Ruth Luque considera que Keiko Fujimori y Fuerza Popular se vengarán de sus opositores en su eventual gobierno

La congresista Ruth Luque, senadora electa de Ahora Nación, planteó que el próximo Congreso bicameral deberá revisar el paquete de normas que califica como “leyes pro crimen” y “pro impunidad”, pero también consideró que el nuevo escenario político puede similar al que, a su juicio, dominó el Parlamento saliente.

Aunque la senadora electa aceptó en conversación con RPP que la ganadora de la segunda vuelta es Keiko Fujimori, la representante de Ahora Nación indicó que la hija del exdictador, Alberto Fujimori, no posee la legitimidad política que necesita para gobernar el Perú. Sostuvo que un gobierno liderado por la lideresa de Fuerza Popular, podría caer en “venganzas” contra adversarios políticos.

Luque también fijó posición sobre la disputa poselectoral: dijo que reconoce el resultado legal que llevará a Keiko Fujimori al poder, pero negó legitimidad política a ese desenlace. “Para mí no es legítimo’, afirmó, luego de diferenciar entre victoria legal y legitimidad democrática.

“De más de 30 partidos, donde las dos fuerzas que han pasado (Juntos por el Perú y Fuerza Popular) no son las fuerzas que expresan lo que la mayoría de la población quiere. Ahí están los resultados. Y un resultado donde territorialmente dentro del Perú no ha votado por Keiko Fujimori”, afirmó la parlamentaria electa en conversación con RPP.

Pese a que Luque negó que haya existido fraude, sí habló de cambios en las reglas electorales y de vulneraciones al principio de intangibilidad electoral. También mencionó deficiencias de comunicación institucional, estigmatización mediática contra sectores de izquierda y centroizquierda, y un rechazo persistente en el sur del país hacia la figura de Fujimori.

Luque dijo que Roberto Sánchez agotará los recursos de impugnación contra los votos del exterior y estimó que el Jurado no los amparará. A partir de ese cálculo, señaló que existe un resultado legal que inclinará la elección hacia Fuerza Popular.

Luque advierte “venganzas” contra enemigos políticos del fujimorismo

La senadora de Ahora Nación afirmó que sí cree que un eventual gobierno de Keiko Fujimori podría incurrir en actos de venganza o represalia contra adversarios políticos.

“Ellos (Fuerza Popular) han actuado cinco años castigando, por ejemplo, a Delia Espinoza, cuando no le corresponde. Le han hecho una ley hasta para sacarla del Colegio de Abogados de Lima. Actúan y han generado leyes para envalentonar a la Policía y niegan que hayan sectores dentro del sector militar que tienen que responder cuando se vulneran derechos ciudadanos (...)”, indicó la vocera de Ahora Nación.

Ante el medio radial, Luque también indicó que la supuesta “venganza” del fujimorismo se produciría por medio de instituciones públicas que, en su opinión, están cooptadas por Fuerza Popular pues sus máximas autoridades fueron electas por el Congreso saliente.

Las derogatorias que dejará en el Parlamento

Al ser consultada por la propuesta fujimorista de convocar especialistas para definir qué normas favorecen al crimen, Luque descartó esa salida por considerar que ya hubo un antecedente sin resultados. En ese tramo de la entrevista recordó la comisión impulsada durante una gestión transitoria y cuestionó que el Ministerio de Justicia de entonces se dedicara a promover audiencias sobre la salida de la Corte Interamericana y la pena de muerte.

Su propuesta fue otra. “Para mí, el debate tiene que ser en el Parlamento”, dijo Luque, antes de precisar que deja siete proyectos orientados a derogar o modificar normas que, según su evaluación, beneficiaron al crimen organizado.

Entre los ejemplos, mencionó la modificación de la ley de organización criminal, la reforma sobre extinción de dominio y cambios que, según sostuvo, terminaron exonerando responsabilidades penales a partidos o ampliando beneficios a investigados. Sostuvo que esas decisiones no solo favorecieron a políticos bajo pesquisa, sino también a organizaciones criminales.

Luque fue más lejos al sostener que no le sorprendería que varias de esas leyes hayan sido coordinadas con “ciertas presuntas organizaciones”, aunque no identificó nombres concretos. Señaló que la velocidad con la que avanzaron algunas reformas y el tipo de beneficiarios que dejaron le generan esa sospecha política.