Keiko Fujimori y sus facultades legislativas: esta es la ruta que tomará el trámite de sus facultades legislativas en el nuevo Congreso

El gobierno de Keiko Fujimori busca un avance clave en su agenda: obtener la delegación de facultades legislativas por 120 días en materias de seguridad, economía y reforma del Estado. La solicitud, preparada para ser revisada en el Consejo de Ministros, inicia un trámite inédito bajo la nueva estructura bicameral del Congreso peruano. Según el cronograma parlamentario, la decisión podría conocerse recién entre mediados y fines de septiembre debido a los nuevos filtros y tiempos que impone el sistema de dos cámaras.

El proceso legislativo se complica por la necesidad de que el pedido transite primero por la Cámara de Diputados y luego por el Senado, cuyas comisiones aún están pendientes de conformación. La Comisión de Constitución del Senado dispone de hasta 90 días hábiles para dictaminar la autógrafa que reciba desde la cámara baja. Esta dinámica introduce una doble negociación política y la posibilidad de que el texto original sufra cambios o recortes antes de su aprobación final.

Los ministros Juan Sheput (Trabajo y Promoción del Empleo) y Marco Vinelli (Desarrollo Agrario y Riego) confirmaron la revisión del proyecto, que todavía no cuenta con respaldo unánime dentro del gabinete. Según lo anticipado, la discusión interna se centra en priorizar medidas para enfrentar la inseguridad ciudadana y el impacto del fenómeno de El Niño.

Medidas propuestas y temas en debate

El borrador inicial del proyecto contempla entregar la dirección de los penales a las Fuerzas Armadas, permitir la administración privada de cárceles, impulsar una reforma del Estado con fusión y disolución de organismos, y aprobar un paquete de flexibilización laboral. Entre los puntos más sensibles destaca la intención de “corregir defectos de la regulación actual” en materia laboral, lo que ha generado controversia al interpretarse como una puerta a la flexibilización de derechos laborales.

Sobre el régimen de trabajo juvenil, Keiko Fujimori negó que se recorten derechos y enfatizó: “Ningún derecho laboral va a ser recortado, eso es lo que yo quiero señalar, lo he dicho en el Mensaje a la Nación y lo vuelvo a señalar con claridad hoy”. El ministro Sheput también se distanció de versiones filtradas que planteaban modificaciones a los feriados: “Discutir en base a un borrador es irresponsable. No es la versión definitiva”, afirmó, atribuyendo la filtración a equipos administrativos de la gestión anterior.

El Consejo de Ministros prevé aprobar en breve los primeros decretos de urgencia para atender emergencias climáticas, mientras ajusta el texto definitivo que presentará al Congreso. El Ejecutivo sostiene que cualquier modificación laboral se hará “respetando los derechos laborales”, según declaraciones de Sheput.

Posturas en el Congreso: consensos y advertencias

El presidente del Congreso, Miguel Torres, pidió esperar a que el Consejo de Ministros termine de elaborar la solicitud. Destacó la necesidad de unidad parlamentaria frente a la criminalidad. Desde Fuerza Popular, la senadora Patricia Juárez indicó que aún falta completar la conformación y distribución de comisiones, pero existe voluntad política para dar celeridad al trámite.

En la oposición, el senador Jaime Delgado (Ahora Nación) consideró “muy exagerada” la pretensión del Ejecutivo y advirtió: “Quieren reformar todo el Estado y una delegación de facultades tiene que ser acotada y específica. No se trata de dar un cheque en blanco”. El diputado Ernesto Zunini (Juntos por el Perú) alertó que la delegación podría utilizarse para aprobar despidos masivos y exoneraciones tributarias, y recordó que el Ejecutivo ya puede recurrir a decretos de urgencia para temas vinculados a El Niño.

En el pódcast “Versus”, el senador Flavio Figallo (Partido de Buen Gobierno) subrayó la amplitud del borrador y sostuvo que los cambios sobre el Código Penal, normas ambientales y legislación laboral requieren discusión profunda en el Congreso. En tanto, desde Renovación Popular, el senador Francisco Calisto Giampietri defendió la necesidad de modificaciones en seguridad, al tiempo que su bancada respaldará la propuesta sin otorgar un cheque en blanco.

El trámite bicameral: tiempos, filtros y doble negociación

Especialistas en derecho parlamentario como Martin Cabrera y Alejandro Rospigliosi estiman que la decisión del Congreso podría tardar cerca de dos meses. Cabrera explicó que, a diferencia del sistema unicameral, el Ejecutivo ahora debe negociar con dos mesas directivas, dos juntas de portavoces y dos correlaciones de fuerzas políticas. Rospigliosi recordó que la instalación de comisiones recién se espera para mediados de agosto, lo que condiciona el calendario.

El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados debe pasar al Senado, donde “desaparece la vía exprés”, según Cabrera. En el sistema anterior, la Junta de Portavoces podía exonerar la comisión, la publicación y la segunda votación con el respaldo de tres quintos, permitiendo aprobar delegaciones en pocos días. Ahora, el Senado puede modificar el dictamen siempre que alcance la mitad más uno de sus miembros legales, es decir, al menos 31 senadores.

Rospigliosi valoró que, en un escenario de empate, podría cobrar relevancia el voto dirimente del presidente del Congreso. Cabrera, por su parte, planteó la duda sobre si ese umbral debe entenderse como número absoluto o si el voto dirimente aplica en igualdad de votos.

Reglamento y etapas formales del pedido de facultades

El artículo 108 del reglamento de la Cámara de Diputados establece que el presidente de la República puede presentar un proyecto de delegación de facultades indicando materia específica y plazo. La solicitud no puede incluir reformas constitucionales, tratados internacionales, leyes orgánicas ni ley de presupuesto. La Oficialía Mayor verifica los requisitos y remite el proyecto a las comisiones correspondientes, en este caso Constitución y, posiblemente, Economía y Finanzas.

El artículo 116 otorga carácter de urgencia a las iniciativas legislativas de la Presidencia de la República. La Junta de Portavoces puede calificarlas de “urgencia”, exonerando el envío a comisiones y la publicación del dictamen con el acuerdo de tres quintos de sus miembros representados. Si sigue el trámite ordinario, el dictamen debe publicarse siete días antes de ir al pleno y se vota por mayoría simple. Luego, el texto pasa al Senado en un máximo de 15 días hábiles, o cinco si fue por la vía de urgencia.

La Comisión de Constitución del Senado dispone de hasta 90 días hábiles para dictaminar la autógrafa. El pleno, integrado por 60 miembros, necesita 31 votos para aprobar cambios o rechazar el texto. Si el Senado no revisa el proyecto en el plazo, la Cámara de Diputados puede remitirlo al presidente del Congreso para su envío al Ejecutivo, que tiene 15 días hábiles para promulgarlo u observarlo.

Finalmente, el artículo 160 del reglamento del Senado habilita un control posterior sobre los decretos legislativos que emita el gobierno bajo facultades delegadas. La cámara alta puede verificar que las medidas no contradigan la Constitución ni regulen materias no transferidas, y el Congreso queda facultado para modificarlas o derogarlas si exceden la delegación recibida.