
El segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Harvey Colchado, exigió este miércoles que Meta, empresa propietaria de WhatsApp, establezca una representación en Perú para facilitar la lucha contra las redes de extorsión que operan mediante teléfonos y plataformas digitales.
En una rueda de prensa, el diputado de Ahora Nación cuestionó que la compañía no tenga presencia en el país, pese a operar en otros mercados de la región, y señaló que su participación permitiría avanzar en las investigaciones contra las organizaciones criminales que utilizan las redes sociales para amenazas y extorsiones.
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“¿Por qué la empresa Meta no está acá en el Perú? ¿Por qué sí está en Brasil o en otros países? ¿Por qué no acá?”, afirmó durante una intervención al recodar que una norma aprobada hace ocho meses contempla la presencia de estas empresas en el país.
Colchado también dirigió críticas al general Óscar Arriola, jefe de la Policía Nacional (PNP), por no haber coordinado con la firma fundada por Mark Zuckerberg. “¿Y qué ha hecho el general Arriola, que no ha coordinado? Recién ahora que ha entrado este nuevo gobierno, dice: estamos coordinando con Meta. Por favor”, expresó.
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Advirtió que el proceso para que Meta se establezca en Perú podría tomar tiempo y consideró necesario acelerar las gestiones para facilitar la interceptación de las comunicaciones utilizadas por los extorsionadores.
“Ese trámite con la empresa Meta para que esté acá, y poder interceptar las redes sociales de los extorsionadores, (...) va a demorar”, indicó.
Colchado denunció que la División de Investigación de Extorsiones, la Dirección de Investigación Criminal y los Departamentos de Investigación Criminal de distintos distritos no cuentan con recursos ni presupuesto suficiente para labores de inteligencia, pago de informantes o necesidades básicas.
Añadió que estas unidades tampoco disponen de dinero suficiente para adquirir papel, reparar vehículos o mantener el servicio de internet. “No tienen ni un sol para gasto de inteligencia, para el papel, para reparar los carros, para el Internet. ¿Cómo quieren trabajar así?”, cuestionó.
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El exjefe policial propuso la adquisición de herramientas tecnológicas para interceptar comunicaciones y redes utilizadas por las organizaciones criminales, como el software Pegasus y otros sistemas de inteligencia. “Tenemos más de cien millones. ¿Sabes cuánto cuesta ese software? Cuesta treinta millones. ¿Por qué no lo hacemos? Eso se hace en menos de una semana”, sostuvo.
Concluyó su intervención con un llamado al Gobierno para priorizar la lucha contra la extorsión y dotar de recursos y herramientas legales a los investigadores. “Exigimos al ministro del Interior que no se deje engañar. Estos son los verdaderos resultados. No son exitosos”, afirmó, antes de reclamar el cumplimiento de la Ley 32490, que reglamenta la administración interina de José Jerí.
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La norma refuerza el control de pagos extorsivos, la elaboración de mapas delictivos y la certificación de rutas y vehículos seguros, e incorpora cámaras y botones de pánico conectados con la Policía.
También establece medidas de protección a víctimas, patrullaje focalizado y extinción de dominio, y crea un Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato integrado por la Policía, Fiscalía, Poder Judicial y la Unidad de Inteligencia Financiera.
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