
El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori dispuso que un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú sea destinado a la repatriación de ciudadanos peruanos en situación de vulnerabilidad afectados por el terremoto ocurrido en La Guaira, Venezuela, el pasado 24 de julio.
Según lo reportado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la aeronave despegó el domingo desde la Base Aérea del Callao Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias en un acto presidido por el titular de la Cancillería, Carlos Espá; junto al ministro de Defensa, Rafael Belaunde; el ministro del Interior, César Astudillo; y el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, quien se encuentra encargado del despacho de Justicia y Derechos Humanos durante la ausencia de su titular, Ernesto Álvarez Miranda.
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La Cancillería precisó que el grupo a repatriar está compuesto por adultos mayores, madres con hijos y familiares directos que perdieron sus pertenencias a causa del sismo y solicitaron formalmente su retorno. El ministro Espá afirmó que la operación se ejecutó en coordinación con autoridades venezolanas y la enmarcó en el acuerdo alcanzado hace pocos días para reactivar progresivamente las relaciones entre ambos países, con prioridad en las consulares para atender a miles de peruanos residentes en ese territorio.

La aeronave no partió vacía hacia Venezuela. El traslado incluyó a tres ciudadanos venezolanos expulsados por el Estado peruano, identificados como integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, quienes cumplieron condena en el país y tienen requisitoria en su nación.
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Los tres ciudadanos expulsados fueron identificados como Edinson Agustín Barrera, conocido con el alias de Catire; Rodismel José Alcántara Brito, alias Rody; y Rafael Zorrilla Velásquez, alias Rafa. Los tres fueron trasladados bajo un fuerte resguardo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta la aeronave militar que partió desde el Callao rumbo a Venezuela.
El canciller Carlos Espá sostuvo ante la prensa que ellos deberán responder ante la justicia venezolana “para evitar que los peruanos, ni siquiera por un minuto, estén a merced o bajo el peligro de estos delincuentes”.
Según informaron representantes del Ejecutivo, el procedimiento forma parte de una estrategia para reforzar la seguridad ciudadana y evitar que delincuentes extranjeros vuelvan a integrarse a redes criminales tras recuperar su libertad. Además del operativo de expulsión, las autoridades adelantaron que se preparan nuevos procesos migratorios para otros reclusos extranjeros que ya cumplieron sus condenas y mantienen procesos pendientes en sus países de origen.
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Durante su intervención, el ministro del Interior, César Astudillo,afirmó que existen más casos en trámite y aseguró que el Gobierno continuará impulsando la expulsión de ciudadanos extranjeros que hayan cumplido sus condenas y cuenten con requerimientos judiciales en sus países de origen.
El titular del sector explicó que la prioridad será retirar del país a quienes tengan procesos pendientes en sus lugares de procedencia, con el objetivo de evitar que regresen al Perú una vez recuperada su libertad. Añadió que, en caso alguno de ellos intente reingresar, las alertas migratorias permitirán proceder con su inmediata intervención.
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