El sábado 1 de agosto, un operativo realizado por agentes del Departamento Desconcentrado Contra la Corrupción de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) Chiclayo culminó con la detención del comandante FAP Manuel Eduardo Rodríguez Barrera, jefe del Grupo Aéreo N° 6, y de su chofer, el técnico Miguel Saavedra, tras sorprenderlos en el presunto uso indebido de un vehículo oficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para acudir a una discoteca en la urbanización Santa Victoria.
Según el reporte al que accedió La República, los agentes detectaron la presencia irregular de la camioneta oficial, una Volkswagen Amarok de placa ALN-787, propiedad del Ministerio de Defensa, en la cuadra 7 de la calle Santa Victoria, a pocos metros de la discoteca “Épico”.
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La intervención ocurrió al constatar que el vehículo permanecía estacionado fuera del horario laboral y sin registro de comisión de servicio. Poco después, la unidad fue puesta en marcha y trasladada a la calle Los Mirtos, donde los efectivos procedieron a intervenir a los ocupantes.
Fue ubicado en un lugar nocturno
Durante la intervención, los agentes observaron al comandante Rodríguez Barrera compartiendo una mesa junto a otras personas, con bebidas alcohólicas en el lugar. El chofer Saavedra Cabrejos, trabajador civil de la FAP, reconoció su responsabilidad en el traslado del jefe militar hasta el local nocturno.
Según la documentación policial, ambos quedaron detenidos ante la sospecha de haber empleado un bien del Estado para fines personales, en aparente violación de la normativa sobre el uso de recursos públicos.
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El caso fue puesto de inmediato en conocimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que asumió la investigación bajo la figura de presunto peculado de uso. Esta tipificación legal sanciona la utilización de bienes estatales para actividades ajenas a la función pública. Las diligencias incluyen la revisión de los registros del vehículo, las declaraciones de los involucrados y la verificación de eventuales responsabilidades administrativas y penales.
El desarrollo de las investigaciones determinará si existen agravantes o eventuales responsabilidades adicionales dentro de la cadena de mando militar.
Alcande del delito
El uso de bienes públicos para fines ajenos a la función estatal constituye un delito conocido como peculado. Se produce cuando un funcionario, aprovechando su cargo, emplea o se apropia de recursos, vehículos, dinero o cualquier otro bien perteneciente al Estado, ya sea para beneficio propio o de terceros. Este acto afecta directamente al patrimonio estatal y representa una falta grave a la confianza y responsabilidad asignadas a los servidores públicos.
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El peculado puede presentarse en dos formas principales. En el peculado doloso, el funcionario actúa con plena conciencia y voluntad de aprovecharse, utilizando o apropiándose de bienes públicos para sí o para otra persona. En cambio, el peculado culposo surge cuando, por negligencia o descuido, el funcionario permite que otros sustraigan recursos estatales, sin haber tomado las medidas necesarias para evitarlo.
Las consecuencias legales para quienes cometen peculado son severas. En el caso doloso, la ley contempla una pena privativa de libertad que oscila entre 4 y 8 años, además de inhabilitación y multas económicas. Si el monto involucrado supera las 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), la pena se incrementa, llegando hasta 12 años de prisión.
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