
El gobierno de Perú propuso una reforma legal que permitiría clasificar a bandas criminales como “grupos hostiles”, abriendo la puerta a la intervención directa de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la lucha contra el crimen organizado. Esta iniciativa, inspirada en la estrategia implementada en El Salvador durante el mandato de Nayib Bukele, busca ampliar el rango de acción de los militares en el territorio nacional.
El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso de la República un pedido de facultades para modificar la legislación vigente. El objetivo es que las organizaciones criminales puedan ser declaradas formalmente como “grupos hostiles”, figura que hasta ahora solo aplicaba a organizaciones terroristas, según el Decreto Legislativo 1095.
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De acuerdo con lo explicado por el general José Baella, exjefe de la Dirección contra el Terrorismo, un grupo hostil debe cumplir tres requisitos: estar organizado, poseer armamento suficiente para enfrentar a las fuerzas del Estado y participar en hostilidades contra la Fuerza Armada o la Policía Nacional.

“Y la Fuerza Armada tiene el Decreto Legislativo 1095. En ese está definido claramente qué cosa es un grupo hostil. Tiene tres características. Uno, que están organizados. Dos, que tienen el armamento suficiente para enfrentarse a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional o al Estado. Y, en tercer lugar, participan en hostilidades hacia la Fuerza Armada y hacia la Policía Nacional”, explicó Baella a 24 Horas.
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Experiencia salvadoreña
El proyecto peruano toma como referencia la experiencia en El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele implementó una política de mano dura que involucró a las FF.AA. en tareas de seguridad interna.
Según Rogelio Rivas, exministro de Justicia de ese país, la estrategia combinó el trabajo conjunto entre militares, policía e inteligencia, y obtuvo resultados en un mes.
“Comenzamos a tener resultados al mes de implementar la estrategia, pero fue una estrategia en donde trabajó la Fuerza Armada, trabajó la Policía Nacional Civil, trabajó el sistema de inteligencia y también comenzamos a tener un verdadero control y un verdadero aislamiento de las cárceles. Si ustedes no hacen eso, van a estar trabajando sin tener resultados positivos”, declaró Rivas.
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Rivas también precisó que, pese a su presencia en las calles, los efectivos militares no pueden detener a ciudadanos salvo que esté en riesgo la vida de una persona. En casos de enfrentamientos armados, sí están facultados para emplear la fuerza letal.
Esta experiencia, según el exministro, demostró que el control efectivo de las cárceles resulta esencial para cortar la cadena de mando de las bandas criminales y frenar órdenes de asesinato o extorsión que se originan desde los penales.
Función de las Fuerzas Armadas
La propuesta del Ejecutivo peruano contempla también que las Fuerzas Armadas asuman la seguridad exterior de varios penales emblemáticos, como Ancón I, Lurigancho, Challapalca, El Milagro en Trujillo, Cerro Pasco y Sarita Colonia del Callao. Según reveló el ministro Belaunde en declaraciones a 24 Horas, la lista de penales podría ampliarse de acuerdo con las necesidades de seguridad detectadas.
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De acuerdo con Rivas, el control de las cárceles no debe limitarse solo al perímetro de los establecimientos. “Por mucho que tú hagas un excelente trabajo en el territorio con la Fuerza Armada y con la policía, pero si tú no controlas verdaderamente las cárceles, este tipo de órdenes van a salir todos los días. Desde las cárceles salen órdenes para asesinar, como muy bien lo vimos, que falleció esta abogada, a sangre fría y también para cometer extorsiones”, afirmó el exministro salvadoreño.

Puntos a definir
El Congreso peruano deberá definir dos aspectos centrales si aprueba la solicitud del Ejecutivo: qué organizaciones criminales serán clasificadas como grupos hostiles y cuál será el protocolo de acción de las Fuerzas Armadas frente a estos grupos, especialmente en lo que respecta a la detención o neutralización de sus miembros.
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“Ahora es necesario saber que en caso de que se apruebe este pedido de facultades, el Ejecutivo tendrá que definir específicamente dos puntos, y es justamente definir cuáles organizaciones criminales pasan a ser clasificadas como grupos hostiles. Y segundo, qué es lo que harán las Fuerzas Armadas cuando se topen con estos grupos hostiles, ¿detenerlos o, en todo caso, eliminarlos?”, señaló.
El debate legislativo sobre la reforma legal será seguido con atención por la opinión pública y los especialistas en seguridad, mientras el gobierno busca replicar el modelo de El Salvador en la lucha contra el crimen organizado.
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