Azul Rojas Marín, la mujer trans que enfrentó al Perú en la Corte IDH, espera fallo clave de la Corte Suprema este 14 de enero

Azul Rojas Marín, la mujer trans que llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso emblemático de tortura y violencia sexual policial por el que Perú fue condenado, espera que este 14 de enero la Corte Suprema decida si suspende su sentencia de ocho años de prisión por organización criminal, un proceso que su defensa considera “manchado por irregularidades y falta de pruebas”.

La activista y referente de la comunidad LGTBI, quien permanece en la clandestinidad desde hace casi dos años, recibió la sentencia de un tribunal de Trujillo (La Libertad), la misma ciudad donde la Justicia desoyó su denuncia por violación y tortura.

En enero de 2019, las autoridades allanaron su vivienda y el Ministerio Público solicitó nueve meses de prisión preventiva por presunta tenencia ilegal de armas. El pedido fue rechazado en tres oportunidades hasta que quedó absuelta. Tres meses después, fue implicada en el mismo caso, esta vez bajo la imputación de organización criminal.

De acuerdo con la acusación, se le atribuye el rol de “otorgar alojamiento a los integrantes” de una red delictiva, además de “ocultarlos de las autoridades, y ayudar a guardar armas, municiones, celulares y notas extorsivas”, cargos que ella rechaza de manera rotunda. La sentencia se confirmó en segunda instancia y pasó a casación por “ilogicidad en la motivación”.

“No hay lógica en la motivación de la sentencia. No existen pruebas ni hechos que respalden la acusación de pertenecer a una organización criminal. No hay audios, llamadas, ni vínculos que me impliquen. Me señalan como colaboradora, algo que no está tipificado y carece de fundamento”, dijo a Infobae Perú a través de un enlace telefónico.

“Para ser parte de una organización criminal se requieren pruebas claras y coordinación, pero no hay nada que lo demuestre. Con los mismos hechos por los que fui absuelta de tenencia ilegal de armas, ahora me acusan de organización criminal”, añadió.

La activista, cuya formación en Derecho ha quedado interrumpida, señaló que, pese a que en diciembre pasado los agentes que la abusaron fueron condenados a 17 años de cárcel, no puede acceder a una verdadera reparación debido a su situación jurídica.

Agregó que uno de los jueces que revocó su libertad fue el mismo magistrado que, años atrás, favoreció a los policías (Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León) responsables de la tortura que vivió en una comisaría. “Se vengó, porque siempre decía que se iba a vengar”, sostuvo.

La orden de captura le impide acceder a atención médica y retomar sus estudios universitarios. “Mi salud se está deteriorando cada día más. Todo esto me impide seguir haciendo mi vida”, denunció desde un lugar desconocido.

Rojas Marín expresó confianza en la objetividad e imparcialidad de los jueces supremos, convencida de que actuarán conforme a ley. Solicitó a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y a organizaciones de derechos humanos que acompañen la audiencia en la que también se revisará la casación presentada por su defensa.

“Confío en Dios y en los jueces supremos. Estoy completamente segura de que el 14 se hará justicia”, afirmó. En noviembre de 2022, el Estado peruano le ofreció un perdón público e histórico al reconocer su responsabilidad en la vulneración de sus derechos, acto que la víctima esperó más de catorce años.

Durante esa ceremonia, la mujer, de 44 años, agradeció a las organizaciones que la apoyaron en su batalla legal y exhortó a las autoridades peruanas a cumplir con su “obligación de seguir defendiendo los derechos humanos” en el país.