifique la ley que impide remover al general Arriola, una norma que fue votada en mayoría por el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, en el Congreso anterior.
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“Entonces, no trasladen al Congreso una responsabilidad que ni siquiera intentaron resolver”, anotó. A este llamado se sumaron la diputada Rossana Alayza, del Partido del Buen Gobierno; Diego Bazán, de Renovación Popular; y Catherin Palomino, de Juntos por el Perú.
El empresario raptado el domingo ha sido identificado como Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años, quien aparentemente se dedica a la compra y venta de oro en la convulsa provincia de Pataz, un enclave de minería ilegal declarado en emergencia por el Gobierno por la actividad de diversas organizaciones criminales que se disputan el control de las galerías.
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