China dio un nuevo paso en su estrategia para contrarrestar las sanciones y medidas extraterritoriales impuestas por otros países. Mediante un reglamento aprobado por el Consejo de Estado, el régimen estableció un marco legal que prohíbe a empresas y ciudadanos cumplir determinadas disposiciones extranjeras cuando estas sean consideradas “injustificadas” por Beijing, además de habilitar sanciones y represalias contra quienes las acaten.
La norma, vigente desde su promulgación en abril de 2026, busca proteger los intereses del Estado chino y de sus empresas frente a medidas adoptadas principalmente por potencias occidentales. Sin embargo, especialistas advierten que también podría tener efectos fuera de China, especialmente en economías estrechamente vinculadas al país asiático, como Perú, donde existen importantes inversiones chinas en sectores estratégicos.
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Un reglamento para responder a sanciones extranjeras
El denominado Reglamento sobre la Oposición a la Jurisdicción Extraterritorial Injustificada Extranjera establece que fue creado con el objetivo de “salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo” de China, además de proteger los derechos de sus ciudadanos y organizaciones.
El texto sostiene que, si un país extranjero aplica medidas de jurisdicción extraterritorial que Beijing considere contrarias al derecho internacional o perjudiciales para sus intereses, “el gobierno chino tiene el derecho de tomar las medidas correspondientes”. Asimismo, indica que China podrá ejercer jurisdicción sobre actos vinculados con su territorio cuando considere que existe una conexión suficiente para hacerlo.
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Empresas no podrán acatar determinadas medidas extranjeras
Uno de los puntos más relevantes del reglamento establece que, tras identificar una medida extranjera como una jurisdicción extraterritorial injustificada, “ninguna organización o individuo podrá ejecutar o ayudar en la ejecución de medidas de jurisdicción extraterritorial injustificada extranjera”.
Solo en circunstancias especiales, y previa autorización del Consejo de Estado mediante el mecanismo previsto en la norma, las empresas o personas podrán cumplir esas disposiciones. Para ello deberán presentar una solicitud formal explicando las razones y el alcance de la autorización requerida.
Además, el reglamento faculta a las autoridades chinas a investigar a organizaciones o individuos sospechosos de colaborar con la aplicación de esas medidas extranjeras, incluyendo inspecciones, revisión de documentación y entrevistas para exigir correcciones cuando corresponda.
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Lista negra y sanciones para quienes colaboren
La normativa también crea una “lista de entidades maliciosas”, en la que podrán ser incluidos individuos u organizaciones extranjeras que promuevan o participen en la implementación de medidas consideradas injustificadas por China.
Quienes sean incorporados a esa lista podrán enfrentar una amplia gama de contramedidas. Entre ellas figuran la negativa o cancelación de visas, la deportación, la congelación de bienes ubicados en China, restricciones para invertir o comerciar con el país, limitaciones para importar y exportar productos, prohibiciones para realizar transacciones con entidades chinas e incluso la imposición de multas.
El reglamento también prevé que estas restricciones puedan extenderse a organizaciones controladas por las entidades sancionadas o en cuya operación participen.
Empresas podrán demandar por daños
Otro aspecto relevante aparece en el artículo 14, que reconoce el derecho de ciudadanos y empresas chinas a acudir a los tribunales del país cuando consideren que otra organización ejecutó medidas extranjeras que afectaron sus intereses.
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La disposición señala que, si una empresa o individuo “ejecuta o ayuda a ejecutar medidas de jurisdicción extraterritorial injustificada extranjera” y con ello perjudica a ciudadanos u organizaciones chinas, estos podrán presentar demandas para exigir “el cese de la infracción y la compensación por los daños”.
En la práctica, esta disposición abre la posibilidad de que empresas extranjeras que decidan cumplir sanciones impuestas por otros gobiernos enfrenten procesos judiciales en China si esas decisiones generan pérdidas a compañías chinas.
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