TgP ha estado cobrando hasta tres veces más por transportar el gas, suficiente para construir el ducto completo “al menos dos veces”

La Asociación de Consumidores del Gas (ACG) criticó que la seguridad y disponibilidad del sistema de transporte de gas natural de Camisea, operado por Transportadora de Gas del Perú (TgP), siga sin resolverse y exigió que el nuevo gobierno asuma este tema como una prioridad urgente.

El gremio indicó que, tras la emergencia de marzo, el sistema no cumple con la obligación contractual de mantener una disponibilidad mínima anual del 99%, lo que expone al país a riesgos severos en su seguridad energética y genera incertidumbre para millones de usuarios y sectores productivos.

En su comunicado, remarcó que Osinergmin ya ha detectado incumplimientos contractuales por parte de TGP, tanto en el suministro como en la falta de disponibilidad, y advirtió que la Contraloría General de la República también observó que no se ha garantizado la capacidad mínima del sistema.

La organización cuestionó que, pese a estos informes, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) no haya adoptado medidas correctivas ni exigido inversiones que permitan asegurar la continuidad y fiabilidad del suministro de gas en todo el país. Por el contrario, hasta las ha aletargado.

El tubo de TgP lo pagaron todos los peruanos, pero vino sin redundancia

Roberto Santiváñez, presidente de la ACG, recuerda que el ducto de TgP y el sistema de transporte se financiaron, en parte, con las tarifas eléctricas pagadas por todos los peruanos a través de sus recibos de luz. Esto funcionó como un subsidio dirigido al transportista (TgP), ascendiendo a cerca de 400 millones de dólares.

La tarifa del transporte de gas fue establecida en el contrato original con la hoy filial de EIG Global Energy Partners y, tras una adenda firmada en 2010, quedó estabilizada e indexada a la inflación de Estados Unidos.

¿Cuál es el problema? Que esta tarifa promocional inicial se mantiene hasta hoy fija, sin relación directa con el costo real del servicio ni con la demanda actual.

En teoría, el contrato establecía que, al alcanzar cierto nivel de demanda, la tarifa debía pasar a un esquema de regulación por costo medio de servicio, como ocurre en otras concesiones de infraestructura de gas.

Sin embargo, la adenda de 2010 bloqueó esta transición y permitió que la tarifa inicial se mantenga, pese a que la demanda se ha multiplicado varias veces respecto al escenario original.

¿Por qué es problemático el esquema actual de tarifas?

Santiváñez refiere que el sistema de transporte de gas es un monopolio natural, por lo que es común estabilizar la base tarifaria (la anualidad que recibe el concesionario), pero no la tarifa por usuario.

Según el principio de economías de escala, a mayor cantidad de usuarios, la tarifa individual debería disminuir, ya que el costo se reparte entre más clientes.

Pero, en el caso actual de TgP, la tarifa que se paga hoy es la misma que cuando había muchos menos usuarios, lo que genera un ingreso considerablemente mayor para el concesionario.

La tarifa actual ronda entre 1.50 y 1.70 dólares por millón de pie cúbico de gas transportado. Según Santiváñez, aplicando un esquema de regulación estándar por costo medio de servicio, la tarifa podría reducirse hasta 60 centavos de dólar por millón de pie cúbico.

Esto significa que los usuarios pagan entre 2.5 y 3 veces más de lo que sería razonable bajo un esquema regulatorio común en otras concesiones similares.

Suficiente para construir dos ductos, según la ACG

Y ahí viene la madre del cordero. Santiváñez sostiene que el monto pagado al concesionario es suficiente para haber construido el ducto completo al menos dos veces. Esta ausencia se hizo evidente durante la emergencia de marzo.

El diferencial (los dos tercios de la tarifa que exceden el costo medio de servicio) debería destinarse a inversiones en mantenimiento, equipamiento, infraestructura y procedimientos para garantizar la disponibilidad y la seguridad.

Además, el contrato establece que, al finalizar su vigencia (estimada para 2033), el sistema debe ser entregado al Estado peruano en condiciones óptimas, cumpliendo con todos los estándares de disponibilidad y seguridad pactados.

Actualmente, TgP ha propuesto al Estado la construcción de un nuevo ducto hacia el sur del país por 2.000 millones de dólares, condicionado a la firma de una adenda que extendería la concesión por 10 años adicionales.

Esta es una cuestión que, indefectiblemente, tendrá que ventilarse durante el gobierno de Keiko Fujimori, al igual que la renovación de los contratos para la exportación del gas de Camisea (2031), a cargo de PERU LNG.

Santiváñez advierte que, si bien los contratos deben respetarse, lo fundamental es que el dinero pagado por los usuarios se refleje en un servicio seguro y confiable, y no en márgenes excesivos para el concesionario sin la contraprestación debida. Y es que, en este punto, “las multas ya no son tan importantes”, refiere.

¿Qué dijo TgP sobre sus compromisos de inversión?

Tras la publicación del presente informe, TgP precisó que el contrato de concesión no exige la construcción de un gasoducto paralelo, sino que establece parámetros de diseño, operación y mantenimiento para asegurar altos niveles de disponibilidad del sistema.

La empresa señaló que la redundancia en sistemas energéticos se refiere a la existencia de equipos y mecanismos alternativos para mantener el suministro en caso de fallas, lo que no implica necesariamente contar con un segundo ducto, sino implementar soluciones técnicas que garanticen la continuidad del servicio.

Respecto al aspecto tarifario, la filial de EIG afirmó que siempre ha cumplido estrictamente la normativa legal vigente y respeta las decisiones de los organismos reguladores del sector. La compañía indicó que todas las inversiones realizadas a lo largo de la concesión responden a las obligaciones contractuales y son validadas por el Estado peruano como concedente.