
Las autoridades intervinieron dos inmuebles en Loreto que, presuntamente, eran utilizados para el acopio y procesamiento de sustancias ilícitas en una zona de frontera. Durante el operativo se halló un laboratorio clandestino, grandes cantidades de pasta básica de cocaína (PBC), clorhidrato de cocaína, armamento de largo alcance e insumos químicos empleados para la elaboración de drogas.
La operación, denominada “Rayo”, fue ejecutada en las inmediaciones de la comunidad nativa San José de Yanayacu, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, con la participación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID), el Comando Unificado del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (CU-PUMA), la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional del Perú (PNP). Según las autoridades, la intervención generó pérdidas estimadas en S/ 1,8 millones para la organización criminal que operaría en la zona.
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Laboratorio clandestino, más de 180 kilos de cocaína y armas de largo alcance fueron decomisados en Loreto

Las diligencias permitieron identificar dos predios que, de acuerdo con las investigaciones fiscales, eran utilizados por una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas. Uno de los inmuebles funcionaba como un laboratorio clandestino donde se realizaban actividades de procesamiento de estupefacientes antes de su traslado hacia otros puntos del país o del extranjero.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, los ocupantes abandonaron ambos inmuebles al detectar la llegada de las fuerzas del orden. Esta situación permitió que fiscales y agentes especializados aseguraran la escena y ejecutaran las diligencias correspondientes para la recolección de evidencias sin registrarse enfrentamientos.
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Como resultado del operativo, las autoridades incautaron aproximadamente 180 kilogramos de pasta básica de cocaína (PBC) y seis kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de diversos insumos químicos empleados en el procesamiento de las sustancias ilegales.
El despliegue también permitió decomisar un importante arsenal que permanecía dentro de los inmuebles intervenidos. Entre el material incautado figuran fusiles, pistolas, escopetas y municiones de distintos calibres, elementos que, según las autoridades, formaban parte de la logística utilizada por la organización criminal para resguardar sus operaciones.
A ello se suman motores fuera de borda, balanzas y equipos utilizados para el almacenamiento, pesaje y transporte de la droga. Todo este material fue puesto bajo custodia como parte de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía para identificar a los responsables de estas actividades ilícitas.
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Las autoridades estiman que la incautación de la droga, el armamento y los equipos representa un perjuicio económico cercano a S/ 1,8 millones para la estructura criminal que operaba en esta zona de Loreto, una región considerada estratégica debido a su ubicación fronteriza y a las rutas empleadas por organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Minería ilegal y narcotráfico operan como una sola red criminal en la Amazonía peruana

Un informe elaborado por Amazon Watch advierte que la minería ilegal y el narcotráfico han dejado de actuar como actividades independientes para conformar una estructura criminal integrada. La investigación señala que, entre 2014 y 2024, estas economías ilícitas movilizaron alrededor de US$ 13.341 millones en el país, de los cuales US$ 7.810 millones corresponderían a la extracción ilegal de oro, superando incluso las ganancias atribuidas al tráfico de drogas.
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El estudio explica que ambas actividades se complementan financieramente: el dinero generado por el narcotráfico serviría para financiar operaciones mineras ilegales en zonas remotas, mientras que el oro extraído de manera ilícita sería utilizado para lavar activos. Además, identifica como corredores estratégicos para estas organizaciones a la Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia, el eje Ucayali-Huánuco, la Cordillera del Cóndor y distintas áreas de Madre de Dios.
La investigación también alerta sobre el impacto de estas redes en los territorios indígenas. Solo en 2024 se registraron 12.274 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas, una superficie que representa un incremento del 147% respecto a 2018. A ello se suma la superposición de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas con zonas vinculadas a la actividad cocalera y más de 13.000 derechos mineros ubicados en áreas donde habitan comunidades amazónicas.
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