MiPerú, la nueva billetera digital estatal que alojará el DNI electrónico en tu celular: esta es la propuesta del Ejecutivo

Dentro de los ejes de modernización y transformación digital del Estado, especificados en el proyecto de ley para solicitar al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas, la iniciativa gubernamental contempla la creación de MiPerú, una nueva billetera digital que servirá como soporte principal del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) en teléfonos móviles. Este aplicativo busca permitir a la ciudadanía interactuar de forma segura con entidades públicas y privadas, además de facilitar el intercambio de información personal.

La propuesta legislativa forma parte de una estrategia integral orientada a resolver problemas estructurales del país, como la informalidad laboral que alcanza al 70,2% de la población ocupada y el hacinamiento penitenciario del 148%. A través de esta ley autoritativa, el Gobierno plantea ejecutar reformas clave en seguridad ciudadana, promoción de las micro y pequeñas empresas, empleo, simplificación administrativa, desarrollo productivo, materia tributaria y modernización del aparato estatal.

Integración digital y servicios para el ciudadano

El desarrollo de MiPerú se enmarca en la estrategia denominada Infraestructura Pública Digital (DPI, por sus siglas en inglés), sustentada en la identidad digital, la interoperabilidad de pagos y el intercambio de datos entre instituciones. Junto con esta billetera digital estatal, el proyecto del Ejecutivo plantea la implementación de “Pensión 65 Proactiva”, un mecanismo automatizado dirigido a personas de 65 años o más. A través de esta herramienta, los adultos mayores calificados recibirán información directamente en sus celulares para registrarse como pensionistas y cobrar sus subvenciones de manera directa y simplificada.

Para sostener tecnológicamente estas soluciones, el Gobierno proyecta transformar la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital en un programa con mayor autonomía presupuestaria y atribuciones normativas. Esta instancia estará bajo la rectoría de una Comisión multisectorial integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva del Perú, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs, los gobiernos subnacionales y el sector privado. El plan requiere modificar diversos marcos normativos como la Ley de Gobierno Digital.

Impulso a la formalización y facilidades para las MYPE

En el ámbito del emprendimiento, el proyecto del Ejecutivo crea el producto Licencia 0, diseñado específicamente para las micro y pequeñas empresas. Esta herramienta busca centralizar en una plataforma digital única la obtención de autorizaciones y la acreditación de requisitos operativos, reduciendo las trabas burocráticas. Las MYPE componen el 99,3% del ecosistema empresarial formal en el Perú, empleando a 10,5 millones de trabajadores. Sin embargo, la informalidad empresarial se sitúa en un 86,8%, fenómeno agravado por costos complicados y la inseguridad ciudadana.

Adicionalmente, el Ejecutivo propone la creación de un Nuevo Régimen Pro-Formalización que reemplace la fragmentación tributaria actual por un esquema progresivo con un impuesto a la renta único de tasas marginales crecientes. Del mismo modo, se busca corregir el régimen de las Sociedades Anónimas Cerradas Simplificadas (SACS), las cuales representaron menos del 0,5% de las empresas constituidas entre 2021 y 2024 debido a barreras en el uso de la firma digital. La iniciativa complementa estas acciones con el saneamiento de la propiedad e independización inmobiliaria.

Reformas en seguridad ciudadana y empleo

En materia de seguridad interna, la iniciativa se plantea en una coyuntura donde la tasa de homicidios alcanzó una estimación de 10,7 por cada 100.000 habitantes en 2025, sumada a más de 25.000 denuncias por extorsión. Frente a este escenario, la solicitud de facultades busca optimizar el Código Penal y el Código Procesal Penal, además de regular la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en el control y seguridad del sistema penitenciario. La población privada de libertad asciende a 103.757 personas en 69 penales diseñados solo para 41.764.

Finalmente, en materia de trabajo, el Ejecutivo busca atender la problemática del empleo juvenil, dado que el 84,8% de los ocupados entre 14 y 24 años trabaja en la informalidad. Entre las medidas destacan la revisión de los feriados no laborables para elevar la productividad, la deducción de gastos de capacitación y el fortalecimiento preventivo de la Sunafil. Todas estas propuestas legislativas se desarrollarán en decretos legislativos supeditados al control posterior del Congreso de la República.