Defensa de activista trans Azul Rojas Marín pide arresto domiciliario y organización plantea su ingreso a penal para mujeres

La defensa de la activista trans Azul Rojas Marín, detenida tras recibir una condena de ocho años de prisión efectiva por el delito de organización criminal, presentó ante el Poder Judicial una solicitud de control de ejecución de pena, según conoció este martes Infobae.

El requerimiento fue presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Paiján (La Libertad) con el objetivo de que la pena privativa de libertad sea convertida en vigilancia electrónica personal (grilletes electrónicos) o, en su defecto, se apliquen medidas alternativas como custodia hospitalaria o prestación de servicios a la comunidad.

El pedido invoca razones humanitarias, debido a que Rojas Marín “enfrenta un riesgo vital” desde su ingreso, el pasado 5 de agosto, al penal El Milagro de Trujillo, establecimiento que registra un hacinamiento crítico cercano al 300% de sobrepoblación.

El planteamiento también se sustenta en la reciente confirmación judicial de la condena a 17 años de prisión contra los policías que la ultrajaron y torturaron, en un caso emblemático que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), un antecedente que, de acuerdo con su defensa, incrementa el riesgo de represalias dentro del sistema penitenciario.

El documento señala, además, que una universidad local autorizó la continuidad de los estudios de la activista bajo un régimen remoto, como respuesta a las amenazas y el hostigamiento vinculados con su caso, aunque su internamiento implicaría la pérdida automática de la beca universitaria y frustraría su proyecto de vida académico.

Infobae también conoció que la defensa solicitó excluir a la Policía Nacional (PNP) de la región de cualquier labor de traslado o custodia de Rojas Marín, debido al riesgo de hostilidad y represalias.

En paralelo, la organización de derechos humanos Incluye Perú emitió un pronunciamiento en el que recordó que Rojas Marín fue víctima de “detención arbitraria, tortura y violencia sexual por parte de efectivos policiales, hechos reconocidos en una sentencia de la Corte IDH”, que ordenó al Estado peruano garantizar su reparación integral.

El comunicado enfatizó que la existencia de una sentencia penal contra “no elimina su condición de víctima ni anula las obligaciones del Estado respecto a su reparación”, por lo que instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a aplicar los protocolos necesarios para evitar su revictimización.

Asimismo, pidió que Rojas Marín sea trasladada a un penal de mujeres, en concordancia con su identidad de género. “El único derecho que pierde una persona sentenciada es el de la libertad, ningún otro derecho más”, señaló.

La sentencia contra la activista fue dictada en abril de 2023 por un Juzgado Penal Colegiado de Trujillo y confirmada en julio de 2024 por una Sala Penal de Apelaciones de La Libertad.

Debido a su diagnóstico de salud, el Poder Judicial accedió a suspender la ejecución de la condena mientras se resolvía su apelación. Sin embargo, tras la confirmación del fallo, el tribunal ordenó su captura e internamiento en un centro penitenciario.

En una entrevista con este medio en enero de este año, Azul manifestó su esperanza en que la Corte Suprema revirtiera su situación. No obstante, a mediados de julio, la Sala Penal Permanente decidió no revisar el caso. Este medio confirmó que la Corte Suprema declaró inadmisible la casación de su defensa y dejó firme la condena a ocho años de prisión.