Ejecutivo buscaría reducir la planilla estatal ofreciendo cuantiosa indemnización a trabajadores que renuncien

Un gran cambio se vendría a sector público. El gobierno de Keiko Fujimori planearía pedir facultades para legislar al Congreso también para empezar la modernización del servicio civil, que incluiría un ordenamiento de la planilla estatal.

Dentro del documento preliminar, el ‘borrador’, de la exposición de motivos del pedido de facultades que plantearía el Ejecutivo al Congreso se incluye la visión del gobierno sobre el sector estatal y las propuesta para el ‘ordenamiento’ de los trabajadores, que iría de la mano con un cese de servidores públicos, pero supuestamente pactado con ellos, en base a la entrega de incentivos si deciden cesar. En pocas palabras, se habla de indemnizarlos con un esquema similar al de los trabajadores bajo el decreto legislativo 728, norma que regula el régimen laboral de la actividad privada.

“La propuesta incluye un incentivo voluntario que se ofrecería solo a quienes decidan libremente acogerse a una salida dentro del Estado, tomando como parámetro de cálculo la indemnización que en el régimen del Decreto Legislativo 728 opera como resarcimiento frente al cese. Al ser una oferta que el servidor acepta o rechaza, la medida no configura una remoción forzosa ni una desvinculación unilateral, sino un instrumento de reordenamiento que compensa la trayectoria de quien opta por retirarse”, señala textualmente la propuesta que se considera.

La propuesta para reducir la planilla estatal

Vamos por partes. El gobierno de Keiko Fujimori busca modernizar el servicio civil. En sus palabras, hacerlo más meritocrático y eficiente. Para esto tienen los siguientes ejes:

• Fortalecer la meritocracia como eje del servicio civil, promover y reconocer el mérito en los ascensos, las capacitaciones y demás acciones de personal, así como restablecer estándares rigurosos de idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública, especialmente para directivos y personal de confianza
• En segundo lugar, reorganizar los procesos, estructuras, funciones y demás componentes organizativos de las entidades para la mejor prestación de los servicios públicos
• Reorganizar los recursos humanos del Estado para optimizar la estructura de las entidades públicas, sincerar las plazas efectivamente necesarias y ordenar la coexistencia de los distintos regímenes laborales vigentes.

Es decir, aplicar una meritocracia rigurosa, reorganizar las instituciones y reordenar a los servidores públicos. Sobre este último punto es que el gobierno planearía un mecanismo para reducir la planilla estatal, con un incentivo monetario para quienes decidan renunciar.

Se habla de un incentivo voluntario. Es decir, que de primeras no se obligaría a los trabajadores a renunciar, pero estos serían motivados por el incentivo que el Gobierno ofrecería.

Según el texto ‘borrador’, este incentivo tomaría como “parámetro de cálculo la indemnización que en el régimen del Decreto Legislativo 728 opera como resarcimiento frente al cese”.

Como se sabe, la indemnización por despido arbitrario en este régimen equivale a 1,5 remuneraciones por cada año de servicio, con un tope máximo de 12 sueldos (es decir, ocho años de servicios considerados máximo). Para una muestra, si el servidor público gana S/5.000 y ha laborado al menos ocho años, se le ofrecería una indemnización S/60 mil para renunciar a su puesto.

Sin embargo, el texto incide en que esto solo sería “una oferta que el servidor acepta o rechaza, la medida no configura una remoción forzosa ni una desvinculación unilateral, sino un instrumento de reordenamiento que compensa la trayectoria de quien opta por retirarse”.

Se mencionan a todos los regímenes

“El ordenamiento del empleo público es una materia idónea para ser abordada mediante decreto legislativo, por tratarse de una regulación técnica, específica y acotada que exige uniformidad normativa y celeridad. La convivencia de múltiples regímenes laborales dentro de una misma entidad (fruto de décadas de contratación sucesiva bajo los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057) ha generado una planilla heterogénea, con reglas dispares en derechos, beneficios y protección frente al cese”, aclara el texto.

Así, esta delegación de facultades legislativas permitirá “al Ejecutivo introducir, dentro del marco de la ley autoritativa y sujeto al control político posterior del Congreso previsto en la Constitución, instrumentos ordenados y homogéneos para racionalizar esa estructura sin afectar la continuidad del servicio público”.

De esta manera, se buscaría aplicar esto a los regímenes mencionados, tentativamente:

• El régimen de la carrera administrativa del Decreto Legislativo 276
• El régimen laboral de la actividad privada del Decreto Legislativo 728
• El régimen especial de contratación administrativa de servicios del Decreto Legislativo 1057
• El régimen del servicio civil de la Ley 30057.