Seguridad, corrupción e infraestructura: el debate que dejó la presentación de Luis Gallareta y su gabinete en el Congreso

El Pleno de la Cámara de Diputados dio por concluida la sesión en la que el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el Gabinete Ministerial expusieron la política general del Gobierno de Keiko Fujimori.

La jornada, que se extendió por varias horas, marcó un hito institucional al ser la primera presentación de un gabinete ante la nueva Cámara de Diputados tras el restablecimiento del sistema bicameral en el Congreso de la República del Perú.

Tras escuchar las intervenciones de los diputados, el premier Luis Galarreta reconoció que su exposición ante el Pleno de la Cámara de Diputados dejó fuera temas de relevancia. “Hay temas que son de suma importancia que no los hemos tocado y es verdad. La trata de personas, la salud mental”, admitió el presidente del Consejo de Ministros.

El ministro del Interior, César Astudillo, respondió a las múltiples interpelaciones sobre la continuidad de Óscar Arriola al frente de la comandancia general de la PNP y explicó que una ley aprobada durante el gobierno de Pedro Castillo impide su remoción antes de cumplir dos años en el cargo.

El titular del sector precisó que las únicas causales para un cese anticipado son el fallecimiento, la comisión de un delito flagrante, una sentencia del Poder Judicial por delito doloso, un impedimento físico grave o la solicitud voluntaria de baja.

Astudillo también rechazó que la permanencia de Arriola responda a amistad, presión política o continuismo, y afirmó que el alto mando policial tiene objetivos concretos y será evaluado en función de resultados. “Acá no se ha dado ningún cheque en blanco”, remarcó.

El ministro del Interior, César Astudillo, reconoció ante el Pleno que el crimen organizado en el Perú cuenta con tecnología más avanzada que la Policía Nacional, incluidos sistemas de vigilancia e intercepción de última generación.

“Nos encontramos con unas tecnologías que a veces las poseen los criminales y nosotros no”, admitió el titular del sector, quien mencionó sistemas como Constelación y Pegasus como referencia del nivel tecnológico al que se enfrenta la institución policial.

El ministro de Transportes, Rafael Rey, aprovechó su intervención ante el Pleno para aclarar que una referencia suya al pasado en una entrevista periodística “fue lamentablemente mal interpretada” y que no tiene enfrentamiento ni animadversión con ningún actor político.

“Solo un irresponsable o un ministro miserable podría oponerse a un proyecto que beneficie a la población por supuestas o reales discrepancias con algún otro político. Tengo muchos defectos, pero no soy ni miserable ni irresponsable”, afirmó, en medio de aplausos del hemiciclo.

Rey precisó que no se opone a la implementación de sistemas de transporte masivo y que, respecto al tren Caltrain y su eventual uso en el tramo Chosica-Lima, ha decidido delegar todos los análisis, estudios y decisiones a ProInversión, para que esa entidad determine la viabilidad del proyecto. “Espero que con esta decisión se entienda la rectitud con la que vengo actuando”, subrayó.

El diputado Diego Bazán, de Renovación Popular, precisó que su bancada no es oficialismo ni oposición, sino “un punto medio que rescata el reclamo de los ciudadanos”, y trasladó al premier Luis Galarreta la demanda de 2,5 millones de personas que exigen la construcción de un tren entre Lima y Chosica.

El legislador señaló que esperaba que el jefe del Gabinete confirmara en su discurso la viabilidad del proyecto. “No es el compromiso para Renovación Popular, no es lo que exige Renovación Popular, sino es lo que exigen miles de ciudadanos que quieren tener mejora en su calidad de vida”, afirmó Bazán, quien además subrayó la importancia del control político como función parlamentaria.

El diputado Frank Krklec, de Renovación Popular, cuestionó que el Gobierno de Keiko Fujimori considere reducir las pensiones de policías y militares discapacitados o fallecidos en cumplimiento del deber, así como las de sus viudas y huérfanos, sin que el Ejecutivo haya anunciado medida alguna para recortar el gasto en burocracia, fusión de ministerios, asesorías, consultorías o publicidad estatal. “Me parece muy incoherente que pretendamos reducir los gastos de pensionistas uniformados, de maestros, pero no escuchemos absolutamente ninguna palabra del gobierno para reducir las finanzas públicas”, afirmó el legislador. Krklec recordó que algo similar ocurrió con quienes combatieron el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, muchos de los cuales “fueron abandonados y perseguidos durante décadas” tras defender la república, y llamó a no repetir ese error. “Responsabilidad fiscal sí, pero empecemos reduciendo la burocracia y no los derechos de quienes arriesgan la vida por el Perú. ¡Una nación digna sabe ser agradecida con quienes la defienden!”, concluyó.

El diputado Harvey Colchado, de Ahora Nación, expuso un diagnóstico de la Policía Nacional del Perú (PNP) estructurado en cuatro pilares a los que denominó PIOL: personal, inteligencia, operaciones y logística.

En materia de personal, advirtió que de los 141.000 efectivos policiales solo el 9% está destinado a tareas de investigación criminal, que existe un déficit de detectives y que 140 policías de la DIVIAC, especializados en investigación criminal, fueron retirados de sus funciones.

Respecto a inteligencia, señaló que se manejan cerca de 100 millones de soles para gastos operativos como pago de informantes, seguimientos y vigilancias, pero que las unidades del PINCRI distritales —la división encargada de investigar extorsiones— no cuentan con ningún recurso destinado a la lucha contra el crimen organizado. “Eso tiene que cambiar”, afirmó Colchado ante el Pleno.

El senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú, atribuyó la situación actual del país a “las políticas neoliberales establecidas en una constitución que nació del fraude” y lamentó la eliminación del voto de confianza de la Constitución Política del Perú tras las modificaciones realizadas.

El legislador afirmó que dicho mecanismo debería haber permitido a los diputados “mandar a su casa” a los ministros del Gabinete, a quienes acusó de tener procesos judiciales y denuncias pendientes ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, declaración que fue recibida con aplausos en el Pleno.

El diputado José Arista, de Fuerza Popular, respaldó el diagnóstico del premier Luis Galarreta sobre el estado en que el Gobierno de Keiko Fujimori recibió el país y centró su intervención en tres ejes. En materia de ineficiencia, señaló que las administraciones anteriores dejaron más de 2.200 obras paralizadas, con un costo para el Estado de 73.000 millones de soles invertidos sin beneficio para la ciudadanía. Añadió que, según la Contraloría General de la República, la corrupción le cuesta al Perú más de 24.000 millones de soles al año.