Familiares de las víctimas de las masacres registradas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en 2022 y 2023 convocaron a movilizaciones en Lima del 27 al 29 de julio, en coincidencia con las celebraciones por Fiestas Patrias 2026.
Las organizaciones insisten en no reconocer a Keiko Fujimori como presidenta del Perú y condicionan cualquier acercamiento a la derogación de las denominadas “leyes procrimen e impunidad” para violaciones a los derechos humanos.
La exigencia fue expresada también ante el presidente encargado, José María Balcázar, a quien solicitaron observar la ley que traslada al fuero castrense los procesos judiciales de policías y militares.
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Durante la conferencia de prensa, participaron representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la Federación de Estudiantes de la PUCP y familiares agrupados en la Asociación de Mártires del 9 de Enero.
Raúl Samillán Sanga, presidente de la asociación, reiteró que “no reconocen a Keiko Fujimori como presidenta” y subrayó que las jornadas de protesta buscan justicia y reparación por las muertes ocurridas en Puno, Ayacucho y Apurímac.
En paralelo, el excandidato presidencial Roberto Sánchez convocó a una jornada de movilizaciones pacíficas para el 28 de julio en todo el país. “Este mes de la fiesta patria activaremos ese sentimiento patrio del rojo y blanco con sendas protestas pacíficas, movilizaciones a lo largo y ancho del país”, declaró.
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El dirigente rechazó la promulgación de la ley que traslada los delitos de policías y militares al fuero militar, advirtió sobre la impunidad y reiteró que el diálogo con el nuevo gobierno está condicionado a la derogación de las leyes cuestionadas y a la excarcelación de Pedro Castillo. Además, insistió en la formación de una comisión de la verdad para investigar los hechos de 2022 y 2023.

Alcaldes de Puno y Juliaca se reunieron con Keiko Fujimori
Mientras las organizaciones de víctimas preparan protestas, los alcaldes provinciales de Puno y Juliaca sostuvieron una reunión en Lima con Fujimori. Los burgomaestres presentaron una agenda centrada en demandas de justicia por las 54 muertes ocurridas durante las protestas sociales del gobierno de Dina Boluarte y solicitaron la creación de una comisión investigadora en el próximo Congreso.
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El alcalde de Puno, Javier Ponce, destacó que la prioridad es evitar la impunidad en los casos de muertes durante las movilizaciones sociales y pidió que la bancada de Fuerza Popular impulse la conformación de la comisión.
“Lo primero que se ha solicitado a la presidenta es que conforme una comisión de investigación con la bancada de Fuerza Popular para que no quede impune lo sucedido”, señaló Ponce. También solicitó mayor inversión pública y continuidad de obras en el sur, señalando el rezago histórico de la región.
Por su parte, el alcalde de San Román – Juliaca, Óscar Cáceres, afirmó que percibió disposición al diálogo por parte de Fujimori y expresó su expectativa de que la comisión de investigación se concrete.
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Ambos alcaldes precisaron que la responsabilidad sobre las investigaciones corresponde a la administración saliente, pero que el próximo gobierno debe garantizar que estos hechos no queden sin esclarecer.
Las repercusiones del encuentro generaron debate entre familiares de víctimas y organizaciones sociales, que insisten en la necesidad de justicia y reparación antes de cualquier acercamiento al nuevo gobierno.
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