La presidenta electa, Keiko Fujimori, manifestó este miércoles su respaldo a Marco Vinelli, su jefe del equipo de transferencia, quien enfrenta una demanda del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por daños y perjuicios, con una solicitud de indemnización de 340.547 soles.
Durante una rueda de prensa posterior a una actividad oficial junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, Fujimori defendió al economista y señaló que “como todo funcionario siempre está expuesto a tener alguna denuncia”.
“Él ya ha aclarado estos procesos de investigación que tiene, pero yo aquí le ratifico mi confianza porque es un profesional competente que goza de integridad y sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha”, agregó.
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Según el expediente consultado por Infobae, la demanda civil se relaciona con su desempeño como director ejecutivo de Agro Rural entre 2015 y 2016. La acción legal también involucra a otros siete exfuncionarios de la institución, a quienes se les atribuye haber permitido la aprobación de seis ampliaciones de plazo para una obra de riego en Apurímac.
Dichas ampliaciones carecían de sustento técnico y fueron autorizadas por la falta de respuesta o demoras institucionales, según un informe de la Contraloría difundido por Contracorriente.
Fujimori consideró que este tipo de situaciones representa uno de los riesgos del servicio público. “Lo que estamos haciendo es recibiendo información de gobiernos que han pasado y que lamentablemente el Estado no ha funcionado”, declaró.
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No obstante, la documentación indica que Vinelli notificó 35 días fuera de plazo la resolución sobre una prestación adicional de obra, una demora por la cual el contratista obtuvo una tercera ampliación automática y el Estado sufrió un perjuicio de 82.936 soles.
En noviembre de 2025, el Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de Lima rechazó la demanda, al alegar que Agro Rural pretendía que todos los involucrados pagaran solidariamente los 340.547 soles, aunque en la propia demanda se individualizaban responsabilidades por cada ampliación indebida.
La entidad apeló la sentencia, pero la Primera Sala Laboral Permanente anuló todo el proceso, al considerar que la justicia laboral no es competente en este tipo de casos y estableció que, al tratarse de presuntas irregularidades funcionales detectadas por la Contraloría, corresponde al fuero civil.
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Esta decisión se notificó el 22 de junio. Una vez que el expediente retorne al juzgado de origen, se remitirá al Centro de Distribución General de los Juzgados Civiles de Lima para que un juez civil asuma el caso y decida si Vinelli y los otros exfuncionarios deben pagar la indemnización solicitada.
Anteriormente, un informe de Contracorriente reveló que Vinelli está investigado por la Fiscalía Anticorrupción por un presunto delito contra la administración pública. Infobae confirmó que el caso cuenta con acusación formal.
De igual modo, de acuerdo con la televisora, el economista figura en al menos otros tres informes de control de la Contraloría por presuntas irregularidades durante su gestión pública.
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