
Las bancadas de Ahora Nación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores del Congreso expersaron públicamente su respaldó a su compañero, Harvey Colchado, luego de que se conozca que la Fiscalía presentó un pedido de prisión ante el Poder Judicial por casi 10 años en contra del diputado por una acusación de presunta negociación incompatible y falsedad ideológica.
En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, ambas bancadas rechazaron el hecho y acusaron una supuesta “campaña de desprestigio” contra su compañero de funciones. El grupo parlamentario de diputados y senadores y el Comité Ejecutivo Nacional del partido expresaron su “firme e irrestricto respaldo” y sostuvieron que los hechos investigados “no tienen ninguna relevancia penal y no constituyen delito”.
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El partido vinculó la acusación con el momento político de Colchado y señaló que el ataque se produce cuando asume la Segunda Vicepresidencia de la Cámara de Diputados y un puesto en la Comisión de Ética. En esa misma línea, sostuvo que sectores a los que el diputado habría enfrentado durante años buscan impedir que mantenga “el mismo compromiso con la integridad y la transparencia” desde ese espacio parlamentario.
Según el comunicado partidario, la oposición tiene el deber de fiscalizar al poder “sin presiones ni amenazas”. El texto también reafirma el compromiso de Ahora Nación con el Estado de derecho, el debido proceso y la defensa de la institucionalidad democrática.
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Harvey Colchado reafirma su inocencia
En un comunicado difundido el 5 de agosto de 2026, Colchado rechazó la acusación presentada por la Fiscalía y afirmó que “tengo la absoluta convicción de que soy inocente”. También sostuvo que el requerimiento fiscal es “un documento que no cuenta con el debido sustento y fundamento legal” y que contiene “insuficientes elementos de convicción” sobre los delitos que se le atribuyen.
El diputado vinculó la difusión del caso con su nueva posición en el Parlamento. “Resulta inevitable advertir que esta denuncia se hace pública precisamente cuando asumo una responsabilidad como integrante de la Comisión de Ética en mi calidad de diputado de la República”, señaló.
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En el mismo pronunciamiento, añadió: “No permitiré que ninguna investigación sea utilizada como herramienta o instrumento de presión política”. También afirmó que respeta “plenamente la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial” y dijo confiar en “un proceso objetivo, imparcial y respetuoso del debido proceso”.
Al final de su respuesta, Colchado vinculó el proceso con su trayectoria contra redes criminales y de corrupción. “Vengo enfrentando por años al crimen organizado y a la corrupción, investigando incluso a quienes han concentrado el poder. Mi lucha contra la corrupción no cambiará por una denuncia, menos ahora, como autoridad”, escribió.
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La acusación de la Fiscalía
Según Latina Noticias, el Ministerio Público presentó la acusación a través de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, en su Cuarto Despacho. La fiscalía sostiene que los dos hechos imputados son independientes y, por esa razón, aplicó las reglas del concurso real para solicitar una pena acumulada de 9 años y cuatro meses, además de 241 días multa por el cargo de falsedad ideológica.
La acusación también alcanza a Clara Elizabeth Ramírez Benites y a Víctor Elvis Ocmin Vargas, y quedó a cargo del 30.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima especializado en delitos de corrupción de funcionarios.
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La imputación central contra Colchado se divide en dos frentes: la fiscalía lo señala como presunto cómplice del delito de negociación incompatible en agravio del Estado y como presunto autor del delito de falsedad ideológica. Si la acusación prospera, afrontaría cinco años y cuatro meses por el primer cargo y cuatro años por el segundo.
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