Polémica por la compra de más de 31 mil pistolas para la PNP: cuestionan el modelo elegido, el contrato y el pago adelantado

La compra de más de 31 mil pistolas para la Policía Nacional del Perú abrió un nuevo foco de cuestionamientos en torno a los procesos de adquisición de equipamiento para las fuerzas del orden. El tema adquirió relevancia luego de que se difundieran observaciones sobre las características del armamento, el mecanismo de contratación y el pago previsto dentro de la operación.

Las críticas surgieron durante una entrevista concedida a Exitosa por José Palacios, director de La Voz de la Policía, quien expresó reparos tanto sobre el modelo de pistolas seleccionado como sobre la participación de entidades estatales en la compra. Sus declaraciones también incluyeron observaciones respecto a los plazos de entrega y a las garantías del contrato.

La controversia se produce en un contexto marcado por el debate sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la necesidad de dotar a la Policía Nacional del Perú de equipamiento adecuado para sus funciones. En ese escenario, las características técnicas del armamento y el procedimiento utilizado para la adquisición concentran parte de la discusión pública.

José Palacios cuestiona el tipo de pistolas adquiridas

Durante la entrevista, José Palacios sostuvo que las pistolas del modelo Jericho, fabricadas por IWI, no responderían a las necesidades operativas de la Policía Nacional del Perú. Según explicó, el arma correspondería a un modelo de uso básico destinado a defensa personal y no a labores policiales.

El director de La Voz de la Policía indicó además que, durante su trayectoria, utilizó otros modelos de armamento que, según su evaluación, sí cumplían con los requerimientos propios del servicio policial. En esa línea, insistió en que el proceso debió considerar una evaluación técnica entre distintas alternativas antes de definir la adquisición.

Observaciones sobre la participación de FAME en la operación

Otro de los puntos planteados por Palacios se refiere a la intervención de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) dentro del proceso de compra. Según explicó, en esta operación las pistolas llegarían completamente ensambladas, por lo que, a su juicio, no existiría una justificación para que dicha empresa estatal participe como intermediaria.

“Por lo tanto, FAME no tendría por qué intervenir en esa compra”, señaló durante la entrevista.

También sostuvo que la adquisición pudo realizarse directamente entre Estados, sin intermediarios. En ese contexto manifestó: “Acá se pudo comprar de estado a estado directamente”.

Cuestionamientos sobre el contrato y las garantías

Durante la conversación también se abordó el esquema financiero de la compra. Según se indicó en el programa, el proceso contempla el pago adelantado de más de 29 millones de dólares por la adquisición de las 31 mil pistolas, mientras que la primera entrega correspondería únicamente a dos mil unidades.

Frente a ese escenario, Palacios expresó dudas sobre la existencia de la carta fianza mencionada por el Ministerio del Interior.

“Aparte, ya le pagaron, o sea, ya se le pagó por adelantado y no hay carta fianza. ¿Dónde está la carta fianza? Que la demuestre el ministro José Zapata”, declaró.

Durante la entrevista también se recordó que el Ministerio del Interior difundió un comunicado en el que sostiene que el procedimiento cumple con la normativa vigente y que existe una carta fianza solidaria, irrevocable y de ejecución automática para garantizar el cumplimiento del contrato.

José Palacios también hizo referencia a información que, según indicó, recibe durante las investigaciones que desarrolla. En ese contexto mencionó a diversas personas y precisó que no formulaba acusaciones concluyentes.

Más adelante reiteró que las referencias correspondían a información preliminar y añadió que las investigaciones continúan.

Diferencias sobre los plazos de entrega del armamento

Otro aspecto cuestionado por Palacios corresponde al cronograma previsto para la entrega de las armas. Según explicó, otras empresas consultadas podrían entregar la totalidad del lote en un plazo considerablemente menor.

“Las otras empresas, me he averiguado, en noventa y nueve días le entrega todo el lote completo. Pero esta empresa que solamente quiere entregar dos mil de más de treinta mil”, sostuvo.

Asimismo, expresó que la Policía Nacional del Perú, como principal usuaria del armamento, debería participar de manera más activa en la evaluación técnica previa a cualquier adquisición y emitir una opinión institucional respecto a las características de las armas destinadas al servicio policial.