Harvey Colchado renunció a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados y se frustró elección de Mesa Directiva

El diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, puso este lunes a disposición del pleno su designación como integrante de la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara Baja, lo que frustró la instalación de la Mesa Directiva de este grupo, reprogramada para mañana.

Durante la primera sesión, el parlamentario explicó que su decisión responde al pedido fiscal de nueve años de cárcel en su contra por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica, aunque sostuvo que esta situación no le impide integrar el grupo de trabajo.

“En aras de que se pueda trabajar con tranquilidad, en un buen clima, pongo mi nombramiento como integrante a disposición del pleno para que sean ustedes los que decidan mi continuidad como integrante de esta comisión”, anunció durante su intervención.

En un mensaje posterior en su cuenta de X, antes Twitter, el coronel en retiro de la Policía Nacional (PNP) agregó que será “respetuoso de las decisiones que se adopten”.

Seguidamente, el coordinador de la comisión, Javier Cipriani (Renovación Popular), informó que la elección de la Mesa Directiva quedó suspendida hasta este martes 11 de agosto a las 11:00 horas.

La comisión también está integrada por Mery Infantes, de Fuerza Popular; Jessica Pérez, de Juntos por el Perú; Edwin Espinoza, del Partido del Buen Gobierno; y Heber López, del Partido Cívico Obras.

“Este grupo no está para perseguir, sino para recuperar la confianza de la ciudadanía. Nos esperan cinco años de trabajo y esos cinco años comienzan con conducta. Aquí no habrá blindajes, no habrá impunidad ni dobles discursos”, afirmó Cipriani, quien cuestionó la decisión de Colchado y consideró que buscaba “cámaras”.

Acto seguido, sugirió que la bancada de Ahora Nación reemplace al legislador por otro integrante, quien además es segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, debido a que su decisión les había “impedido tener una lista”.

Colchado ha cuestionado los cargos al considerar que “no cuentan con el debido sustento y fundamento legal” y que presentan “insuficientes elementos de convicción en cuanto a los delitos que se me pretenden atribuir”.

Afirmó, además, que confía en que el proceso permitirá demostrar su inocencia y advirtió que ninguna investigación debe convertirse en una herramienta de presión política. “No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”, señaló.

Infobae conoció que el caso se origina por el alquiler de un inmueble ubicado en Comas utilizado por la Policía. La Fiscalía sostiene que, cuando aún era coronel en actividad, se convirtió en copropietario del predio que su institución arrendaba y habría intervenido para que el contrato continuara pese a la restricción legal existente.

Según la acusación fiscal, Colchado otorgó un poder a su madre para administrar el inmueble y habría consignado una ocupación diferente a su condición de oficial policial. Asimismo, señala que funcionarios de la Dirección Ejecutiva de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (Direicaj) autorizaron la contratación del local por S/ 6.100 mensuales, pese a que tenían conocimiento de la copropiedad del entonces integrante de la PNP.

El requerimiento ahora deberá pasar por control judicial para establecer si el proceso avanza a juicio. Además de la pena solicitada, el Ministerio Público pide una inhabilitación de 543 días para ejercer cargos públicos y el pago de S/ 150.000 por concepto de reparación civil.