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Minedu frena contrato de US$1,28 millones por almacén en Ate tras detectar millonaria diferencia de precio

La gestión anterior del Pronied tenía previsto que se desembolse del Tesoro Público más de 274 mil dólares adicionales por un inmueble que era ofertado a un menor precio en un portal inmobiliario

Persona de espaldas con chaleco rojo de Pronied y casco azul. Al frente, edificio de ladrillo con portón gris y tanques de agua en el techo
Un integrante de Pronied, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Minedu, inspecciona la entrada de un predio con paredes de ladrillo y un portón metálico. (Infobae)
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El Ministerio de Educación (Minedu) dejó sin efecto el contrato gestionado y aprobado durante la gestión de Raúl Luis Felipe Noblecilla Pascual, entonces director ejecutivo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), para el alquiler de un inmueble en el distrito limeño de Ate destinado a funcionar como almacén y archivo. La contratación contemplaba un pago mensual de US$53.424 durante 24 meses, por un monto total de US$1.282.176.

Sin embargo, el mismo inmueble había sido ofertado en el portal inmobiliario Urbania por US$42.000 mensuales. La diferencia frente al monto que iba a pagar el Estado era de US$11.424 cada mes. De haberse mantenido durante los 24 meses previstos, la diferencia acumulada habría alcanzado US$274.176.

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El Minedu señaló que esta diferencia forma parte de las inconsistencias advertidas durante la revisión del proceso.

Inmueble presentó observaciones tras la firma

El contrato fue suscrito el 20 de julio de 2026. Cuatro días después, el 24 de julio, durante el acta de entrega y recepción del inmueble, el Pronied formuló observaciones relacionadas con el mantenimiento de los servicios básicos, la limpieza de los ambientes y el acondicionamiento de espacios administrativos.

El nuevo director del Pronied, Pedro Morales, informó que el inmueble ubicado en la avenida Separadora Industrial tampoco reunía las condiciones exigidas por el Minedu para el almacenamiento y custodia de bienes muebles, bienes patrimoniales y acervo documentario de la institución.

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Posteriormente, el 7 de agosto, se elaboró un acta de subsanación de las observaciones. Según explicó Morales, este documento no contaba con la firma del director de la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario, quien había realizado las observaciones iniciales.

A partir de estas inconsistencias, la nueva gestión del Pronied dispuso la resolución del contrato.

Pronied suspendió adelanto de US$108 mil

Morales explicó que, tras revisar las condiciones de la contratación y advertir inconsistencias relacionadas con el precio y las características del inmueble, la nueva administración del Pronied suspendió el desembolso correspondiente al adelanto previsto en el contrato.

El monto de este adelanto equivalía a dos meses de alquiler, aproximadamente US$108.000, según la información proporcionada por el Minedu.

De esta manera, la entidad evitó continuar con los desembolsos previstos bajo las condiciones inicialmente pactadas y procedió a resolver el contrato.

¿Por qué se cuestiona la contratación?

El Minedu recordó que el principio de Valor por Dinero es uno de los pilares de las contrataciones públicas y exige que las entidades busquen el mayor beneficio posible en sus procesos, bajo criterios de eficiencia, eficacia y economía.

En este caso, la entidad considera que las inconsistencias detectadas pudieron haber comprometido el uso adecuado de los recursos públicos de no haber sido advertidas oportunamente.

La diferencia entre los US$53.424 mensuales contratados y los US$42.000 que figuraban en Urbania es uno de los elementos que deberá ser esclarecido. También tendrá que determinarse cómo se verificó que el inmueble cumplía con las condiciones técnicas requeridas antes de la contratación, considerando las observaciones formuladas durante su recepción.

Fachada de un local industrial con muro de ladrillo, portón metálico, zona de estacionamiento y postes de luz. Precio de venta y alquiler
El inmueble industrial en alquiler en Ate Vitarte, Lima, ofrecido por USD 42.250 mensuales, fue el que Pronied, Minedu, tenía previsto arrendar. (Urbania)

Los funcionarios que aprobaron el contrato

Según información pública disponible en el SEACE, la documentación del expediente permite identificar a los funcionarios y áreas que intervinieron en las distintas etapas de la contratación. Raúl Luis Felipe Noblecilla Pascual, entonces director ejecutivo del Pronied, aprobó mediante resolución el Procedimiento de Selección No Competitivo N.° 004-2026-MINEDU/UE-108-1, por un monto de US$1.282.176 y un plazo de 24 meses.

Segundo Alipio Contreras Espinola, director del Sistema Administrativo II de la Unidad de Abastecimiento, suscribió el informe de la Dependencia Encargada de las Contrataciones (DEC), en el que se concluyó que el procedimiento cumplía con los requisitos establecidos y se recomendó continuar con la contratación.

Asimismo, Gerson Vladimir Canterac de los Santos, director del Sistema Administrativo III de la Oficina de Asesoría Jurídica del Pronied, suscribió digitalmente el informe legal relacionado con el procedimiento.

Durante la etapa preparatoria también participaron la Unidad de Trámite Documentario y Atención al Usuario y la Coordinación de Almacén y Control Patrimonial, áreas que intervinieron en la revisión y validación de los términos de referencia, así como en el sustento de la necesidad institucional del servicio.

Minedu anuncia acciones legales

El Minedu anunció que iniciará las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables por las presuntas irregularidades detectadas en el proceso.

La entidad mencionó posibles delitos de colusión y negociación incompatible, además de presuntas responsabilidades relacionadas con sobrevaloración de costos y omisión de funciones.

Morales señaló que, por encargo del ministro de Educación, José Antonio Chang, la nueva administración del Pronied asumió la tarea de revisar las prácticas de la gestión anterior y garantizar que los recursos públicos sean utilizados bajo criterios de legalidad, necesidad, transparencia y eficiencia.

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