Renovación Popular habría usado más de S/ 345 mil del dinero público para su campaña electoral, según ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) determinó que Renovación Popular habría destinado más de 346.430 soles del Fondo Partidario Directo (FPD) a gastos de naturaleza electoral y proselitista durante la segunda mitad del año 2025. Ello vulneraría la Ley de Organizaciones Políticas, que prohíbe usar dinero del Estado para fines distintos a los previstos. Así lo establece el informe técnico elaborado por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, documento difundido por Territorio Tomado y al que accedió Infobae.

El financiamiento público directo debe ser destinado a actividades de formación, capacitación e investigación política, así como para gastos de funcionamiento ordinario. La ley prohíbe expresamente su uso para propaganda electoral o actividades proselitistas.

El informe técnico detectó siete contratos y pagos cuya orientación electoral o proselitista resulta, a juicio de la ONPE, incompatible con los fines del FPD. El más alto corresponde al proveedor César Antonio Bettochi Bustamante, quien recibió 113.325 soles por servicios registrados como “actividades de investigación”. La ONPE advierte que los trabajos estuvieron orientados al análisis de coyuntura electoral, percepción política y estrategia comunicacional en contexto preelectoral, y no a la investigación de problemas nacionales o regionales de carácter socioeconómico o político como se exige en el reglamento.

El segundo gasto cuestionado de mayor magnitud corresponde a 86.090 soles pagados al proveedor José Antonio Malpartida Abadía por servicios de “asesoría de prensa y talleres Media Training”. Esto fue registrado como actividades de formación. Según el documento, los informes del propio proveedor revelan que las actividades estuvieron orientadas a la difusión de contenido vinculado a las elecciones primarias, la promoción partidaria y el posicionamiento político en redes sociales.

Por otro lado, la firma AKLLA Perú S.A.C. recibió 82.600 soles por “asesoría legal integral en procesos electorales”. El contrato suscrito con el partido incluía expresamente el patrocinio y la defensa legal en procedimientos por propaganda electoral en lugares no permitidos, así como asesoría durante las elecciones primarias. La ONPE concluyó que ese tipo de actividades no constituye funcionamiento ordinario del partido ni se enmarca en los usos permitidos del financiamiento público. Esto afectaría el principio de igualdad en la contienda electoral porque Renovación Popular habría solventado con dinero público costos que otros partidos sin financiamiento estatal deben asumir con sus propios recursos.

En diálogo con el medio Territorio Tomado, José Tello y la gerente de Aklla, Silvia Guevara, negaron haber asumido la defensa legal directa del partido, asegurando que solo brindaron asesoría y que desconocían el origen de los fondos usados para su pago

Otros pagos observados con orientación electoral son los 33.700 soles para el consultor Sergio Martín Aguilar Tomey por “asesoría integral en estrategia política y comunicaciones”. El propio contrato de locación de servicios describe el objeto como “Asesoría en Estrategia y Comunicación Pre-electoral”, del 15 de mayo y el 14 de agosto de 2025, período en que las elecciones generales 2026 ya estaban convocadas. Los informes de actividades del proveedor consignan tareas de análisis del entorno electoral, seguimiento de organizaciones políticas competidoras y formulación de estrategias comunicacionales.

El partido también pagó 20.000 soles a cinco proveedores por “producción de material audiovisual para las elecciones primarias”, gasto registrado como actividad de capacitación.