La Dirección de Defensa Gremial del Colegio de Abogados de Lima (CAL) interpuso una denuncia penal contra la fiscal suprema Patricia Benavides por la presunta comisión del delito de ejercicio ilegal de la profesión de abogada.
La denuncia fue formulada debido a que Benavides Vargas habría hecho caso omiso a la medida cautelar emitida por el Consejo de Ética de la orden que la suspendió por 6 meses del ejercicio profesional.
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“Con fecha 21 de mayo de 2026 se formuló denuncia penal contra la señora Liz Patricia Benavides Vargas por la presunta comisión del delito de ejercicio ilegal de la profesión, en agravio del Colegio de Abogados de Lima, la cual dio origen a la Carpeta Fiscal N° 201-2026″, informó la Dirección de Defensa Gremial en una carta difundida por Epicentro TV.
De acuerdo con la referida misiva, el 1 de julio, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación “dispuso que se emitirá, a la brevedad posible, la disposición fiscal correspondiente; en consecuencia, la mencionada carpeta fiscal se encuentra actualmente pendiente del pronunciamiento fiscal respectivo”.
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Como se recuerda, en enero de 2026, el Consejo de Ética determinó que Benavides incurrió en una falta grave al interferir presuntamente en un caso judicial que involucraba a su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas.
Durante el concurso público para la selección de fiscales supremos en 2022, Benavides se comprometió públicamente a no intervenir en investigaciones relacionadas con familiares. Sin embargo, tras ser nombrada fiscal de la Nación en julio de 2022, dispuso el cese de Bersabeth Revilla, la fiscal que investigaba a su hermana por presuntos delitos de cohecho y asociación ilícita.
El Consejo concluyó que esa conducta vulneró los principios de legalidad, veracidad, transparencia, probidad y buena fe que rigen la profesión, y la calificó como infracción al Código de Ética del Abogado.
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Blindada por la JNJ
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió no imponer sanción disciplinaria alguna a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides por el cese de la fiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, quien investigaba a la jueza superior Enma Benavides —hermana de Patricia— por presuntos sobornos vinculados al tráfico ilícito de drogas.
La decisión fue impulsada por el consejero Rafael Ruíz Hidalgo, quien presentó una ponencia que propuso absolver a Patricia Benavides, a su hermana Enma y a la fiscal Azucena Solari de todos los cargos. Los consejeros Cayo Galindo, Germán Serkovic, Gino Ríos y Víctor Chanduví respaldaron la propuesta. La presidenta del organismo, María Teresa Cabrera, no participó por haber sido instructora del caso.
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Ruíz Hidalgo argumentó que la renuncia voluntaria de Revilla al Ministerio Público, sin mención de amenazas en su carta de dimisión, elimina la posibilidad de calificar su salida como una remoción forzada. Además, defendió el informe de productividad fiscal que Benavides usó para cesar a Revilla, a pesar de que la propia JNJ reconoció hace un año que ese documento contenía datos inexactos.
La resolución contradice un fallo previo del mismo organismo: en junio de 2025, la JNJ suspendió por 60 días a Benavides por el cese del fiscal Luis Zapata, adjunto de Revilla, quien fue removido con la misma resolución y bajo el mismo argumento de baja productividad. En aquella ocasión, los consejeros determinaron que el cese fue inmotivado. Ahora, ante un caso de idéntica naturaleza, el cuerpo colegiado llegó a la conclusión opuesta y absolvió a la exfiscal de la Nación.
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Favorecida
La exfiscal de la Nación Patricia Benavides acumuló dos nuevos cargos en el Ministerio Público en julio de 2026. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, la designó primera coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Flagrancia Delictiva mediante la resolución 1967-2026-MP-FN, publicada en el diario oficial El Peruano. En ese rol, Benavides deberá dirigir, supervisar y estandarizar criterios de actuación entre las fiscalías del sistema de justicia especializado en flagrancia.
De forma paralela, la Junta de Fiscales Supremos la eligió por unanimidad como representante del Ministerio Público ante el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura (AMAG) para el período 2026-2028, en reemplazo de Luis Arce Córdova.
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