Keiko Fujimori gestionó una visita a Alejandro Toledo antes de que pidiera el indulto: “Es una persona con salud deteriorada”

El ministro Juan Sheput reveló que recibió la solicitud de la presidenta, motivada por su preocupación ante la situación del exgobernante, recluido en el penal de Barbadillo

Alejandro Toledo
Keiko Fujimori pidió a Juan Sheput visitar a Alejandro Toledo antes de asumir la Presidencia, con el objetivo de conocer su estado de salud, según reveló el ministro de Trabajo
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El ministro de Trabajo, Juan Sheput, reveló este domingo que la presidenta Keiko Fujimori le solicitó visitar al exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), quien cumple dos condenas por sobornos y lavado de dinero vinculados a la empresa brasileña Odebrecht, con el objetivo de conocer su estado de salud.

Sin precisar cuándo recibió esa disposición, Sheput afirmó que el pedido refleja una actitud sensible de la jefa de Estado frente a la situación del exgobernante, aunque remarcó que cualquier decisión ahora deberá ajustarse al marco legal.

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“Ella fue la que me pidió que visitara en su momento a Alejandro Toledo cuando no era presidenta y cuando estábamos simplemente en un evento particular”, declaró en diálogo con Panamericana TV.

“Ha tenido un sentido humanitario, pero hoy, como presidenta del Perú, tiene que actuar como una mujer de Estado”, agregó al mencionar que vio a “una persona con la salud deteriorada”.

El funcionario también señaló que la situación de Toledo, recluido actualmente en el penal de Barbadillo, debe evaluarse con “respeto a la separación de poderes” y sin trasladar el debate al ámbito político mediante los medios de comunicación.

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Sheput afirmó que la solicitud reflejó una preocupación humanitaria de la mandataria, aunque remarcó que cualquier medida sobre el exgobernante debe cumplir los procedimientos legales
Sheput afirmó que la solicitud reflejó una preocupación humanitaria de la mandataria, aunque remarcó que cualquier medida sobre el exgobernante debe cumplir los procedimientos legales

“Creo yo más bien que este trato tiene que hacerse a través de los canales legales adecuados”, manifestó, justo cuando el exmandatario ha pedido el derecho de gracia presidencial para dejar la cárcel por motivos humanitarios.

Sheput indicó que el tema, por ahora, no ha sido abordado en el Ejecutivo y aseguró que la presidenta ha expresado que cualquier determinación se adoptará conforme a la ley.

“La preocupación de la presidenta tiene que ver con otros asuntos como el fenómeno del Niño, la seguridad ciudadana, los eventos que han pasado en Junín. Pero ella en algún momento manifestó que todo se va a hacer de acuerdo a la ley”, indicó.

Asimismo, consideró que el caso del exgobernante debe analizarse sin deshumanizar la justicia, pero dentro de los procedimientos establecidos, y añadió que el titular de Justicia, Ernesto Álvarez, será quien detalle los aspectos relacionados con el proceso. “La justicia no debe deshumanizarse”, sostuvo.

El pedido

Toledo sustentó su solicitud en una ley aprobada en 2024 por el actual Congreso, que permite a las personas mayores de 80 años cumplir sus condenas bajo comparecencia o arresto domiciliario por razones humanitarias.

“Tengo 81 años. Mi salud se ha deteriorado gravemente en prisión. Los médicos me han advertido que un infarto o un derrame pueden ocurrir en cualquier momento”, sostuvo en su carta.

Juan Sheput
Toledo solicitó un beneficio por razones humanitarias al amparo de una norma que permite a mayores de 80 años acceder a medidas alternativas de cumplimiento de condena por motivos de salud

Añadió que su pedido “no es un acto de rendición, es un acto de justicia” y expresó su confianza en que las autoridades evaluarán su “caso con objetividad y humanidad”.

El proceso judicial contra el exmandatario comenzó en 2016, tras revelarse el escándalo de sobornos y pagos irregulares de Odebrecht en distintos países de Latinoamérica. Sin embargo, ingresó a prisión recién en 2023, luego de concretarse su extradición desde Estados Unidos, donde residía junto a su esposa, Eliane Karp.

Desde entonces, permanece recluido en Barbadilllo tras haber sido condenado en 2024 a 20 años y 6 meses de prisión por los sobornos recibidos de esa firma, mientras que en 2025 recibió otra sentencia a 13 años y 4 meses de cárcel por las compras inmobiliarias que hizo en Perú con ese dinero.

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