Minería ilegal y narcotráfico forman peligrosa alianza en la Amazonía peruana: operan como una sola red criminal, según informe

La expansión de las economías ilícitas en la Amazonía peruana ha alcanzado un nivel que preocupa a especialistas, organizaciones indígenas y analistas de seguridad. Un reciente informe advierte que actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de tierras ya no funcionan de manera independiente, sino que se han articulado en una estructura criminal que gana presencia en amplias zonas del país y que amenaza la gobernabilidad en territorios amazónicos.

El estudio, denominado La encrucijada amazónica: decisiones urgentes o consolidación del poder criminal en el Perú, fue elaborado por Amazon Watch junto a organizaciones indígenas y presentado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El documento plantea que el próximo gobierno enfrentará uno de los mayores desafíos de seguridad de los últimos años, debido al fortalecimiento de redes ilícitas que han logrado expandirse aprovechando la débil presencia estatal y los vacíos institucionales existentes en varias regiones amazónicas.

Minería ilegal y narcotráfico consolidan un sistema de “narcocapitalismo” en la Amazonía

Uno de los hallazgos más relevantes del informe señala que el narcotráfico y la minería ilegal han evolucionado hacia un sistema económico interdependiente que los investigadores describen como una forma de “narcocapitalismo”.

Según el documento, entre 2014 y 2024 las economías ilegales movilizaron al menos US$ 13.341 millones en el Perú. De ese total, la minería ilegal habría generado aproximadamente US$ 7.810 millones, superando incluso a los ingresos vinculados al tráfico de drogas.

Los especialistas explican que ambas actividades se complementan. Por un lado, los recursos obtenidos por el narcotráfico permiten financiar operaciones extractivas ilegales en zonas remotas. Por otro, el oro extraído ilegalmente se ha convertido en uno de los principales mecanismos para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.

El informe también identifica zonas consideradas estratégicas para estas organizaciones criminales. Entre ellas figuran el corredor Ucayali-Huánuco, la Cordillera del Cóndor, la denominada Triple Frontera entre Perú, Brasil y Colombia, así como diversas áreas de Madre de Dios, una región históricamente afectada por la minería ilegal.

La investigación advierte además sobre la presencia de organizaciones criminales transnacionales que buscan ampliar sus operaciones en territorio peruano. Entre ellas menciona a las disidencias de las FARC, el Comando Vermelho y el Primer Comando da Capital, grupos que tendrían interés en fortalecer rutas y actividades ilícitas vinculadas al mercado internacional de drogas y minerales.

Otro factor que facilita la expansión de estas redes es la utilización de infraestructura compartida. Pistas de aterrizaje clandestinas, rutas fluviales y carreteras rurales son empleadas para movilizar drogas, combustible, maquinaria y oro, dificultando las labores de control y fiscalización.

Comunidades indígenas enfrentan violencia, deforestación y expansión de cultivos de coca

El informe sostiene que los territorios indígenas se han convertido en uno de los principales escenarios de esta expansión criminal. Los datos recopilados muestran que en 2024 se identificaron 12.274 hectáreas de cultivos de coca dentro de comunidades nativas tituladas.

La cifra representa un crecimiento significativo respecto a años anteriores. Entre 2018 y 2024, la superficie cultivada con coca dentro de territorios indígenas aumentó 147%, reflejando el avance de las economías ilegales hacia zonas tradicionalmente habitadas por pueblos amazónicos.

Además, los investigadores identificaron una superposición de más de 3,3 millones de hectáreas de territorios indígenas con áreas vinculadas a la actividad cocalera. A ello se suma la existencia de más de 13.000 derechos mineros ubicados en espacios donde también existen comunidades indígenas.

La situación también tiene impactos ambientales. El documento estima que la minería ilegal ha provocado la deforestación de al menos 47.350 hectáreas de bosques amazónicos, mientras que diversas comunidades reportan niveles preocupantes de contaminación por mercurio.

El reporte alerta igualmente sobre el incremento de la violencia contra dirigentes indígenas. De acuerdo con registros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, entre 2013 y 2026 fueron asesinados 35 líderes indígenas en contextos relacionados con conflictos territoriales y actividades ilícitas. La mayoría de estos casos continúa sin llegar a juicio.

Las mujeres indígenas también enfrentan riesgos adicionales asociados a la presencia de economías ilegales, incluyendo restricciones a su movilidad, violencia sexual y trata de personas.

Frente a este escenario, diversas organizaciones indígenas han impulsado mecanismos de vigilancia y autoprotección. El informe destaca experiencias como la Guardia Kakataibo, la Guardia Shipibo en Ucayali y el Sistema de Seguridad Indígena Amazónica en Junín, iniciativas que realizan patrullajes territoriales, monitoreo comunitario y acciones de alerta frente al ingreso de actores vinculados a actividades ilegales.

Los autores del estudio también cuestionan algunas reformas legislativas aprobadas en los últimos años, las cuales —según señalan— habrían debilitado la capacidad del Estado para perseguir organizaciones criminales y controlar actividades extractivas irregulares. Entre los puntos observados figuran modificaciones normativas relacionadas con investigaciones penales, formalización minera y regulación forestal.

Ante el avance de estas redes criminales, el informe plantea una agenda prioritaria para los primeros 100 días del próximo gobierno. Entre las principales recomendaciones figuran recuperar la presencia estatal en las zonas más afectadas, fortalecer la coordinación entre instituciones encargadas de la seguridad, mejorar la trazabilidad del oro, impulsar la titulación de territorios indígenas y promover una mayor cooperación con las comunidades amazónicas para enfrentar el crecimiento del crimen organizado, la minería ilegal y el narcotráfico en la región.