Regidores de San Isidro aseguran que multas vehiculares y grúas serían inconstitucionales y piden derogarlas

Un grupo de regidores de la Municipalidad de San Isidro solicitó formalmente a la alcaldesa Nancy Vizurraga derogar varios artículos de una ordenanza que permite imponer multas de tránsito, remolcar vehículos con grúas municipales y trasladarlos a depósitos. La iniciativa surge tras cuestionamientos sobre la legalidad de estas medidas y luego de que diversos conductores denunciaran cobros considerados excesivos y embargos de sus cuentas bancarias.

El pedido será evaluado en una sesión extraordinaria del concejo municipal convocada con un único punto en agenda: debatir la derogación de disposiciones contenidas en la Ordenanza N.º 531-2022, la cual, según los regidores, habría otorgado facultades que corresponden exclusivamente a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las autoridades competentes en materia de tránsito. La solicitud también se produce luego de que distintas sentencias del Tribunal Constitucional (TC) establecieran límites a las competencias de las municipalidades distritales para sancionar infracciones de tránsito.

Regidores cuestionan ordenanza que permitió aplicar multas y remolcar vehículos

La información fue difundida por el periodista Tito Alvites durante el programa La Hora del Volante, donde señaló que nueve regidores de la comuna presentaron un documento solicitando dejar sin efecto los incisos de la ordenanza que autorizan la imposición de papeletas, el uso de grúas y el cobro de sanciones económicas a conductores por presuntas infracciones relacionadas con el estacionamiento.

Según explicó, la iniciativa es encabezada por el regidor Julio César Martín Avanzini, quien sostiene que la normativa municipal contraviene los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional, el cual ha señalado que las municipalidades distritales no cuentan con competencia normativa para imponer sanciones autónomas en materia de tránsito terrestre.

De acuerdo con el pedido presentado al concejo, las disposiciones cuestionadas habrían servido de base para iniciar procedimientos administrativos contra miles de conductores, incluyendo el traslado de vehículos a depósitos municipales y la imposición de multas que, en algunos casos, alcanzaron el 25 % o el 50 % de una UIT, montos considerablemente superiores a las sanciones previstas en el Reglamento Nacional de Tránsito para este tipo de infracciones.

Los regidores sostienen que la competencia para imponer sanciones por vehículos mal estacionados corresponde a la Policía Nacional del Perú, encargada del control del tránsito, o a las municipalidades provinciales mediante los mecanismos establecidos por ley, pero no a las municipalidades distritales actuando de manera autónoma.

En el documento también se cita que el máximo intérprete de la Constitución ha desarrollado este criterio en diversas sentencias, en las que precisa que los municipios distritales no pueden crear ni aplicar un régimen sancionador propio en materia de tránsito.

La sesión extraordinaria del concejo municipal fue convocada para las 5:00 p.m. y tendrá como único tema el análisis de la propuesta para modificar la ordenanza vigente.

Conductores denuncian embargos y cobros elevados por papeletas emitidas años atrás

Durante la difusión del caso también se expusieron denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido afectados por la aplicación de estas sanciones. Uno de los casos mencionados fue el de María Vázquez, quien afirmó que la municipalidad embargó aproximadamente S/ 6.000 de sus cuentas bancarias por dos papeletas relacionadas con presuntas infracciones de estacionamiento.

Según su testimonio, una de las multas fue emitida cuando permanecía dentro de su vehículo esperando a un familiar frente a un establecimiento comercial. Indicó que nunca fue intervenida por un efectivo policial y que solo tiempo después tomó conocimiento de la existencia de la sanción, cuando el procedimiento ya había avanzado hasta el embargo de sus cuentas.

Otro de los episodios expuestos corresponde a una segunda infracción que, según relató, ocurrió mientras buscaba una dirección y detuvo momentáneamente su vehículo con las luces intermitentes encendidas. Meses después recibió la notificación de la multa, que con intereses, costos y gastos administrativos terminó incrementando considerablemente el monto original.

Asimismo, se mencionó el caso de Clelia López, quien enfrenta una deuda cercana a S/ 2.750, equivalente a media UIT, situación que, según explicó, le impide circular con tranquilidad por el distrito debido al riesgo de que su vehículo sea intervenido y trasladado al depósito municipal.

Durante el programa también se recordó que situaciones similares se registraron anteriormente en otros distritos de Lima. Se mencionó el caso de San Miguel, donde fueron anuladas decenas de miles de papeletas tras cuestionamientos a su legalidad, así como procesos similares ocurridos en Magdalena del Mar.

Los conductores afectados sostienen que, además de las multas, el principal problema fue la falta de notificación oportuna, lo que permitió que las deudas aumentaran con intereses y gastos administrativos hasta alcanzar varios miles de soles antes de que los propietarios tomaran conocimiento del procedimiento.

En ese contexto, también se cuestionó el uso de otros mecanismos de inmovilización de vehículos, como los denominados cepos, implementados en algunos distritos en reemplazo de las grúas. Según los cuestionamientos expuestos, estas medidas también obligan al conductor a realizar un pago para recuperar el uso de su vehículo.