El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano, figura en una denuncia por presunta falsificación de un certificado laboral que resultó determinante para su contratación en seis entidades estatales, según un reportaje difundido este domingo por Cuarto Poder.
Carlos Ubillús, gerente general de la empresa JCU SRL, afirmó en una carta enviada al mismo portafolio en junio de 2024 que el documento “no es auténtico” y que su empresa nunca tuvo como empleado al actual ministro, una versión que Solano rechaza.
El certificado, fechado el 30 de noviembre de 2017 y expuesto en el reportaje, fue incluido en el legajo para acceder al cargo de superintendente en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), entidad adscrita al Ministerio de Trabajo.
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El documento indicaba que el funcionario ocupó el puesto de jefe legal en la empresa de mensajería, con responsabilidades en procesos judiciales, laborales y licitaciones públicas, entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017, y resaltaba su “responsabilidad, lealtad, puntualidad, eficiencia y eficacia en sus funciones”.

Sin esa constancia, de acuerdo con el informe, Solano no habría acreditado la experiencia mínima exigida para el puesto en Sunafil, ya que la normativa requiere diez años de experiencia profesional, cinco en el sector público y cinco en cargos de jefatura.
A pesar de la advertencia del gerente y la existencia de una carta que alertaba al ministerio desde junio de 2024, el caso permaneció sin resolución durante un año. Solo después se conformó una comisión ad hoc para investigar el caso y se inició un procedimiento administrativo disciplinario contra el entonces superintendente.
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La comisión incluyó al viceministro de Promoción y Empleo, la viceministra de Trabajo y la jefa de Recursos Humanos del sector.
“No hemos presentado ningún tipo de documentación falsa, no hemos elaborado ese documento y el servicio se ha prestado efectivamente a nombre del tío y el señor Solano ha prestado labores para esta empresa”, declaró al programa la abogada Sara Lozano, defensa del funcionario, quien añadió que existe una “investigación penal respectiva”.
El supuesto empleador directo, sin embargo, sostuvo que “nunca” contrató al integrante del gabinete que acompaña al presidente interino José María Balcázar. “No es mi firma, no es mi logo, no es mi membrete”, afirmó en diálogo posterior con el dominical.
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El procedimiento disciplinario concluyó el 25 de junio de 2026 con la prescripción del caso y el archivo definitivo de las acusaciones, según un informe elaborado por el secretario general del Ministerio de Trabajo, designado poco después de que el investigado asumiera la cartera.
“Por lo expuesto, a ustedes pido por presentados mis descargos y se proceda a la absolución de los cargos imputados, se declare la prescripción y el archivo definitivo de las imputaciones contenidas”, solicitó Solano, sin desmentir la falsedad del documento.
El reportaje indica que el certificado en mención superó los controles de Sunafil y de otras cinco instituciones públicas en las que Solano ocupó cargos antes de ser designado ministro, entre ellas el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú), con sueldos entre 15 mil y 25 mil soles mensuales.
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