La pesca ilegal con explosivos sigue siendo una herida abierta en nuestro mar. Aunque prohibida desde hace décadas, esta práctica persiste en distintas zonas costeras del país y se ha convertido en un símbolo de la fragilidad institucional frente a delitos ambientales que destruyen ecosistemas y ponen en riesgo la sostenibilidad de nuestras pesquerías.
El impacto es devastador. Cada explosión arrasa con cardúmenes enteros, rompe cadenas tróficas y deja escombros submarinos que tardan años en recuperarse. La dinamita no distingue tallas ni especies, arrasa con juveniles de jurel, caballa y otras especies de importancia comercial y alimentaria. En Huarmey, por ejemplo, pescadores denunciaron recientemente explosiones en el mar de Culebras, un área que debería ser fuente de vida y que hoy se convierte en escenario de destrucción (Perupesquero 27 de mayo de 2026).
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La comparación no es exagerada. Al igual que la minería informal, la pesca con explosivos genera ganancias rápidas para unos pocos y pérdidas irreparables para todos, empezando por el daño al recurso.
La normativa existe, el uso de dinamita en la actividad pesquera se encuentra expresamente prohibida y tipificada como delito en nuestra legislación peruana. Sin embargo, a pesar que algunas denuncias son materia de intervención inmediata es cierto que la capacidad de fiscalización es limitada. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas enfrenta dificultades logísticas para patrullar extensas áreas marítimas y los gobiernos locales carecen de recursos para intervenir. El resultado es un terreno fértil para la impunidad.
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El daño ambiental se traduce también en daño social, porque las comunidades costeras que dependen de la pesca artesanal ven reducidos sus ingresos y su seguridad alimentaria. En Culebras, los pescadores que cumplen la ley denuncian que la competencia desleal los empuja a la desesperación.
Una ciudadanía informada se convierte en un aliado indispensable para exigir acción y fortalecer la vigilancia.
La pesca ilegal con explosivos no puede seguir siendo tolerada, es un delito ambiental que compromete la seguridad alimentaria del país y la sostenibilidad de nuestros mares.
Cada explosión en el mar es un golpe contra nuestra sostenibilidad marina. No se trata solo de peces, o fauna, se trata de la posibilidad de que nuestros hijos y nietos conozcan un océano vivo. La lucha contra la pesca con dinamita es también una lucha por la formalización de nuestro sector pesquero.
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