
Este jueves 2 de julio, María Cuadros presentó su renuncia irrevocable al cargo de ministra de Educación, posición que ocupaba desde mediados de marzo del mismo año, tras jurar como segunda titular del Minedu del Gobierno interino de José María Balcázar.
En su carta dirigida al presidente de la República, Cuadros formalizó su alejamiento del gabinete ministerial agradeciendo la “confianza depositada” en ella para asumir lo que calificó como una “alta responsabilidad al servicio de la patria”.
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En el documento de renuncia, la ahora exministra defendió su labor afirmando haberla ejercido con “integridad, dedicación y estricto respeto por el interés público”, resaltando su contribución al fortalecimiento de las políticas educativas.
“Deseo expresar mi reconocimiento a los servidores y funcionarios del Ministerio de Educación por su compromiso y profesionalismo en el cumplimiento de los objetivos institucionales. De igual manera, hago extensivo mi más profundo agradecimiento a los docentes del país, quienes, día a día, cumplen la función de formar a los estudiantes para hacer de ellos personas con calidad humana, con mayores y mejores aprendizajes”, se lee en la carta de renuncia.
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El caso Sunedu
La salida de María Cuadros del Ministerio de Educación se produce en un escenario de confrontación con un sector del Congreso. Un grupo de parlamentarios había presentado una moción de interpelación en su contra, fundamentada en presuntas irregularidades e ilegalidades cometidas durante su gestión. El centro de la supuesta controversia es la emisión de la Resolución Ministerial N.° 338-2026-MINEDU, la cual, según el pliego interpelatorio, constituyó una “flagrante e indebida injerencia del Poder Ejecutivo” destinada a remover de “forma arbitraria” a Vicente Paúl Espinoza Santillán como representante del sector ante el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
La moción parlamentaria sostiene que las acciones de Cuadros estaban “orientadas a desestabilizar la gestión institucional de la SUNEDU”, vulnerando su autonomía y amenazando los avances de la reforma universitaria, la misma que los congresistas vulneraron años atrás al descabezar al anterior Consejo Directivo.
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Los legisladores cuestionaron específicamente el uso de supuestas figuras jurídicas inexistentes, como los “períodos complementarios”, para forzar cambios en el organismo regulador. Además, se le exigía explicar por qué su despacho ignoró informes previos de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

La persecución contra María Cuadros siguió a tal punto que se presentó una denuncia constitucional, interpuesta por la congresista Tania Ramírez, de la bancada de Fuerza Popular. En este recurso, presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se solicita la destitución e inhabilitación por un período de cinco años para ejercer función pública. La denuncia le atribuye la vulneración de múltiples artículos de la Constitución y de principios como la legalidad y la seguridad jurídica.
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Según la acusación, la ministra habría facilitado la designación de Policarpio Chauca Valqui como nuevo titular de la Sunedu, contraviniendo sentencias vinculantes del Tribunal Constitucional. Una segunda denuncia constitucional fue presentada por el exconsejero regional Luis Caya, quien exigió con su recurso que la extitular del Minedu sea acusada para que sea procesada penalmente por supuesto abuso de autoridad, colusión y negociación incompatible.
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