
El Ministerio de Educación (Minedu) dejó sin efecto el Contrato N.° 83-2026, suscrito durante la gestión anterior del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), para el alquiler de un inmueble en el distrito limeño de Ate destinado a funcionar como almacén y archivo. La contratación contemplaba un pago mensual de US$53.424 durante 24 meses, por un monto total de US$1.282.176.
Según informó el Minedu, el mismo inmueble había sido ofertado en el portal inmobiliario Urbania por US$42.000 mensuales. La diferencia frente al monto que iba a pagar el Estado era de US$11.424 cada mes. De haberse mantenido durante los 24 meses previstos, la diferencia acumulada habría alcanzado US$274.176.
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Exfuncionarios de la anterior gestión del Pronied señalaron a este medio que la resolución del contrato obedeció a una afectación presupuestal sobreviniente y no a las presuntas irregularidades advertidas en el precio o a las observaciones sobre el inmueble.
Pronied cuestiona las condiciones del almacén en Ate
El nuevo director del Pronied, Pedro Morales, informó que el 24 de julio de 2026, durante la suscripción del acta de entrega y recepción del inmueble, la entidad formuló observaciones relacionadas con el mantenimiento de los servicios básicos, la limpieza de los ambientes y el acondicionamiento de espacios administrativos.
Morales señaló que, además de estas observaciones, el inmueble ubicado en Ate no reunía las condiciones exigidas por el Minedu para el almacenamiento y custodia de bienes muebles, bienes patrimoniales y acervo documentario de la institución.
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Asimismo, precisó que el acta de subsanación del 7 de agosto no contaba con la firma del director de la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario, quien había realizado las observaciones iniciales. Según Morales, esta situación derivó en la resolución del contrato por incumplimiento. Sin embargo, posteriormente, un Decreto Supremo señaló que el cese del contrato obedecía a una afectación presupuestal.
Pronied suspendió adelanto de US$108 mil
Morales explicó que, tras revisar las condiciones de la contratación y advertir inconsistencias relacionadas con el precio y las características del inmueble, la nueva administración del Pronied suspendió el desembolso correspondiente al adelanto previsto en el contrato.
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El monto de este adelanto equivalía a dos meses de alquiler, aproximadamente US$108.000, según la información proporcionada por el Minedu.
¿Por qué se cuestiona la contratación?
El Minedu recordó que el principio de Valor por Dinero es uno de los pilares de las contrataciones públicas y exige que las entidades busquen el mayor beneficio posible en sus procesos, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía.
En este caso, la entidad considera que las inconsistencias detectadas pudieron haber comprometido el uso adecuado de los recursos públicos de no haber sido advertidas oportunamente.
La diferencia entre los US$53.424 mensuales contratados y los US$42.000 que figuraban en Urbania es uno de los elementos que deberá ser esclarecido. También tendrá que determinarse cómo se verificó que el inmueble cumplía con las condiciones técnicas requeridas antes de la contratación, considerando las observaciones formuladas durante su recepción.
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Los funcionarios que participaron en el proceso de contratación
Según la documentación pública, varios funcionarios del Pronied participaron en las diferentes etapas para concretar el alquiler del inmueble. En el contrato figura la firma de Percy Reátegui Picón, entonces director del Sistema Administrativo III de la Oficina General de Administración, quien tenía delegadas facultades en materia de contratación pública.
En las etapas previas, intervino Segundo Alipio Contreras Espinola, entonces director de la Unidad de Abastecimiento, quien suscribió el informe de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC) que concluyó que el procedimiento cumplía con los requisitos establecidos. Por su parte, Gerson Vladimir Canterac de los Santos, entonces director del Sistema Administrativo III de la Oficina de Asesoría Jurídica, suscribió el informe legal relacionado con la contratación.
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También participaron las áreas responsables de sustentar la necesidad del servicio, elaborar y validar los términos de referencia y revisar las condiciones que debía cumplir el inmueble destinado al almacenamiento y custodia de bienes y acervo documentario del Pronied.
Minedu anuncia acciones legales
El Minedu anunció que iniciará las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables por las presuntas irregularidades detectadas en el proceso.
La entidad mencionó posibles delitos de colusión y negociación incompatible, además de presuntas responsabilidades relacionadas con sobrevaloración de costos y omisión de funciones.
Morales señaló que, por encargo del ministro de Educación, José Antonio Chang, la nueva administración del Pronied asumió la tarea de revisar las prácticas de la gestión anterior y garantizar que los recursos públicos sean utilizados bajo criterios de legalidad, necesidad, transparencia y eficiencia.
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Pronunciamiento de la gestión anterior
Exfuncionarios de la anterior gestión del Pronied precisaron a este medio que la resolución del contrato obedeció finalmente a una afectación presupuestal sobreviniente, que dejó a la entidad sin disponibilidad de recursos para continuar con su ejecución.
Según indicaron, la actual gestión decidió dejar sin efecto el procedimiento para que se priorice la asignación presupuestal destinada a atender las necesidades relacionadas con el Fenómeno El Niño, y no como consecuencia de un supuesto sobreprecio ni de las observaciones que el Minedu ha hecho mención. Esta versión consta en el documento remitido por los exfuncionarios y que este medio revisó.

Asimismo, señalaron que las observaciones formuladas al inmueble fueron subsanadas y verificadas.
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