Delegaciones indígenas de Perú, Brasil y Colombia acordaron la creación de una Plataforma Regional de Protocolos, Consulta, Consentimiento y Libre Determinación de los Pueblos Indígenas y Tradicionales, con el objetivo de fortalecer la consulta previa, el consentimiento libre, previo e informado (CPLI) y la libre determinación.
La decisión se adoptó durante el Encuentro Amazónico sobre Protocolos de Consulta Previa, realizado en Lima entre el 2 y el 4 de julio, bajo la organización de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y el Observatorio de Protocolos Comunitarios de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informada de Brasil.
Consulta previa bajo la lupa: indígenas marcan nueva ruta de defensa
La nueva plataforma permitirá consolidar una agenda conjunta y elaborar un informe regional sobre el estado de la consulta previa en los tres países.
La articulación responde a la presión sobre la Amazonía, donde la expansión de infraestructura y el avance de economías ilegales han intensificado la deforestación y la violencia contra defensores indígenas.
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Según Geobosques, la pérdida acumulada de bosques en el periodo 2001-2025 suma 3,3 millones de hectáreas, principalmente en Loreto, Ucayali y Madre de Dios.
La minería ilegal de oro, de acuerdo con el proyecto MAAP de ACCA, ya afecta nueve regiones y ha provocado la deforestación de más de 139 mil hectáreas.
La consulta previa como derecho y no solo trámite
Las organizaciones recalcaron que la consulta previa no puede reducirse a un procedimiento formal o administrativo. “Debe garantizar la participación efectiva, el consentimiento y la protección territorial”, subrayaron durante el encuentro.
La plataforma regional impulsará acciones para que la CPLI sea reconocida en los procesos de toma de decisiones sobre proyectos en la Amazonía, con énfasis en el resguardo de los derechos indígenas y la defensa de sus territorios.
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Según Diego Saavedra, líder de Proyectos de DAR, el espacio servirá para “fortalecer los estándares nacionales e internacionales desde el acompañamiento en procesos de consulta previa”.
Además, promoverá la presencia indígena en foros internacionales como la COP de Cambio Climático y la Conferencia de Diversidad Biológica.
DAR: Protocolos autónomos para la libre determinación
Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la importancia de los protocolos autónomos como herramientas para que los pueblos definan cómo desean ser consultados, respetando sus formas de organización y decisión.
“No pretendemos que nuestros protocolos reemplacen la Ley de Consulta Previa; queremos que la complementen para que el Estado nos consulte y no simplemente nos imponga un acuerdo ya elaborado sin un enfoque intercultural”, explicó Iveth Peña, representante de la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU).
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La experiencia de Brasil, donde se monitorean cerca de 200 protocolos autónomos, fue destacada como referente para ampliar el uso de estos instrumentos en la región.
Según Liana Amin Lima, del Observatorio de Protocolos Comunitarios de Brasil, estos protocolos favorecen el reconocimiento estatal de la organización y la toma de decisiones indígena.
Una alianza regional para proteger la Amazonía y los derechos indígenas
El intercambio de experiencias incluyó testimonios de Colombia. Zaiza Rodríguez, de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), remarcó que la plataforma permitirá “consolidar el trabajo conjunto entre los países amazónicos” para defender la consulta previa y enfrentar retos comunes como la minería ilegal, la violencia y los efectos del cambio climático.
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“Lo ganado no debe retroceder y hay que proteger los marcos institucionales. Debemos recordar que la diversidad biológica y los recursos de la Amazonía son fundamentales, y son los pueblos tradicionales e indígenas quienes la protegen”, enfatizó Elaine Shajian, presidenta de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL).
A través de esta plataforma, las organizaciones de Perú, Brasil y Colombia trazan una ruta de trabajo regional para fortalecer la consulta previa, la protección territorial y la participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos.
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