
El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional instaló este lunes el juicio oral por los delitos de tortura agravada y abuso sexual de los que fue víctima la ciudadana trans Azul Rojas Marín, hechos ocurridos en el año 2008. Este proceso se inicia luego de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que instó al Estado peruano a juzgar y sancionar a los responsables de los violentos actos cometidos contra Rojas Marín.
Los hechos por los que se acusa a los tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvieron lugar el 25 de febrero de 2008 en el distrito de Casa Grande, en la región La Libertad, cuando la víctima fue detenida y trasladada a la comisaría.
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Allí, fue agredida físicamente y sometida a violencia sexual por parte de los oficiales durante su intervención. Este caso, que involucra una clara violación de derechos humanos, ha generado una amplia cobertura mediática y una gran expectación, dado el contexto de discriminación que enfrentó Rojas Marín, miembro de la comunidad transgénero.
El juicio y los alegatos iniciales

La audiencia del juicio fue presidida por la magistrada Juana Caballero García, quien estuvo acompañada por la jueza Nayko Coronado Salazar y el juez Max Vengoa Valdivieso. Durante la instalación del proceso, se anunció que las audiencias se desarrollarán de manera mixta, tanto de forma virtual como presencial. Además, se determinó que las sesiones serán privadas en los casos en que la integridad física de los participantes pueda verse comprometida.
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La fiscal Ketty Garibay Mascco, representante de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, expuso los hechos de violencia y presentó la calificación jurídica de los delitos cometidos por los tres acusados. Garibay también detalló los medios probatorios presentados en la etapa de investigación, los cuales han sido clave para sustentar las acusaciones.
En sus alegatos de apertura, la fiscal reafirmó la gravedad de los actos cometidos y solicitó una pena de 20 años y 6 meses de cárcel para los policías implicados, además de la prohibición de que puedan ejercer funciones policiales en el futuro.
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Reparación civil y derechos de la víctima

Durante el desarrollo de la audiencia, la defensa de Azul Rojas Marín también presentó su solicitud de reparación civil. Se destacó el profundo impacto físico y psicológico que los actos de violencia, impulsados por la discriminación hacia la víctima, han tenido en su vida. Los abogados señalaron que los efectos de la agresión continúan afectando a Rojas Marín, tanto en su bienestar físico como emocional.
El caso ha atraído la atención tanto a nivel nacional como internacional, dado que no solo involucra una violación de derechos humanos, sino que también refleja el contexto de discriminación estructural que enfrentan las personas transgénero en el país. La respuesta de la justicia peruana se produce en un contexto en el que las organizaciones sociales y de derechos humanos han insistido en la necesidad de un proceso judicial que garantice justicia para las víctimas de violencia basada en la identidad de género.
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Próximos pasos en el juicio
Al término de los alegatos iniciales, los tres acusados expresaron su intención de declarar en la próxima sesión, prevista para el 11 de febrero a las 14:30 horas. En esta audiencia, se dará inicio al interrogatorio de Dino Horacio Ponce Pardo, el primero de los tres acusados en ser interrogado por el tribunal. La declaración de los acusados podría ser determinante en el avance del juicio, dado que su testimonio podría arrojar más detalles sobre los hechos ocurridos en aquella madrugada de 2008.
Este caso es un recordatorio de la importancia de continuar luchando por la igualdad y el respeto a los derechos de todas las personas, independientemente de su identidad de género.
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