Harvey Colchado responde por pedido de prisión de la Fiscalía: “Tengo la absoluta convicción de que soy inocente”

La Fiscalía pidió nueve años y cuatro meses de prisión para el diputado de Ahora Nación, Harvey Colchado, por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica. Sin embargo, el parlamentario se pronunció en un comunicado oficial y aseguró que el requerimiento del Ministerio Público carece de sustento y denunció un intento de presión vinculado a su ingreso a la Comisión de Ética del Parlamento horas antes de hacerse público el pedido de prisión.

En su comunicado, el diputado ligó la difusión del caso con su nueva función parlamentaria. “Resulta inevitable advertir que esta denuncia se hace pública precisamente cuando asumo una responsabilidad como integrante de la Comisión de Ética en mi calidad de diputado de la República”, señaló.

Sobre esa base, añadió que “no permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”. En el mismo texto, aseguró que respeta “plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial”.

Colchado también invocó la presunción de inocencia y dijo confiar en “un proceso objetivo, imparcial y respetuoso del debido proceso”. Afirmó además que ha dedicado su vida a hacer cumplir la ley y que no estará “nunca por encima de ella”.

Al final de su pronunciamiento, el ex coronel de la Policía Nacional enmarcó el proceso en su trayectoria contra redes criminales y de corrupción. “Vengo enfrentando por años al crimen organizado y a la corrupción, investigando incluso a quienes han concentrado el poder. Mi lucha contra la corrupción no cambiará por una denuncia, menos ahora, como autoridad”, escribió.

Pedido de prisión contra Harvey Colchado

El expediente ingresó al Poder Judicial el 24 de julio de 2026 y quedó a cargo del 30° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. La acusación fue presentada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo de la fiscal Diana Mayra Paico Guevara.

Según informó La República, el requerimiento no alcanza solo a Colchado. La Fiscalía también acusa a Clara Elizabeth Ramírez Benites y a Víctor Elvis Ocmin Vargas como autores de negociación incompatible en agravio del Estado.

Colchado respondió con un pronunciamiento difundido el 5 de agosto de 2026. Allí sostuvo que la acusación es “un documento que no cuenta con el debido sustento y fundamento legal”, y añadió que contiene “insuficientes elementos de convicción” sobre los delitos que se le atribuyen.

El cargo de falsedad ideológica se apoya en un acto notarial fechado el 30 de abril de 2021. Ese día, de acuerdo con la acusación, el entonces coronel de la Policía Nacional acudió ante el notario público Paul Hinojosa Carrillo para otorgar un Poder Especial a favor de Martina Huamaní Ordóñez.

Ese documento le permitía a la apoderada administrar un inmueble y realizar actos de compraventa y alquiler sobre la propiedad. En ese mismo testimonio notarial, según la Fiscalía, Colchado declaró que su ocupación era “independiente”.

Para el Ministerio Público, ese dato es incompatible con su situación funcional de entonces. La acusación sostiene que para esa fecha ya tenía el grado de coronel de la Policía Nacional en actividad y estaba asignado a la Macrorregión Policial Lambayeque.

La Fiscalía vincula esa condición a la Resolución Ministerial N° 227-2021-IN, emitida el 3 de abril de 2021 por el entonces ministro del Interior Alfonso Chavarry Estrada. También remarca que el Poder Especial fue inscrito en la Sunarp el 18 de mayo de 2021, cuando, según el documento oficial citado, mantenía esa condición policial.