Las principales entidades del sector público, entre ellas el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ProInversión y OSITRAN, emitieron un comunicado conjunto en el que advierten sobre la importancia de garantizar la seguridad jurídica y la sostenibilidad de las inversiones en carreteras frente a decisiones judiciales que ponen en cuestión el cobro de peajes en concesiones.
El caso Covinca y el precedente judicial
El origen de la preocupación institucional se encuentra en la reciente apelación interpuesta por un ciudadano contra el cobro del peaje en la concesión vial gestionada por Covinca S.A., consorcio encargado de un tramo estratégico en el sur de Perú, cerca de Arequipa.
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El caso adquirió relevancia nacional luego de que el Tribunal Constitucional (TC) aprobara un pedido impulsado por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en relación con Rutas de Lima. El fallo sentó un precedente que podría replicarse y afectar la estabilidad de todo el sistema de concesiones viales en el país.
El comunicado destaca que, si el Poder Judicial falla a favor del demandante en el caso Covinca, se abriría la puerta para que otras concesiones puedan ser cuestionadas bajo los mismos argumentos, poniendo en riesgo la continuidad de los contratos de peaje en al menos dieciséis carreteras concesionadas bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).
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Impacto en la inversión y sostenibilidad del financiamiento vial
Las entidades firmantes subrayan que las carreteras interurbanas constituyen una infraestructura estratégica para la integración territorial, el transporte de personas y mercancías, y el acceso a servicios esenciales.
La operación y el mantenimiento de estas vías requieren inversiones permanentes que exceden la simple construcción, incluyendo servicios de auxilio vial, atención de emergencias, señalización, gestión del tránsito y seguridad vial.
Según el comunicado, los peajes representan un mecanismo de financiamiento sostenible, bajo el principio de que quienes utilizan la infraestructura participan en su mantenimiento y mejora.
Este modelo complementa los recursos públicos y permite sostener proyectos que potencian la competitividad y el crecimiento económico. La posibilidad de que los contratos sean desconocidos por vía judicial pone en jaque la continuidad de estas inversiones y desalienta la participación de capital privado en el desarrollo vial.
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Seguridad jurídica y protección de los contratos
El texto institucional enfatiza que los contratos de concesión tienen fuerza de ley y su respeto resulta fundamental para preservar la seguridad jurídica del país. La alteración o anulación unilateral de estos acuerdos afectaría la previsibilidad y estabilidad necesarias para atraer inversiones a largo plazo.
Las entidades recalcan la necesidad de un financiamiento responsable, transparente y sostenible, que garantice la modernización y resiliencia de la red vial nacional.
En este contexto, la normativa vigente contempla mecanismos para atender las necesidades específicas de poblaciones afectadas por peajes, sin comprometer el equilibrio financiero de los proyectos ni la continuidad de las inversiones.
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Compromiso institucional y llamado a la ciudadanía
Al término del comunicado, MEF, MTC, ProInversión y OSITRAN ratifican su compromiso de trabajar de manera articulada para asegurar el desarrollo de una infraestructura vial moderna y segura, en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico y las decisiones del Tribunal Constitucional.
El mensaje central apunta a la defensa de un marco legal estable y a la protección de los instrumentos que garantizan la sostenibilidad de las inversiones en beneficio de todos los peruanos.
El dato
- Las 16 carreteras concesionadas en el Perú representan el 26 % de la Red Vial Nacional. Son vías construidas o mejoradas por empresas privadas. Ellas cobran un peaje para recuperar su inversión y dar mantenimiento. El Ositrán vigila que cumplan con la seguridad y calidad.
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